Tegucigalpa – Un balance realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a los 532 días que tienen los hondureños bajo el estado de excepción indica que hay resultados escasos y varias denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Con 283,952 hogares víctimas de la extorsión, un índice de impunidad del 99 % al cierre de 2023, 143 denuncias y apenas 8 condenas por este flagelo en 2024, los 532 días que han transcurrido bajo estado de excepción dejan un mal sabor.
“En noviembre de 2023, 11.1% de los hogares hondureños eran víctimas de extorsión y los departamentos más afectados eran: Cortés (16%), La Paz (15%), Colón (14%), Yoro (14%) y Francisco Morazán (13%)”, detalló Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ, durante la presentación de los resultados del análisis del estado de excepción, vigente des del 6 de diciembre de 2022.
En base a los resultados de una encuesta realizada por Le Vote y presentados hoy por la ASJ, se refleja que sólo 48% de la población cree que con el plan se reducirá la extorsión, el 72% desconocía la instauración del estado de excepción y sólo 33% está de acuerdo con la medida. Además, 75% dijo sentirse igual o menos seguro que antes de declarada la medida.
Castañeda recordó que la Constitución de la República establece que la disposición puede extenderse por un máximo de 45 días; sin embargo, el decreto ha sido prorrogado por el Poder Ejecutivo en ocho ocasiones y ampliado a 17 de 18 departamentos del país, mientras la extorsión sigue manteniendo de rodillas a 283,952 hogares hondureños.
Para Juanita Goebertu, directora para las América de Human Rights Watch, que 72 % de las personas no sepan que están viviendo bajo un estado de excepción habla de una falta de transparencia y de rendición de cuentas de las autoridades.
Para Goebertu, estos indicadores “tienen mucho que ver con qué Honduras no ha abordado a fondo un proceso de reforma a su sector seguridad para hacer mucho más efectivo en la lucha contra el crimen organizado y hacerlo de manera protectora de derechos humanos”.
Preocupación
Si bien organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), el Comité contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación ante la medida que se ha mantenido por más de 15 meses, alerta particularmente que apenas uno de los 12 decretos para la instauración del estado de excepción cumplió en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la Constitución de la República.
Para el gobierno, los resultados indican avances en la lucha contra la extorsión. La Secretaría de Seguridad reporta 464 (1.4%) de 32,288 detenciones realizadas desde la declaración del estado de excepción y 503 (4.8%) de 10,300 órdenes de captura ejecutadas por extorsión.
En tanto, la OACNUDH señala que durante 2023 se reportaron presuntas violaciones a los derechos humanos que incluyen: siete casos que podrían constituir desapariciones forzadas, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, y un caso de violencia sexual.
Joaquín Mejía, investigador de derechos humanos enfatizó que “un Estado que se precie de democrático tiene una función muy importante que es argumentar sus decisiones, tiene que motivar, tiene que justificar particularmente cuando se trata de restringir derechos”.
Recomendaciones
A raíz de los resultados de la medida, ASJ insta al gobierno a reevaluar las medidas implementadas con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la población hondureña. Es necesario redefinir la estrategia para atacar este flagelo mediante el diseño de un plan antiextorsión integral.
Además, se exhorta a las organizaciones de sociedad civil, que en el pasado han sido beligerantes en la defensa de los derechos humanos, a sumarse a esta petición y demandar al Estado de Honduras el respeto de las garantías constitucionales y en particular a la presidenta Xiomara Castro, mantener su promesa de la defensa irrestricta de los derechos humanos fundamentales. VC
