Tegucigalpa – La crisis política e institucional hondureña se mantiene, ya que el país ingresa al segundo mes del 2024 con la incertidumbre de contar con fiscales interinos que de hecho no son reconocidos por la comunidad internacional, que junto a otros sectores nacionales, reclaman al Congreso Nacional la elección de los titulares del Ministerio Público con 86 votos que le otorguen la legitimidad democrática que establece la Constitución Política del país.
-Comunidad internacional y fuerzas nacionales reclaman la elección del fiscal general y adjunto con 86 votos, como manda la Constitución.
-Está pendiente la elección de funcionarios del TSC, UPL, IAIP y TJE, pero fuentes legislativas dijeron que la misma está supeditada al apoyo de la oposición a la Ley de Justicia Tributaria.
El poder legislativo regresó a sus labores en su tercera legislatura la semana pasada, tras un periodo donde virtualmente su actividad se redujo al mínimo, con escasas sesiones.
Los actuales fiscales interinos, Johel Zelaya y Mario Morazán, fueron designados en sus cargos por una autodenominada Comisión Permanente del Congreso Nacional, integrada por nueve miembros, la mayoría de Libre y sus aliados políticos individuales.
Pero la Comisión Permanente, establecida en la Constitución Política, se habilita cuando el Congreso Nacional entra en receso, se cierra legislatura de forma regular en octubre de cada año, un hecho que no ocurrió en esta oportunidad.
La mayoría de diputados, aglutinados en la oposición, prorrogaron las sesiones ordinarias y con ello impidieron el establecimiento de la Comisión Permanente, pero el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, y la directiva establecieron el cierre del periodo ordinario y con ello convocaron a la Comisión Permanente, en medio de una jornada de violencia que generó parlamentarios heridos y secuestrados para impedir que se reunieran y accionaran.
La reanudación de sesiones legislativas el 25 de enero abrió las esperanzas de subsanar las vulneraciones a la Constitución, pero hasta el momento las esperanzas se han diluido.
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, reclamó este miércoles, “Estamos esperando la elección del Fiscal General con 86 votos, pero aún no se ve nada”, destacando que es bueno que los diputados hayan regresado a sesiones.
Igualmente el informe de Transparencia Internacional en su reporte sobre el Índice de Percepción de la Corrupción, en el capítulo Honduras, estableció la falta de transparencia y la ilegalidad en la elección del fiscal general y su adjunto de manera interina.
“Honduras también ha enfrentado un importante debilitamiento de los controles y saldos, la creciente captura del Congreso por parte del Poder Ejecutivo ha permitido el nombramiento del fiscal general por parte del Poder Legislativo, sin transparencia e ilegalmente”, destaca el reporte de TI.
Congelada negociación para fiscales
Un diputado de la oposición señaló a Proceso Digital que en la elección de los fiscales “está prácticamente congelada la negociación (y) eso va para largo”, con lo cual la crisis de legitimidad continuará.
El legislador indicó que las otras elecciones de cargos de segundo grado, como son el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Unidad de Política Limpia (UPL), así como llenar las vacantes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) están previstas para el martes próximo.
El TSC tendrá casi un año de trabajar solo con dos magistrados, lo que impide culminar las labores previas que hacen los mandos medios, ya que la ley establece que para concluir las investigaciones deben ser aprobadas por el pleno de tres magistrados del TSC.
Conjurada crisis judicial
En otro orden, pero siempre vinculado al debilitamiento institucional, las denuncias sobre supuestos intentos de reformar el reglamento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para habilitar la reelección de los coordinadores o presidentes de las salas del Poder Judicial, fue conjurada cuando la titular de dicho poder, Rebeca Ráquel Obando, informó en su cuenta de X que tal situación no ocurriría.
La titular de la CSJ aclaró que “es rotundamente falso que esta Presidencia de la #CSJ vaya a proponer la modificación de nuestro reglamento interior”, que define que las coordinaciones o presidencias de las salas tienen un mandato de un año y que las mismas deben rotarse a partir del 17 de febrero.
Analistas consultados por Proceso Digital en que el mayor riesgo de la llamada contrarreforma que potencialmente se gestaba en el Poder Judicial buscaba la creación de una Corte Constitucional con poderes plenos e independiente dentro de ese poder del Estado.
Proyecto de Libre está encima de la Constitución
El analista Raúl Pineda Alvarado afirmó en el tema que la multicrisis que vive Honduras, Libre tiene un proyecto que está por encima de la Constitución de la República y las leyes hondureñas.
En declaraciones a Proceso Digital señaló que este proyecto genera una enorme “inseguridad e incertidumbre que afectan la inversión” y la convivencia entre las fuerzas políticas.
Pineda Alvarado indicó que el proyecto de Libre tiene dos etapas, una ideológica y la otra centrada en el control. La primera busca cambiar el modelo democrático y la segunda un manejo absoluto de los poderes del Estado.
Lamentó que la oposición no haya logrado entender que Libre quiere llevar a la práctica su proyecto político que consiste en instaurar un gobierno de izquierda, centralizado, autoritario y refundacional.
Añadió que el gobierno quiere instaurar un modelo de socialismo democrático sin decirle a la población en qué consiste.
Si la oposición no reacciona, los proyectos se llevarán a la práctica, Libre por sí solo no es una fuerza política muy poderosa, pero si la oposición solo se dedica a observar y actúa con tibieza, el oficialismo podrá implementar sus proyectos, analizó.
La única salida es que la oposición se integre en una alianza partidaria, fuerte, respetable, dinámica y proactiva, sugirió.
Nicaragua es un espejo en el que debemos vernos y la situación actual que atraviesa es por la indiferencia, la falta de participación y la apatía de la gente, concluyó. (PD).
