Tegucigalpa – “Denle valor a la mujer”, pidió este jueves Bessy al exigir justicia por la muerte de Kimberly Ramos, una de las 46 mujeres que perdieron la vida brutalmente el pasado 20 de junio en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y por quienes hoy la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), elevó la voz para recordar que la mayor tragedia ocurrida en el país en una cárcel de mujeres sigue impune.
– El gobierno de Honduras destinó una ayuda de 50 mil lempiras y un féretro a cada familia de las fallecidas.
– A la fecha no hay acusaciones en los tribunales para responsables de la matanza.
“Señora presidenta (Xiomara Castro), usted es mujer y creo que este es el momento de demostrar ese cambio que prometió, no por lo que nosotros estamos pasando sino porque todos necesitamos un verdadero cambio en el país”, dijo la angustiada mujer, quien tuvo que esperar un mes y 12 días para que las autoridades de Medicina Forense le entregaran el cuerpo de Kimberly. Hasta la fecha el apoyo de las autoridades se resume a 50 mil lempiras, según las palabras de la mujer.
Bessy es tía de Kimberly Izamar Ramos Ardón y hoy, junto a Lourdes, madre de la malograda joven, estuvieron presentes en el conversatorio “Cada vida cuenta: Justicia para las 46”, de la ASJ, desarrollado casi dos meses después de la tragedia.
El gobierno de Honduras destinó una ayuda de 50 mil lempiras y un féretro a cada familia de las fallecidas; sin embargo, hasta el 31 de julio, unas 13 familias no han recibido estos fondos; la familia de Kimberly es una de las 33 familias que han recibido ese dinero.
“El día que nos entregaron el cuerpo de Kimberly, había otros familiares que en ese momento aún no tenían respuesta”, afirmó Bessy al referir que la desinformación sigue imperando en torno a la investigación de lo sucedido la mañana del 20 de junio en el penal femenino de Támara, a 32 kilómetros de la capital hondureña.
Por su parte, la madre de la privada de libertad muerta en la penal, le envió un mensaje a la gobernante para que se ponga la mano en la conciencia, “yo perdí a una hija, ella estaba pagando su culpa allá, pero la manera en que le quitaron la vida, no era la manera”, dijo la acongojada madre. “Uno sufre cuando tiene un hijo en prisión”, narró la señora, quien tiene a otro hijo recluido en el penal de Ilama, Santa Bárbara.
Las mujeres relataron que se continúan los hechos violentos en el interior de los centros penales, “es cierto, ellos cometieron delitos, pero están pagándolos”, dijo al señalar que los derechos de estas personas han sido violentados.
“Los tienen amedrentados, hay casos de personas que tiene las costillas quebradas, les han quitado las uñas y yo lo pude ver en esta visita que hubo, uno se sienta con el privado de libertad y el custodio queda a la par, no pueden decir nada, esos hombres tiemblan”, confesó Bessy.
Para Lourdes, la herida por la muerte de su hija no cerrará mientras no se haga justicia y recordaron que las 46 mujeres asesinadas en junio pasado, eran madres, hijas, hermanas que dejaron a sus familias, incluyendo menores de edad de los cuales, el Estado debería responder.
(LEER) Alrededor de 700 muertos en 10 matanzas en cárceles hondureñas
Cada vida cuenta
La ASJ hizo una revisión de la historia penitenciaria de Honduras, donde 582 vidas que estaban bajo la custodia del Estado se perdieron de forma violenta.
Desde la granja penal de El Porvenir en 2003 hasta el más reciente incidente en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en junio de 2023, los hechos han dejado una estela de muerte y desolación que alertan sobre la urgente necesidad de reformas, advirtió ASJ.
Hace 51 días, mujeres con pasamontañas sometieron a las policías penitenciarias de turno, las tomaron de rehenes, inhabilitaron las cámaras y rompieron los portones para ingresar a los hogares donde cometieron los asesinatos a sangre fría.
Los primeros indicios de esta matanza, según los jueces ejecutores de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) datan de 3 días antes de la tragedia.
(LEER) Sala de lo Constitucional impulsa recursos de exhibición por matanza en cárcel de mujeres
“Lamentablemente en Honduras a la vida de las mujeres se le da muy poco valor, pero más cuando son privadas de libertad”, señaló el director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández.
Antes del hecho, la población del PNFAS era de 912 privadas de libertad, lo que, según datos, representaba una sobrepoblación de 462, del total de estas mujeres, 471 han recibido sentencia, entre estas a 3 extranjeras y 441 han sido procesadas, 3 extranjeras entre éstas.
Hernández expresó que en el capítulo hondureño de Transparencia internacional creen que cada vida cuenta, “no es posible que el Estado se haya olvidado de lo que pasó, es por eso que revelamos este informe basado en un trabajo muy positivo que hizo la Sala de lo Constitucional”, manifestó al recordarle a las autoridades que un privado de libertad que está en una penal, es responsabilidad del Estado proteger su vida.
“Las 46 personas que murieron, fueron 46 madres, hijas, fueron personas, pudieron ser nuestra familia, nuestras madres, nuestras tías, así es que nosotros decimos, cada vida cuenta y llamamos al Estado de Honduras, a la presidenta Xiomara Castro, a tratar de demandar una investigación objetiva, parcial y que se haga justicia.
(LEER) Inédita matanza de 46 presas muestra la deshumanización de las cárceles en Centroamérica
Penitenciarias en la región
El director de Seguridad y Justicia de ASJ, Nelson Castañeda refirió que la situación no es única en Honduras, donde hay 170 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, “este es un reflejo de los problemas persistentes en toda la región centroamericana”, dijo durante la presentación de la situación de los penales en el país.
Los sistemas penitenciarios en países como Guatemala, El Salvador y México también han sido escenario de tragedias similares, con enfrentamientos entre pandillas, motines y fugas masivas que resaltan la fragilidad institucional.
Los altos índices de encarcelamiento en el Triángulo Norte de Centroamérica ponen de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de las políticas penitenciarias, dijo Castañeda al apuntar a que el hacinamiento, la violencia y la falta de programas efectivos de rehabilitación han contribuido a la crisis actual.
En Honduras, manifestó Castañeda, hemos visto que, en otros temas como salud, educación, seguridad, transparencia, se está tratando de cambiar las cosas, pero en el tema de la crisis de los penales estamos viendo que más bien se está empeorando la situación.
“A 51 días de esta de este hecho tan lamentable, con otras organizaciones hemos decidido traer a la agenda el tema de la justicia para las 46 mujeres que son más que una estadística, son mujeres que murieron de una forma violenta en el centro penitenciario”, expresó Castañeda.
(LEER) Arsenales en cárceles, la historia que se repite sin castigo
Cultura de horror hacia la mujer
Durante el conversatorio, la representante del Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh), Ana Pacheco recordó las recomendaciones realizadas desde esta institución para garantizar el derecho a la vida de los privados de libertad.
“Se ha recomendado que se realicen investigaciones imparciales, objetivas, con entes capacitados en el tema para identificar a los autores intelectuales, materiales y a las autoridades que pudiesen tener responsabilidad por acción u omisión”, dijo.
La comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Melissa Escoto refirió por su parte que los tratados y convenciones que Honduras ha ratificado son específicamente referente a la convención contra la tortura y el protocolo facultativo.
En ese caso, “nosotros habíamos recomendado redoblar la seguridad porque observábamos un evento inminente que podía ocurrir”, dijo al referir que la muerte de otras seis mujeres, un mes antes de la tragedia en Támara, “pasó por la falta del debido cuidado de la autoridad penitenciaria, no se actuó con prontitud para prevenir este evento”.
Escoto destacó que “son 46 mujeres a las cuales el Estado de Honduras estaba obligado a proteger, a garantizar la vida, no solo la vida, sino las condiciones que tienen a lo interno de los centros penitenciarios (…) estamos sumamente preocupados porque observamos que hay una inactividad por parte del Ministerio Público de identificar de manera fehaciente”.
En tanto, para la escritora e investigadora, Jessica Sánchez en la actualidad estamos en una cultura que no sólo ha satanizado, sino que nos hemos acostumbrado a una cultura del horror con la figura de las mujeres.
“Lo que pasó en la cárcel sólo es una continuación de la violencia contra las mujeres que existe en el país”, lamentó.
A la fecha en Honduras han perdido la vida en condiciones cruentas más de 270 mujeres, se acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
Conclusiones
La ONG concluye que Honduras no puede continuar siendo uno de los países con mayor cantidad de muertes en cárceles a nivel internacional.
Asimismo, que se deben adoptar de manera inmediata todas las recomendaciones efectuadas por organismos internacionales que han visitado Honduras.
“Se requiere personal penitenciario capacitado e incorruptible, así como la conformación de una comisión multidisciplinaria, internacional o nacional, que apoye en la investigación del caso en PNFAS”, apuntó el director de ASJ, al resaltar que se requiere voluntad política y estrategias contundentes. “Este hecho no puede quedar en la impunidad”, expresó. VC
