La burocracia tiene una tendencia a perpetuarse y a crecer. Es en la naturaleza de cualquier organización o proceso buscar su supervivencia y expansión, contra cualquier otra consideración. Es tarea de la sociedad estar juzgando estos hechos en el accionar del sector publico, para mitigar y revertir estos procesos.
Uno importante tiene que ver con licenciamientos en áreas zonificadas. Por ejemplo, construir una vivienda en una zona residencial no debería requerir ningún tipo de validación ambiental o de zonificación, ya que la aprobación de uso general implica la aceptación del uso para cada caso particular. Por tanto, solo representa una pérdida de tiempo y dinero (como mínimo), y como máximo una amenaza de ser víctima de la arbitrariedad o rapacidad de algún funcionario.
La mayor parte de los trámites ambientales, de zonificación, y otros similares corresponden a este tipo de casos, y esto tiene otra consecuencia negativa. Al abrumarse la capacidad administrativa de las instituciones con papeleo superfluo, reducen (o eliminan) su capacidad de vigilar por el cumplimiento de la ley. Si una oficina ambiental está lidiando con permisos para residencias o comercios en su zona aprobada, dándoles la misma atención que a una actividad industrial o en una zona frágil, no podrá concentrar sus recursos en prevenir y corregir problemas reales.
¿Y cuáles son estos problemas? En zonas urbanas, para usos normales, vemos: invasión de los cauces de las quebradas y ríos, invasión de los retiros y hasta derechos de vía de las calles o avenidas, usos comerciales en lugares indebidos, formas imprudentes de lidiar con terracería o cimentación, y remodelaciones o ampliaciones artesanales. Además, están los problemas que se dan con actividades industriales (deshechos y otros), y la presión en capacidades viales y de servicios públicos.
Al dar importancia primaria a los trámites formales (que, como vimos, son superfluos en la mayoría de los casos), evita que le puedan dar importancia a estos problemas. Es más, la existencia de papeles (muchas veces obtenidos dudosamente) transfieren a la autoridad la responsabilidad de los actos particulares. Un licenciamiento se vuelve una carta de impunidad para cualquier violación a la ley, por lo que el empresario inescrupuloso se afanará en ordenar sus trámites en el entendido que eso le da potestad de hacer lo que desee. El funcionario, al volverse responsable legalmente, se vuelve más desconfiado y lento en cumplir su función por miedo a la responsabilidad transferida.
La solución para estos problemas entonces pasa por atacar ambos de forma conjunta, con tres acciones simultáneas:
- Evitar el colapso de la administración pública eliminando los trámites superfluos y reduciendo los demás.
- Haciendo que los propietarios de obras se hagan responsables legalmente del cumplimiento de las obligaciones mencionadas como problemas, de forma intransferible.
- Redirigiendo los recursos a la supervisión del cumplimiento de los mismos, enfatizando mas la realidad que los papeles.
Esto debe ir acompañado de dejar la zonificación de las ciudades bien establecida. Al hacer esto, cualquier aprovechamiento de acuerdo al uso y parámetros establecidos se puede volver automática. Los beneficios en cuanto a agilidad, eficiencia, cumplimiento de las normas y la ley, y confianza de la población en la acción pública serían tangibles e inmediatos. Lo ideal es tomar todas estas acciones, pero la primera por sí misma tendría un impacto importante.
