El pasado sábado, 1 de julio de 2023, viajé por tierra a La Esperanza. Salimos de Tegucigalpa por la carretera CA5 y luego tomamos el desvío a La Paz. Luego seguimos a Marcala, hasta llegar a La Esperanza.
El viaje permitió comparar el estado de la CA5, concesionada a COVI, con el estado de las vías no concesionadas y cuyo mantenimiento es por tanto responsabilidad del gobierno. El contraste fue impactante.
Mientras la CA5 está en excelente estado, sin baches y muy bien señalizada, las rutas cuyo mantenimiento compete al gobierno son un verdadero desastre. Están llenas de baches y agujeros y carecen totalmente de señalización.
Salimos de regreso a las 5 pm, y nos encontramos con una fuerte tormenta, con lluvia, viento, rayos y relámpagos. A medida que oscurecía, lamentábamos la falta de señalización ya que sin ella era prácticamente imposible ver la vía.
En esas condiciones es muy probable sufrir un accidente por lo que los conductores prudentes reducen significativamente la velocidad de sus automotores y el viaje, por supuesto, toma más tiempo. Afortunadamente logramos regresar sin sufrir un accidente, llegando a Tegucigalpa a las nueve de la noche.
A la luz de esa experiencia nos preguntábamos por qué no se ha optado por concesionar otras carreteras, mediante licitación pública para lograr el peaje más bajo posible. Resulta difícil entender el rechazo del gobierno al peaje y concesionamiento de otras obras, hasta que recordamos que ellos ven al sector privado como enemigo, y por tanto buscan reducir su participación en la vida económica del país. No obstante, esa postura ideológica le causa un grave daño al país. Permítanme explicar por qué.
Es evidente que el gobierno es incapaz de brindar mantenimiento a nuestras vías de comunicación y a las calles de nuestras principales ciudades. Si lo duda y no quiere salir de su casa para comprobarlo, solo tiene que escuchar los reclamos que continuamente se plantean en la radio. Es obvio que nuestra población resiente el mal estado de nuestras vías, y que además esta situación no contribuye al desarrollo económico de nuestro país. Le resta competitividad a nuestros productores ya que encarece sus productos. Esto es así porque les cuesta más transportar sus productos ya que los transportistas deben cobrar más por el deterioro que sufren sus vehículos y por el tiempo adicional que toma el transporte. Siendo esto así, la lógica nos diría que los gobernantes buscarían como mejorar el estado de nuestras vías y claramente que el concesionamiento al sector privado es una opción que funciona muy bien, como lo demuestra la CA5.
Se nos dirá que el pueblo rechaza el pago del peaje, pero si no se desea imponer un cobro, entonces el gobierno podría pagar lo que de otra forma pagarían los conductores de los vehículos. Es decir, la concesión se otorgaría a quien ofrezca el monto anual más bajo por el mantenimiento de la vía y el Estado pagaría ese monto. Nada impide que eso se haga y todos sabemos que a este gobierno le encanta subsidiar. Se trataría, ni más ni menos, que de un subsidio no focalizado. Lo razonable sería que, en la medida de lo posible, el mantenimiento lo paguen quienes utilicen las vías, pero en efecto existe otra forma de mejorar nuestras vías sin cobrar un peaje. Entonces, ¿por qué no recurren a esa alternativa? Por razones puramente ideológicas. En su esquema mental es preferible que se deterioren las vías a que las mantenga el sector privado. No les preocupa el daño que le ocasionan al país.
En realidad, la situación es aún peor. Pareciera que constantemente buscan, por todos los medios a su alcance, obligar a la terminación anticipadas de las concesiones otorgadas. En el caso de la CA5 se han negado a que el concesionario pueda ajustar el monto del peaje según lo estipulado en el contrato. Justifican su proceder alegando algún incumplimiento del contrato, y cuando eso no es posible, pretenden rescindir el contrato alegando que fue otorgado ilegalmente, o que el contrato se logró mediante bochornosos actos de corrupción. Por supuesto que no se lleva a los Tribunales a quienes supuestamente participaron en esos actos, sino que simplemente se evoca la narco dictadura y a la corrupción que supuestamente se dio en el otorgamiento de los contratos. Supongamos que en efecto el concesionamiento no fue correctamente manejado. ¿No sería entonces lógico manejarlo correctamente, en lugar de simplemente descartar la idea? Nuevamente, la lógica parece haber sido sustituida por la ideología.
Recientemente se ha criticado el concesionamiento de Palmerola y casi seguramente pronto se atacará el caso del Centro Cívico Gubernamental. La ceguera que causa la ideología no permite analizar estos casos adecuadamente, y como resultado casi seguramente terminaremos demandados en arbitrajes que se celebrarán en el extranjero. Es muy probable que perdamos todos estos casos, con un grave perjuicio a nuestra nación. El camino que han seleccionado nos conducirá a más pobreza y sufrimiento. Ojalá recapacitaran, pero me temo que la ideología les ha cegado, y no hay peor ciego que quien no quiere ver.
