Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Desde su creación, la gubernamental Secretaría de Derechos Humanos, nunca había generado tanta polémica y polarización como en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a tal grado, que ha entrado en una agria confrontación con el estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos, a quien negó el mecanismo de protección para algunos de sus empleados amenazados a muerte y objeto de vigilancia, por considerar que son servidores públicos a quienes no les asiste ese derecho, bajo una visión reduccionista de la doctrina de los derechos humanos.
La decisión tomó por sorpresa al mismo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un órgano estatal con rango constitucional creado a la luz de las reformas de modernización del Estado a inicios de la década de los años noventa, del siglo pasado. La institucionalidad y su mandato ha permitido abrir en el país espacios de construcción democrática y cívica a la luz del respeto a los derechos humanos, luego que el Estado fuera parte de una política sistemática de desaparición forzada de personas político-ideológica en los años ochenta al amparo de la doctrina de seguridad nacional.
El Estado de Honduras pidió perdón por esos abominables hechos y poco a poco empezó construir institucionalidad, tender redes con los organismos no estatales de derechos humanos en los asuntos de interés, al margen de sus visiones o pensamientos diversos. El Conadeh se fue institucionalizando como el ente rector estatal en materia de defensa y difusión de la doctrina de los derechos humanos.
En su accionar ha enfrentado aciertos y desaciertos, pero la defensa de los derechos humanos ha sido el norte de su trabajo y su visión, indistintamente de las ideologías, y así consta incluso en uno de sus más polémicos papeles cuando se produjo la crisis que detonó en el golpe de estado de 2009, asistiendo a mucha gente amenazada, levantando actas, pidiendo medidas cautelares, entre otras acciones que constan en sus archivos y en la de los entes operadores de justicia. La polarización política y la crispación social no fueron argumento para que el Comisionado de Derechos Humanos ejerciera su labor de defensa humanitaria.
Doctrina humanitaria, más que un capricho
Cuando en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa se creó la estatal Secretaría de Derechos Humanos, el trabajo del Conadeh y el de la nueva dependencia nunca entró en contradicciones doctrinarias, como se vislumbra ahora; cada institución hacía su parte en lo que su mandato les otorgaba. A la Secretaría de Derechos Humanos, el Congreso Nacional le dio la facultad de rectorar la Ley de Protección y su Mecanismo de Protección para proteger a los defensores humanitarios, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha acompañado esas iniciativas como parte de la política del Estado de contribuir al fortalecimiento institucional en la defensa y promoción de los derechos humanos, pero las diversas actuaciones de la Secretaría de Derechos Humanos—entrado el nuevo gobierno—han empezado a romper esa armonía y evidenciar contradicciones en torno al manejo de la doctrina humanitaria.
Una de las primeras contradicciones se evidenció en la elección de los nuevos representantes del Mecanismo de Protección, por presuntas arbitrariedades cometidas por la Secretaría de Derechos Humanos, pero que, a la larga, sus nuevos representantes fueron reconocidos por el Conadeh en un comunicado de reciente publicación, para sorpresa de los denunciantes.
La Secretaría de Derechos Humanos también se ha confrontado con otros sectores que cuestionan su trabajo, entre ellos los periodistas y organizaciones de periodistas que son parte del Mecanismo de Protección, al retirarse algunas de ellas. La visión de la Secretaría de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión también ha generado resquemores con la prensa, por la falta de tolerancia de esa dependencia a la crítica y al acceso a la información pública. Un informe oficial del relator contra ejecuciones extrajudiciales, de hace un mes, llama la atención sobre el pobre papel del Mecanismo de Protección de esa dependencia gubernamental.
La desprotección del gobierno,
el mensaje de la Secretaría
El 29 de junio de este año, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado expresando su consternación por la negativa de la Secretaría de Derechos Humanos de negar a empleados del Conadeh el otorgamiento de medidas cautelares, solicitadas por recibir amenazas, intimidaciones y ser objeto de vigilancia por hacer su trabajo de defensa de los derechos humanos.
El Conadeh indicó que la determinación de la Secretaría de Derechos Humanos, “denota un grave desconocimiento de la autoridad encargada de la protección a personas defensoras de derechos humanos que deja en desprotección al personal del CONADEH y otras personas en el servicio público que ejercen la labor de defensoría de derechos humanos”.
La Secretaría de Derechos Humanos argumentó que entre los factores para negar las medidas cautelares a los defensores del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, resalta que en la última visita hecha por la misión in loco de la CIDH ésta llamó la atención porque la mayoría del presupuesto del sistema de protección se concentraba en unos pocos, y dada esa “inequidad en el uso del presupuesto por casos de funcionarios protegidos, la Dirección General del Sistema de Protección está comprometida a corregir esa disparidad, en estricto apego a la Ley”.
Asimismo, señala que considero improcedente la medida de otorgar la protección a los funcionarios del Conadeh amenazados a muerte porque esto son servidores públicos con un rol específico para el cual se les contrata y remunera con fondos públicos. La Secretaría de Derechos Humanos también argumenta entre sus razones para negar una medida cautelar que los funcionarios amenazados no quisieron dar su entrevista a esa dependencia gubernamental.
Acotó que, por el principio de exclusividad, la medida cautelar debía otorgarse a las personas que se encuentren “en alto riesgo” y vinculadas al trabajo de la defensa de los derechos humanos. Señaló que remitieron el caso a una unidad especial de la Secretaría de Seguridad que se encarga de dar protección a funcionarios en caso de que así lo amerite.
El CNDH sorprendido por la respuesta y negativa de la Secretaría de Derechos Humanos, le recordó que “denota un grave desconocimiento de la autoridad encargada de la protección a personas defensoras de derechos humanos que deja en desprotección al personal del CONADEH y otras personas en el servicio público que ejercen la labor de defensoría de derechos humanos”.
Citando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Conadeh recordó a la Secretaría de Derechos Humanos «que la calidad de defensor de derechos humanos radica en la labor que se realiza, con independencia de que la persona que lo haga sea un particular o un funcionario público».
También, la Corte IDH consideró en la sentencia del caso Valle Jaramillo vs. Colombia, que el personal de las Defensorías del Pueblo, como el Conadeh, tiene el estatus jurídico de personas defensoras de derechos humanos, por lo que los razonamientos de la Secretaría de Derechos Humanos “son inaceptables y reprochables por ser contraria al derecho internacional de los derechos humanos”.
Desde que se creó el Conadeh y la Secretaría de Derechos Humanos es la primera vez que se ve una confrontación en cuanto a la doctrina humanitaria, como parte de la desestructuración institucional que, desde lo interno del gobierno, promueven algunos de sus funcionarios.
Los conocedores en temas de derechos humanos estiman que la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos es desafortunada y de amplio desconocimiento de la doctrina, al querer aplicar los derechos humanos desde una visión reduccionista de quiénes están con ellos y quienes en contra, cuando los derechos humanos son universales, al margen de las posiciones políticas o ideológicas.
Honduras según los reportes de organismos internacionales de derechos humanos es uno de los países más hostiles para los activistas humanitarios, defensores de la tierra, periodistas y actores de sociedad civil críticos por sus posturas o por las denuncias e investigaciones que hacen y difunden. El panorama no ha mejorado y los retos para el gobierno de la presidenta Castro es atender las recomendaciones hechas por los organismos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Amnistía Internacional, Wola, Reporteros sin Fronteras, entre otras instancias. (PD).
