Tegucigalpa. – El mes de julio será de interés para la sociedad hondureña y la lucha contra la corrupción, pues se prevé la llegada al país de una misión de expertos de la ONU que vendrá a asistir al gobierno para sentar las bases de lo que será la instalación, a futuro, de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Se le conoce como la CICIH.
La CICIH fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro y de momento, su avance se asemeja al riego por goteo que se aplica en algunos rubros de la agricultura para que los cultivos no perezcan por la sequía, una sequía, que, en el caso de la corrupción, es producto de la sed de justicia que no llega, al contrario, se diluye.
La misión de expertos que se apresta a llegar tendrá enormes reuniones técnicas con personajes de la institucionalidad y la burocracia del país, asesorará en aquellas reformas legales que estime convenientes para que la CICIH se instale con dientes; leerá y releerá legajos de documentos y textos constitucionales encontrando vericuetos que puedan ser sorteados para evitar trampas y contratiempos cuando se instale la misión internacional.
Desde la narrativa del gobierno, el mensaje en las redes sociales es: hashtag #Xiomara cumple#, y ese discurso se esparce como polvorín, pero la realidad dice otra cosa: las señales para que esa promesa se traduzca en hechos concretos tiene algunos traspiés, de lado del ejecutivo, crece como la espuma las disposiciones de volver secreto lo público, de ampliar las reservas de información para bloquear el derecho ciudadano a saber, la ley de secretos, derogada en este gobierno, reaparece bajo otras formas igual de letal que la anterior.
En tanto, abandona el ejecutivo, uno de los actores claves en la lucha contra la corrupción y la llegada de la CICIH: el ministro de la Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, quien elaboró una estrategia nacional anticorrupción que nunca terminó de ser aprobada por el gabinete de gobierno como una política pública gubernamental. El gobierno usa esa herramienta para el discurso público que le permita retornar a la Cuenta del Milenio (para acceder a recursos frescos), pero en la práctica, no existe un decreto ejecutivo de aprobación.
Orellana, además, presentó informes de presuntas irregularidades en algunas dependencias del Estado, un hecho que no gustó a altos burócratas que le acusaron de intromisión e irrespetar a la presidenta Castro.
Otro traspiés que enfrenta la instalación de la CICIH es la derogación en el congreso de leyes que blindan la corrupción y sus transgresores como el código penal, el llamado fondo departamental, las reformas a la ley de lavado de activos, entre otras polémicas figuras aprobadas.
Durante todo este tiempo, los congresistas se culpan entre sí porque esas derogatorias no avanzan debido a que éste o aquel partido político no las quiere, pero tampoco hacen nada por destrabarlas, los esfuerzos de cabildeo o han sido insuficientes en casi 18 meses o sencillamente no han tenido el acelerador adecuado. La cámara legislativa se ha vuelto una especie de torre de babel donde toda discusión relacionada con la institucionalidad del país y la democracia se entrampa.
Los congresistas, sin excepción, dicen que quieren la CICIH y hasta una reforma constitucional han propuesto dizque para garantizar la independencia de su función, pero esta propuesta, a criterio del analista jurídico, Rafael Jerez, llevaría a la CICIH a estar “circunscrita a actividades de investigación, no de persecución penal, y únicamente en materia de inteligencia y análisis financiero en los procesos y figuras mencionadas”. Es decir, sería una CICIH limitada, acotada a lo que sugiere el “espíritu” del legislador.
La misión de expertos que vendrá a diagnosticar una corrupción y un entramado legal, ya de por sí súper diagnosticado, encontrará en su estadía otros elementos que pesan en el contexto y las valoraciones que pueda hacer las Naciones Unidas: un país polarizado, altos niveles de confrontación y una debilidad institucional atomizada—paradójicamente- por la mayoría de los burócratas responsables de conducir y acompañar a la presidenta Castro en sus decisiones de Estado.
Encontrará también que una de las precursoras desde las instancias de sociedad civil en la lucha contra la corrupción como es la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se vio forzada a salir del país, al ver violentada su seguridad personal al detectarse graves infiltraciones que pusieron en riesgo su vida y la de su familia, además de otros hechos preocupantes gestados por gente desconocida fuertemente armada y bien entrenada.
El caso de Castellanos ha conmocionado al país y generado enormes expresiones de rechazo y solidaridad en demanda de una investigación pronta y oportuna. La directora ejecutiva del CNA ha dicho que regresará al país, que no la van a intimidar ni hacer retroceder en su trabajo, mientras organizaciones civiles nacionales e internacionales advierten de posibles riesgos del cierre de los espacios cívicos en el país.
De paso, la llegada de los expertos de la ONU también encontrará que muchos de los casos de corrupción judicializados por la extinta MACCIH y continuados por la Fiscalía Especial para Redes de Corrupción como es la Uferco, están por ser sobreseídos en los tribunales de justicia, gracias a los pactos de impunidad. La sequia por el acceso a la justicia seguirá golpeando al país y a la sociedad en general.
La lucha contra la corrupción y la llegada de la CICIH siguen siendo retos enormes para el país, para el gobierno de la presidenta Castro, enfrentado a una serie de multicrisis, estructurales, unas, y mal conducidas, otras, que hacen que esta misión internacional siga atrapada en su aterrizaje entre el discurso público político y las reformas pendientes para que se vuelva una realidad. Toca entonces esperar que dicen y que hacen cuando lleguen al país, los expertos de la ONU.
