Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Al retorno de las vacaciones los congresistas se aprestan a intensificar las cábalas para elegir al próximo fiscal general y fiscal general adjunto, cuya convocatoria a postulación está a cargo de una Junta Proponente, que ya definió las reglas del juego con algunas discrecionalidades, mismas que en el tiempo evidenciarán sí se está frente a una elección negociada o ante un proceso legítimo y transparente.
La Junta Proponente convocó oficialmente a la postulación para quienes aspiren a ser fiscal general y fiscal general adjunto, quienes tienen hasta este martes 27 de junio para presentar los papeles, pues el 16 de agosto se espera enviar al Congreso Nacional el listado final de seleccionados para que éste poder del Estado proceda a su elección.
Hasta la fecha apenas un abogado se ha postulado para el cargo.
Muchos consideran que la elección debe ser un parteaguas dentro de los operadores de justicia, pues es uno de los últimos eslabones en la cadena de renovación de autoridades en línea; el último es la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas que se prevé se hará en el mes de diciembre.
A diferencia del proceso de selección y elección de la Corte Suprema de Justicia, el actual inicia con recelo luego de publicarse, tras el reparto del nuevo Poder Judicial, de un acuerdo político entre las tres principales fuerzas partidarias en el parlamento, en el cual incluyen la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, además de otros cargos de elección de segundo grado.
Y sectores políticos del partido en el poder, como es Libertad y Refundación (Libre), han revelado la intención, dentro del acuerdo, de reformas constitucionales para elegir un segundo fiscal adjunto y elevar a ese rango la figura de la Dirección de Fiscales. Serían parte de los compromisos suscritos tras la elección de la actual Corte Suprema de Justicia.
Bajo ese ambiente, los miembros de la Junta Proponente han reconocido que tienen un reto enorme para garantizar la máxima transparencia en la selección y elección de los postulantes, y dentro de sus estrategias iniciaron una fase de conversatorios para escuchar propuestas y sugerencias con representantes de sectores de sociedad civil. Anuncian audiencias públicas y máxima publicidad de sus actos.
A diferencia de la Junta Nominadora de elección de la Corte de Justicia, la Junta Proponente carece de una ley interna y el mecanismo de regulación es muy discrecional; cada junta que ha participado crea sus propias reglas. De ahí que esta Junta de Proponentes acordara que pueden postularse para ser fiscal general y fiscal general adjunto, aquellos abogados que lleven causas de personas ligadas al narcotráfico, crimen organizado y corrupción.
Las primeras discrecionalidades
Los argumentos que dio uno de sus miembros, el representante de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, es que no se le podían violentar derechos constitucionales a los aspirantes. Ello ha generado muchas suspicacias, pero la Junta Proponente ha sido clara al indicar que no podrán postularse al cargo los diputados, ni autoridades de los tres poderes del Estado.
La Junta Proponente está integrada por los siguientes sectores: dos representantes del Poder Judicial, dos representantes de las universidades (uno de las públicas y otro de las privadas); el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Colegio de Abogados de Honduras, y un representante de sociedad civil.
Los miembros son por el Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando y Wagner Vallecillo; Blanca Izaguirre, comisionada del Conadeh; Odir Fernández por la UNAH; Julio Raudales por las universidades privadas; Alejandro Hernández por el Colegio de Abogados de Honduras y José Ramón Ávila, en representación de la sociedad civil.
En sus intervenciones, los miembros de la Junta Proponente indicaron que carecen de presupuesto para las actividades bajo su cargo, por ahora están trabajando con fondos y apoyos proporcionados por el Poder Judicial, en cuyas instalaciones han sido sus reuniones y esperan que las organizaciones que conforman la Junta Proponente den sus aportes propios al proceso.
En el Congreso Nacional, los cabildeos se han mantenido, aún en el receso, en búsqueda del fiscal ideal, que adelantan, deberá ser de Libertad y Refundación, mientras el segundo a bordo y un tercero—si reforman la Constitución—repartido entre liberales y nacionalistas.
De hecho, no son pocos los encuentros políticos multipartidarios en los que sus protagonistas no han tenido ambages en participar, aun en restaurantes, lugares públicos, así como en residencias privadas.
En su momento, el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, denunció que ya todo estaba arreglado, y que en el Partido Liberal sería el presidente de ese partido, Yani Rosenthal, quien pondría a su candidato, algo que éste último ha negado.
¿Se impondrá el pacto?
El cumplimiento o no del pacto tripartito entre las tres fuerzas políticas, no ha seguido el rumbo trazado por los desacuerdos en el Congreso en torno a otros temas no pactados que han intentado ser introducidos como la Ley de Reforma Tributaria y la ratificación de un convenio para que Honduras se adhiera al Banco Andino de Fomento en donde deberá pagar 11 mil millones de lempiras para pertenecer a ese club financiero.
El 16 de agosto cuando la Junta Proponente envíe la nómina de 5 aspirantes, se espera que dos de ellos sean mujeres, los legisladores aumentarán sus cábalas y cabildeos en torno a la elección que será en septiembre, si los acuerdos políticos se concretan y si se mantiene el pacto negociado difundido en febrero de este año en el diario gubernamental Poder Popular.
El próximo fiscal general y fiscal general adjunto sustituirán en el cargo al actual fiscal, Óscar Chinchilla y su adjunto, Daniel Sibrián, cuya administración ha tenido altibajos y entre sus aciertos golpes a estructuras criminales, condenas en casos emblemáticos de corrupción como el de la estafa del Seguro Social, el de los hospitales móviles, y otros hechos de interés público.
La elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público será clave para dibujar por donde irá el compromiso de la lucha anticorrupción y del crimen organizado, de cara a lo que podría ser una virtual instalación de una comisión internacional contra la corrupción, CICIH, que necesita dientes para el buen combate, y esos, precisamente, los tiene retenidos el Poder Legislativo que no termina de derogar las leyes y decretos que han atado al actual Ministerio Público al limitar sus funciones de investigación y rastreo del dinero ilícito.
Si bien la Junta Proponente tiene la oportunidad de enviar una nómina menos contaminada por la política, pero en el Congreso, los legisladores en su mayoría han sido claros: elegirán un fiscal general y adjunto a la medida de la política y de los intereses partidarios. El reloj corre y a medida que surjan o no los postulantes, se conocerá cuál será el nuevo traje del Ministerio Público, sus bordes y detalles y si la elección se llevará a cabo en tiempo y forma. (PD).
