Tegucigalpa (Proceso Digital) – Juristas hondureños coincidieron hoy en indicar que el Estado de Honduras manda un mensaje equivocado al decir que no cumplirá una sentencia emitida por el Poder Judicial de este país.
– “Ningún funcionario está obligado a cumplir órdenes ilegales”: PGR
– Honduras debe guiar su defensa en base a una estrategia bien orquestada y basada en la legalidad, sugieren abogados Espinoza, Leitzelar y Ávila.
– El empresario estadounidense en representación de DRCINC, llegó a Tegucigalpa donde esta mañana está reunido con representantes del sector privado.
Se trata del caso presentado por la empresa estadounidense de DRCINC contra el Estado de Honduras y cuya demanda obliga al pago de 2 mil 600 millones de lempiras ($106 millones aproximadamente). En la resolución emitida hace apenas unos días por un juez de un juzgado de Tegucigalpa, se determinó fallar en favor de la corporación estadounidense y en contra del Estado hondureño a quien embargó la cuenta del tesoro nacional.
Como respuesta, de inmediato la Procuraduría General de la República en su condición de abogado del Estado y el ministerio de Finanzas publicaron una nota, denominada denuncia, en la que además de decir que la justicia en Honduras está permeada por una red de corrupción, también hicieron saber a la opinión pública que no cumplirán con el fallo emitido por el tribunal.
Las declaraciones de los representantes del Estado llevaron al empresario estadounidense, Murray Farmer, en representación de la empresa ganadora del juicio, a declarar que esa acción venía en desmedro de su reputación y la de su empresa, además de indicar que no se quedará con los brazos cruzados e iniciar los pasos necesarios para hacer que se respete lo dispuesto por el togado en el tribunal de Tegucigalpa.
El empresario estadounidense Farmer en representación de la empresa DRCINC se encuentra en Tegucigalpa y esta mañana ya se encuentra reunido con representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La diputada hondureña y una destacada jurista del foro nacional, Maribel Espinoza, rechazó que el gobierno afecte la certidumbre y la seguridad jurídica del país al expresar que no cumplirá con un fallo ordenado por el Poder Judicial.
Espinoza dijo, -durante su competencia en el espacio televisivo Frente a Frente, – que considera que en el proceso hay vicios claros de actos irregulares que sugieren prevaricato pero, indicó que ante esta situación, el Estado debe de proceder en una estrategia jurídica para revertirlo y en ningún caso poner en precario de certidumbre y el cumplimiento de la ley.
Agregó que lo que procede es presentar la denuncia ante el Ministerio Público y desarrollar una estrategia que pueda detener el cumplimiento de la misma. Dijo además, que decir que no se cumplirá con lo dispuesto en la sentencia, únicamente daña el estado de derecho y la certidumbre que fortalece la misma.
Igual opinión vertieron los también abogados Germán Leitzelar H. y el exjuez Félix Ávila. Ambos rechazaron que desde la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría General de la República, se diga que no se acatará el fallo emitido por un tribunal de justicia.
El caso mantiene la atención de la opinión pública especialmente porque el valor de la demanda dejaría casi en quiebra las finanzas públicas. Espinoza, Ávila y Leitzelar también consideran necesario investigar lo actuado desde su origen, siempre dentro del respeto a lo que manda la ley.
En relación al caso, el poder judicial emitió un comunicado indicando que los representantes de la Procuraduría General de la República dejaron vencer los plazos sin solicitar medida alguna.
Órdenes ilegales
En representación del Estado hondureño, el abogado Ronald Chacón, dijo que el fallo carece de validez y lo catalogó como una muestra de ilegalidad.
Chacón externó que “como hondureño no podría yo permitir que del erario público se eroguen” los dineros para pagar la demanda.
“Ningún funcionario está obligado a cumplir órdenes ilegales”, sostuvo Chacón, durante una participación telefónica en el mismo foro.
Asimismo, dijo que la PGR presentó ante el Ministerio Público la denuncia y exigió que él mismo actúe de inmediato.
Defensa
De su lado, el abogado Jacobo Salandia, en representación de la empresa estadounidense lamentó que el proceso culmine con la inobservancia de la decisión por parte del Estado.
Seguidamente detalló, como los abogados del Estado incumplieron sus responsabilidades en varias fases del proceso.
En ese sentido manifestó, en el mismo plató televisivo, que las recurrentes excusas por enfermedad de parte del abogado que representaba al Estado en el proceso, les hicieron pedir la comprobación de las mismas mediante dictamen de medicina forense. Lo que demostró la inconsistencia, según dijo.
Agregó que, pese a no ser lo usual, los acontecimientos durante el proceso, le hicieron solicitar al Comisionado de los Derechos Humanos la participación de un veedor en su representación.
Asimismo, relató cómo en varias fases del proceso la Procuraduría no usó los recursos y los argumentos necesarios para defender al Estado. (PD)
