Tegucigalpa – Un total de 70 personas privadas de libertad perdieron la vida violentamente, desde el año 2019 a febrero de 2023, en los centros penitenciarios de Honduras reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, cuestionó el alto grado inseguridad que se vive al interior de los centros penales del país, luego que se hiciera, del conocimiento público, la muerte de un privado de libertad a manos de dos internos que le dispararon con arma de fuego, en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara.
Informes preliminares indican que, días previos al hecho violento, las autoridades del penal habrían hecho una requisa en la cual fueron encontradas armas, municiones, teléfonos y drogas.
No obstante, “desconocen” si las armas utilizadas por los privados de libertad, para ultimar a uno de sus compañeros, fueron escondidas con mucha “astucia” o fueron ingresadas después de la requisa que se había practicado días antes.
Izaguirre lamentó que es frecuente que, en los diferentes operativos realizados por las autoridades, se encuentren armas de todo calibre, machetes, bebidas alcohólicas, teléfonos celulares y diferentes tipos de droga que ponen en riesgo la integridad física, la salud y la vida de las personas.
Recordó que el 4 julio del 2022, ese mismo centro penitenciario conocido como la cárcel de máxima seguridad “El Pozo” fue escenario de otro hecho violento donde perdieron la vida violentamente seis privados de libertad.
El Instituto Nacional Penitenciario, debe garantizar la seguridad apropiada al interior de los centros penitenciarios, para evitar riñas, lesiones y muertes de los privados de libertad, indicó
Expresó que las autoridades penitenciarias tienen el deber de proteger el derecho humano a la vida y a la integridad física de las personas privadas de la libertad.
Señaló que ha sido reiterativo el incumplimiento, por parte del Estado de Honduras, de asegurar las garantías fundamentales y el respeto a la dignidad inherente de las personas privadas de libertad, pese a que forma parte de tratados y convenios internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La defensora de los derechos humanos advirtió, a las autoridades hondureñas, que el país incurre en responsabilidad internacional cuando se violan los derechos humanos de los privados de libertad por lo que recomendó garantizar la seguridad apropiada al interior de los centros penitenciarios, para evitar riñas y muertes que siguen causan luto y dolor en las familias hondureñas. IR
