Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en suspenso el proceso judicial en contra del extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, informó este miércoles el Ministerio Público.
El Ministerio Público fue notificado de la admisión de la suspensión del acto reclamado tras una acción de amparo interpuesto por la defensa del excomisionado de Copeco.
De esta manera, mientras los magistrados resuelvan el recurso, el proceso penal contra Rubí Paredes, queda aplazado y abre la posibilidad que se le beneficie con cartas de libertad, advirtió el Ministerio Público en su nota de prensa.
Los únicos imputados que quedarán en el proceso son el exsubcomisionado de Copeco, Gustavo Adolfo Cruz Gómez, acusado por fraude y violación a los deberes de los funcionarios; así como la edirectora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación, Arlette Magaly Montero Rodríguez; y el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra, por fraude a título de cooperadores necesarios.
De acuerdo a las diligencias coordinadas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se establece que los exfuncionarios amparados en un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020, gestionaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar, más conocido como El Tórax.
Según la investigación, el triaje no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos que buscan eficiencia y transparencia que brinden mejores condiciones de costo y calidad.
La investigación también establece que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 % de anticipo sin cumplir con todos los requisitos antes del inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz, fue quien decidió de manera unilateral qué empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacía las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.
Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la misma. AG
