Tegucigalpa (Proceso Digital) – De un tiempo a acá, los escándalos sobre hechos vergonzosos han golpeado a la Secretaría de Seguridad, que no dice nada claro frente a casos que abren la duda acerca del tipo de policía que se está formando en esa dependencia clave para garantizar la seguridad de los hondureños.
– Cuatro privados de libertad se fugaron en las últimas horas de la cárcel El Porvenir, Francisco Morazán, lo que llama la atención es que vestían indumentaria policial.
– Sujetos fuertemente armados y vestidos de policía militares asesinaron al periodista Edwin Josué Andino y su padre tras sacarlos de su vivienda en la capital hondureña.
– Recientemente varios hombres vestidos de policías asaltaron a una persona que retiró del banco una fuerte suma de dinero. El hecho quedó captado en video y la víctima murió tras el atraco de los falsos agentes.
Algunos de esas vergüenzas están relacionados con lo sucedido en la Anapo, el caso del joven barrista del club deportivo Real España, el crimen de Keyla Martínez, la muerte de algunos de sus miembros en una emboscada en Colón, y la captura de varios de sus efectivos implicados en una banda de secuestro y extorsión en la capital.
A inicios de octubre, se informó de la captura de una banda de presuntos secuestradores y extorsionadores que lideraban dos policías y uno depurado, este último que salió implicado también en el crimen del hijo del expresidente Lobo Sosa y tres jóvenes más. Estos uniformados actuaban en plena impunidad, según las autoridades fiscales y los cuerpos de investigación internos de la Policía Nacional.
La depuración policial como un proceso permanente, nuevamente vuelve a copar la agenda pública, ya que ha entrado en una especie de suspenso y se desconoce, desde que concluyó funciones la depuradora, cuáles son los procedimientos del proceso, si los mismos prosiguen o sencillamente terminaron con la salida de los depuradores.
En marzo, la sociedad fue sacudida con el asesinato de un joven aficionado del club deportivo Real España, que había agredido a una subinspectora de la policía, durante un juego en el estadio nacional. El joven fue identificado por las cámaras de seguridad y fotografías, la policía ofreció recompensa y cuando éste se iba a entregarse, fue asesinado en circunstancias no esclarecidas, y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos indicó que su crimen se trató de una muerte extrajudicial.
Crímenes sin respuestas
Sobre este hecho, el Ministerio Público aún no ha presentado el informe forense y extraoficialmente se maneja que el crimen del joven habría sido perpetrado por efectivos policiales. Los organismos humanitarios indican que el caso se configura para ser llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego a la corte internacional de justicia, pero hasta ahora, este caso se mantiene en el absoluto silencio oficial.
En abril de este año, tres policías fueron asesinados en una emboscada en el departamento de Colón, y el gobierno de la presidente Xiomara Castro, hizo su primera declaratoria de estado de excepción en la zona. Las investigaciones siguen pendientes y ha trascendido que al parecer los uniformados andaban en presuntas actividades ilícitas.
Las denuncias de policías implicados en bandas delictivas siguen estando, aún después de la depuración, poniendo acento así al tipo de formación policial que se está capacitando y entrenando en la Academia Nacional de Policía (Anapo), última que ha estado salpicada por el último suceso relacionado con la muerte de varios aspirantes para ingresar a la Policía Nacional en el ámbito administrativo, y no necesariamente en funciones estrictamente de combate a la criminalidad.
Al menos tres aspirantes para ingresar a la Policía Nacional murieron en un entrenamiento de iniciación, las causas aún siguen siendo desconocidas y reportes preliminares no oficiales, ligados al Ministerio Público, indican que su muerte no fue por uso de energizantes o consumo de alimentos, no obstante, a la fecha se desconoce con certeza cuál fue la causa de la muerte y se anuncian las primeras demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este caso, si al agotarse los recursos internos, los resultados y respuestas oficiales dejan más dudas que sospechas.
El caso de la Anapo es un fuerte golpe para la Policía Nacional y sus autoridades, quienes se mantienen en absoluto hermetismo, y las respuestas ofrecidas por algunos de sus funcionarios dejan más dudas que certezas, pues hasta la hipótesis de “presunto complot” al trabajo de las autoridades de seguridad, se quiso sembrar en el imaginario colectivo, sin evidencias contundentes al respecto.
En febrero de 2021, fue encontrada muerta en una celda de la policía nacional, la joven Keyla Martínez, quien cursaba estudios de enfermería. Su muerte llamó la atención internacional de los organismos humanitarios por tratarse de un crimen cometido en una celda en poder del Estado, que se supone, garantiza seguridad.
¿Qué policías están formando?
Por el crimen de Keyla Martínez, se está juzgando a un policía que fue separado de la institución y su juicio se encuentra en la etapa de conclusiones, hasta que se resuelva un amparo interpuesto por el Ministerio Público que no comparte que el caso no sea tratado como un femicidio agravado, como sostiene fue lo que ocurrió. El caso Keyla Martínez fue presentado como un homicidio, y la fiscalía ha apelado esa decisión. Hasta que no se resuelva ese amparo, el tribunal no puede cerrar la etapa de conclusiones y emitir su veredicto.
Todos estos hechos hacen que los organismos humanitarios y académicos se pregunten qué tipo de policía está formando la Secretaría de Seguridad: ¿policía bueno o policía malo? ¿qué tan confiable es la nueva Policía? ¿habrá respuestas o seguirá la política del silencio?
Las inquietudes cobran fuerza cuando desde la Secretaría de Seguridad se ha anunciado el lanzamiento de una Policía Comunitaria, cercana a la ciudadanía, que se presume contribuirá a bajar los niveles de inseguridad y violencia que presenta el país. Pero estos casos en los que se ha visto envuelta la dependencia policial obligan a un replanteamiento estratégico y de revisión de sus políticas para dar garantías de una transformación sostenida que aleje los fantasmas de una policía impune.
Sin duda sigue siendo válido evitar que el pus infecte esa institución que debe estar en una depuración permanente. Los últimos hechos ocurridos son una clara señal que algo no está funcionando bien en la institución y que la estrategia de seguridad con la Policía Comunitaria puede complicar sus políticas de reducción de violencia e inseguridad, si los crímenes y hechos en los que se han visto envueltos se mantienen en silencio e impunidad. (PD)
