Tegucigalpa – No sería sano para la administración de justicia separar el mandato constitucional del Ministerio Público en el tema de corrupción, dijo este jueves el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.
El titular del Poder Judicial se refirió a la propuesta de otorgarle rango constitucional de la Unidad Fiscal Especial contra las Redes de Corrupción (Uferco) de ejercer la acción penal pública.
“No sé si separar el nivel de actuación dentro del Ministerio Público como mandato constitucional, en este caso de los temas de corrupción y hacerlo de forma distinta en otros temas como criminalidad organizada, común, delitos ambientales, de derechos humanos sea tan sano para la administración de la justicia”, declaró a periodistas.
Señaló que hay cosas que pueden ser legales porque el Congreso Nacional las ha aprobado, pero que hay situaciones que no son aplicables, aunque estén vigentes.
Argueta argumentó que estas situaciones no se adaptan a los principios y garantías de objetividad y la imparcialidad que la sociedad exige.
Comentó que en los países donde hay ministerios públicos, estos entes se rigen por dos principios: objetividad y jerarquía normativa.
El titular de la CSJ, subrayó que todas las diligencias de investigación, las actuaciones, las decisiones, mandato, principio y garantía constitucional en los países donde hay Ministerio Público se rigen por estos dos principios.
Argueta, quien también fue director de fiscales del MP, pidió que se deben hacer respetar los principios o estándares internacionales que regulan la existencia de los ministerios públicos
Sostuvo que la autoridad central del MP es el Fiscal General, quien es el que gira las instrucciones decisiones o autorizaciones.
Además, solicitó a los diputados del Congreso Nacional que respeten las garantías de que alejen cualquier interés partidario e ideológico, y fortalecer el Ministerio Público, el Poder Judicial y demás instituciones.
“Debe de circunscribirse ese análisis a esos principios que rectoran los derechos y de las garantías que deben prevalecer para el mejor desenvolvimiento de la investigación y la acusación”, expuso. AG
