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Interpelación del CN tiene un trasfondo político: denuncia Comisionada de DDHH

Tegucigalpa – Blanca Izaguirre, Comisionada Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), manifestó que la propuesta para interpelarla en el Congreso Nacional (CN) no tiene razón de ser y que esa determinación tiene únicamente un trasfondo político.

“La verdad, no sé qué tiene que ver una comisión para investigar extradiciones, nombrada por el Legislativo, con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, creo que me han sorprendido”, dijo Izaguirre en una amplia conversación con Proceso Digital.

Una deuda con los derechos humanos

Además dijo que el Estado de Honduras, afronta serios retos y desafíos en materia de derechos humanos, aunque el actual gobierno ha manifestado que la administración tendrá un enfoque apegado a las garantías humanas y estándares internacionales.

De momento, el Conadeh confirmó que las quejas por despidos en instituciones públicas, es la denuncia más recurrente, además de casos de personas que están privadas de libertad, “pero nosotros estamos en la condición de atender a toda la población”, externó.

Y es que la comisión especial nombrada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, investigó los procesos de extradición en Honduras, recomendó interpelar a operadores de justicia, entre las que se incluye a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos.

Los derechos humanos no tienen color político

“Ojalá se hubieran acercado así como se acercaron al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, estamos en la disposición de colaborar, dicen que es por una preferencia, eso no tiene nada que ver, hemos actuado coherentemente”, indicó la funcionaria.

En ese sentido, recordó al Congreso Nacional, que los derechos humanos no tienen bandera política y sus acciones no pueden en ningún momento atropellar su carácter universal, no hay preferencia alguna, tampoco acciones discriminatorias para ninguna persona en general.   

“Yo ya solicité espacio en el Congreso Nacional, para exponer sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, se trata del informe anual, pero no me han dado apertura, ellos me han cancelado por mensajes de texto en dos ocasiones”, afirmó Izaguirre.

Denuncia de exprimera dama Ana García

Dijo que entre sus acciones, el Conadeh, se ha pronunciado en los casos en que se considera hay razones para hacerlo, como el caso de los defensores del caso de Guapinol “hemos acompañado desde principio a fin el proceso que enfrentaron los ambientalistas”.

Respecto a la atención de la denuncia que presentó la exprimera dama, Ana García de Hernández, sobre la supuesta violación a los DDHH del expresidente Juan Orlando Hernández, dijo que se atendió la denuncia como en ley corresponde a toda persona.

“La exprimera dama expresó sus quejas, no hubo preferencia alguna, pero el Conadeh debe constatar la denuncia, a través de un equipo técnico, luego se presentó un informe que, destaca que todo estaba normal y que había respeto a los DDHH del expresidente”, afirmó.

La Junta nominadora para elegir MP y CSJ

Es lamentable pensar –dice la comisionada Izaguirre-, que desde mi puesto puedo otorgar algunos privilegios para el expresidente Hernández, es difícil creo que pueda tener algún tipo de injerencia en la Secretaría de Seguridad.

Y es que la Comisionada Nacional, será parte de la Junta Nominadora que elegirá al próximo Fiscal General de la República y al titular de la Corte Suprema  “y ese podría ser el motivo que insta al Congreso a promover una interpelación que puede terminar en destitución”, alertó.

La comisionada Izaguirre fue nombrada el 22 de diciembre del 2020 y debe estar en el cargo -desde esa fecha- los próximos seis años “sin embargo, creo esto tiene tinte político partidario y preocupa, porque ese escrutinio solo se ve ahora y es por el hecho de ser mujer”.  

 Finalizó diciendo que existe una persecución en su contra, al tiempo que asegura que todavía hay tiempo para que desde el Congreso Nacional, se reflexione, en el sentido de poder respetar la independencia del Conadeh, si se concreta el despido, no es más que una clara injerencia del Legislativo y sería un enorme retroceso en materia de derechos Humanos. JP

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