Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no pudo fiscalizar 62 mil 280 millones de lempiras que se ejecutaron a través del Fondo Social Departamental del Congreso Nacional entre 2007 y 2018, según una investigación presentada este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional.
La investigación, denominada “Fondos Departamentales Sociales del Congreso Nacional durante los años 2007 a 2018: marco legal, controles institucionales y resultados sociales”, fue presentada este martes en Tegucigalpa por autoridades de ASJ.
El informe explica las diferentes versiones de fondos departamentales y presenta observaciones a la calidad de las auditorías realizadas por el TSC, al tiempo que identifica patrones en el manejo, ejecución y control de los fondos gestionados por los diputados en los departamentos.
Entre los hallazgos, el informe subraya que, a lo largo de los 15 años de vigencia de esta iniciativa del Poder Legislativo, ha habido cuatro diferentes mecanismos de fondos departamentales y que más que una oportunidad para contribuir al mejoramiento de la vida de personas y comunidades empobrecidas, el mecanismo ha sido una estrategia política clientelar, que abarca las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; entre la presidencia del Congreso Nacional y los diputados; entre políticos y activistas; y, entre diputados y sus votantes.
La investigación demostró también que el marco legal y los controles estatales (presidencia del CN, comisiones de presupuesto, oficina de auditoría interna, Secretaría de Finanzas, Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros), se utilizaron para dar una apariencia de rigurosidad, pero estos fueron sistemáticamente incumplidos.
En total fueron revisados 38 Informes de Auditoría Especial del TSC publicados en el portal institucional en 2019, contrastándolos con el marco legal aplicable e información de las comunidades beneficiarias.
En dichos informes se encontró que solo uno declaró la no presencia de inconsistencias u omisiones, por lo que para los restantes 37 debió aplicarse el Reglamento de Auditoría del Fondo Departamental, el cual dispone en su artículo 7 que, al determinarse la procedencia de responsabilidad, el TSC deberá emitir los pliegos correspondientes, indicando el tipo de responsabilidad en la cual incurrió el auditado.
Entre otros hallazgos figuran: la utilización de oenegés sin experiencia en obras de infraestructura vial para ejecutar proyectos de más de 8 millones de lempiras; la falta de verificación de la documentación requerida para emitir los desembolsos por parte de la Secretaría de Finanzas; la falta de presentación evidencia (fotografías) que demuestren el antes, durante y después de los trabajos realizados por los ejecutores de los proyectos; diferencias en la ubicación de los proyectos plasmada en papel al momento de solicitar los fondos y lo presentado al momento de liquidar los fondos; contradicciones entre lo encontrado por los auditores en el trabajo de campo y lo plasmado en los informes de auditoría especial que exoneraron de responsabilidad administrativa, civil y penal. Al consultar a algunas de las alcaldías, estas aclararon que los trabajos no se habían realizado.
En las primeras auditorías especiales aparecen diputados que habían sido investigados, imputados y en algunos casos, sobreseídos por delitos de corrupción y en algunos casos, se logró identificar a los diputados gestores de los proyectos, como fue el proyecto fumigación y combate al dengue en los municipios de Marcovia, Morolica, Apacilagua, Namasigüe, San Isidro, San José y El Corpus en el año 2013, gestionado por el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Cabe señalar que Francisco Morazán es el único departamento que tuvo informes remitidos al Ministerio Público, seis de los nueve informes, elaborados por la misma persona.
Todos los informes de auditoría fueron firmados y aprobados por el magistrado José Juan Pineda, cuando la presidencia del TSC en 2019 estaba a cargo del magistrado Roy Pineda.
Ante los resultados, la ASJ recomendó un registro público e independiente de Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones o asociaciones que ejecutan fondos públicos y autónomos con propio sistema de fiscalización
También, derogar o adecuar a la convencionalidad constitucional la Ley Especial de Fondos Públicos
Además, intervenir la Dirección de Auditorías Especiales del TSC mediante una comisión independiente e interpelar a los magistrados del TSC y garantizar el derecho a la verdad de la población. (RO)
