Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Más de 20 días pasaron desde que el Legislativo derogó la Ley de Secretos, misma que fue sancionada y publicada este miércoles en el diario oficial La Gaceta para que por fin sea ley de la República.
La derogación de la Ley Secretos, uno de los logros más recientes en defensa de la libertad de expresión, una exigencia de la sociedad civil, abre el paso para un mayor fortalecimiento de la garantía constitucional de la libertad de expresión en su artículo 72, ante la iniciativa de incorporar a esa figura el acceso a la información, además de elevar a rango constitucional el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),el ente que regula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La llamada Ley de Secretos Oficiales, fue una normativa que no solo limitó en sus competencias al IAIP—único autorizado por la ley de transparencia para clasificar información reservada o secreta—también lesionó la libertad de expresión al limitar el acceso a información de interés público que permita seguir la ruta del dinero o conocer información vinculada a la toma de decisiones trascendentales para un país y su población, siendo las decisiones tomadas en la pandemia, uno de los mayores ejemplos de opacidad, por citar un caso.
Desde su aprobación en el 2014, la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida popularmente como “Ley de Secretos Oficiales”, fue más allá de su espíritu original, y en su nombre, las autoridades del gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hernández, clasificaron todo lo que estimaron sensible, más allá de los temas de defensa y seguridad.
Así entraron bajo el concepto de información reservada y secreta, las primeras 17 instituciones del Estado al amparo de la ley de secretos, algunas de estas instituciones estaban ligadas a hechos de corrupción como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
A esa lista siguieron otras, pero se desconoce a ciencia cierta cuánta información pública del país fue calificada como secreta, pues quedó a discreción de quienes manejaban la ley de secretos: el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Alguna información se supo que era secreta por las peticiones de acceso a información que hacía la prensa hondureña, las opiniones vertidas por el IAIP o la declaración de un funcionario público que invoca la Ley de Secretos para negarse a rendir cuentas.
Información relacionada con el presupuesto y manejo de la tasa de seguridad, por ejemplo, no solo fue declarada secreta por esta Ley, también por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, última que invocó para ello la Ley de Inteligencia. Este es un fallo de relevancia en materia de libertad de expresión y acceso a la información, pues es la primera vez en la historia del país que el poder judicial otorga la garantía de amparo a un ente gubernamental, cuando la Constitución expresa que la garantía de amparo—como derecho constitucional—abarca solo a las personas naturales y jurídicas.
El Estado no puede ampararse a sí mismo
Con la derogación de la Ley de Secretos Oficiales, como promesa de campaña del actual gobierno, se espera que la ciudadanía pueda ejercer su derecho constitucional de petición, pero deberá estar consciente que no habrá una desclasificación automática, pues deberá armonizarse esa derogatoria con otras 17 leyes que bloquean el acceso a información, según han explicado los juristas.
Garantía de acceso a la información
En tanto, para evitar nuevas discrecionalidades que limiten el acceso a la información, el derecho de y a la información, y la libertad de expresión, se introdujo al Congreso Nacional una iniciativa orientada a elevar el acceso a la información pública a rango de garantía constitucional al agregar esa figura a la garantía de libertad de expresión en el artículo 72.
Como parte de la progresividad de la doctrina humanitaria, el derecho de acceso a la información se está convirtiendo en una herramienta fundamental para que el ciudadano a través de su uso haga valer sus derechos frente al estado.
Siguiendo el principio de publicidad que rige normalmente el funcionamiento de las instituciones públicas, toda la información en manos del Estado debería ser pública; de no ser así, debe existir una ley de acceso a la información que asegure dicha publicidad, sostienen los expertos en materia de acceso a la información.
La iniciativa parlamentaria busca precisamente garantizar ese derecho como una garantía constitucional, es decir, que no pueda ser derogada por una norma secundaria, ya que las garantías constitucionales no pueden ser eliminadas, solo reforzadas para un mayor fortalecimiento del Estado de Derecho.
El derecho de acceso a la información, como parte del Derecho a Saber, al ser a rango de garantía constitucional vendrá a robustecer la libertad de expresión y ofrecer a la ciudadanía, y población en general, mecanismos que permitan a los Estados ser más transparentes en su rendición de cuentas.
El derecho de acceso a la información contempla dos aspectos fundamentales, el primero, la Transparencia Proactiva, que es la obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas.
El segundo, la Transparencia Reactiva, que es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria.
La comisión dictaminadora del proyecto de reforma constitucional orientado a fortalecer la libertad de expresión, que conduce la congresista y vicepresidenta del congreso nacional, Fátima Mena, contempla también elevar a rango constitucional, en esa misma reforma, al IAIP, el ente que regula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde hace más de una década.
El IAIP a rango constitucional
El propósito se centra en evitar que este organismo nuevamente sea limitado en sus funciones, como lo fue con la Ley de Secretos, ya derogada, pero que impidió dar respuestas oportunas a peticiones de información pública, e incluso, fue objeto de rebajas presupuestarias y limitaciones para acceder a información de interés público propias de su competencia.
Como ente regulador de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el IAIP tiene entre su mandato impulsar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas, pero ello no ha sido posible por las limitaciones presupuestarias y de elección de quienes han estado al frente de ese organismo, sometidos en principio a escándalos, renuncias e inestabilidad.
Ahora que el gobierno del bicentenario que prometió en su campaña para llegar al poder, potenciar la lucha contra la corrupción y la impunidad, instalando nuevamente en el país una misión internacional que contribuya al combate de la corrupción y al fortalecimiento institucional, el papel del IAIP será clave para ir desmontando la cultura de la opacidad. El IAIP al alcanzar la garantía de rango constitucional, garantiza también que pueda ser eliminado por cualquier gobierno que se sienta incómodo con la ley de transparencia.
Honduras, según el Latinobarómetro 2021, la libertad de expresión es una de las garantías más debilitadas, el clima para ejercerla no es el más propicio. Con un puntaje de 38% de valoración, la libertad de expresión ha venido de capa caída en los últimos años en el país, siendo los periodistas, defensores humanitarios y ecologistas, los más golpeados. En el caso de la prensa, el número de periodistas, comunicadores sociales y afines a la comunicación social asesinados llega casi al centenar, la mayoría de los casos en impunidad.
La Ley de Secretos fue durante su vigencia uno de los mayores obstáculos que tuvo que enfrentar la prensa pues fueron declarados secretos desde viajes, además de presupuestos sobre gastos en compras de emergencia en la pandemia o las emergencias climáticas. (PD)
