Tegucigalpa – Alrededor de 50 días pasaron desde que se aprobó en el Congreso Nacional el llamado Decreto de Amnistía para los Presos Políticos, Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009, figura que ha servido para “limpiar” causas penales a varios exfuncionarios, algunos de ellos que se fueron del país y otros que permanecían en las ergástulas penitenciarias.
– El exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, figuran entre los favorecidos por el indulto.
– Los constantes reclamos para que la Amnistía sea reformada se han ido apagando, mientras se siguen beneficiando altos excargos de la administración público.
La aprobación del polémico decreto fue criticada por amplios sectores de la sociedad, ya que a juicio de ellos, la pretensión era liberar de juicios a los funcionarios y empleados durante el mandato del expresidente Manuel Zelaya (2006- 28 de junio 2009) por cargos de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y otros.
La Ley que se aprobó la noche del pasado 2 de febrero, como parte de los objetivos en materia penal y política tenía como meta beneficiar -según los expertos- a varios funcionarios del gobierno del Poder Ciudadano.
Apenas dos días después de la aprobación del decreto -el 4 de febrero- el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, dijo que se reunirían de emergencia para analizar los alcances de la Amnistía y proponer las reformas si fueran necesarias.
Desde su vigencia, varios perseguidos políticos se han acogido al indulto, muchos de éstos personas de a pie que fueron procesados por participar en una protesta por situaciones políticos.
Sin embargo, también han sido evidentes otros personajes exaltos cargos del Poder Ciudadano que fueron imputados por delitos de corrupción. Al exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, se le “limpiaron” cinco causas pendientes en los Tribunales de la República.
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Flores Lanza finalmente ingresó este viernes a Honduras luego de permanecer siete años en fuera del país amparado en una presunta persecución política. El exfuncionario fue recibido por caravanas de Libre, quienes lo resguardaron desde el punto fronterizo de Las Manos hasta su llegada a la capital del país.
El otrora hombre fuerte en el gobierno del Poder Ciudadano fue recibido con todos los honores en Casa de Gobierno, donde le prepararon una bienvenida al país.
Otro de los beneficiados fue el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, a quien hasta ahora ha sido absuelto en varios procesos penales bajo el amparo del Decreto de Amnistía.
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Asimismo, el exfuncionario del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), César Arnulfo Salgado Sauceda, recibió una carta de libertad cobijado en el cuestionado indulto.
El único exalto funcionario que no se ha beneficiado con el decreto es el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien ha recibido dos negativas en igual cantidad de procesos.
La polémica Amnistía también ha sido impugnada en los tribunales. La jueza Karla Romero fue la primera en presentar un recurso de inconstitucional, en tanto en las últimas horas un grupo de jueces del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula hicieron lo propio.
Reforma la próxima semana
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, reveló a Proceso Digital que el próximo martes estarán presentando en la Cámara la reforma al Decreto de Amnistía para Presos Políticos.
Explicó que se elaboraron dos propuestas de reformas, las que se están conjuntando para presentar una sola la próxima semana.
Umaña no quiso ahondar en el contenido de la reforma, pero señaló que los jueces tendrán mayor interpretación para aplicar el decreto. “El objetivo inicial era que el juez tuviera su independencia y juzgará qué es político y qué no es político, entonces creo que son esta reforma quedará dilucidado el tema”, manifestó.
El parlamentario del PSH, insistió que la discrecionalidad de los jueces siempre será fundamental para aplicar el indulto.
Ejemplificó los casos conocidos en los tribunales de San Pedro Sula, donde los jueces han negado la aplicación del decreto al exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri por considerar que se trató de sucesos ocurridos antes del golpe de Estado de 2009.
Amnistía, arma de doble filo
El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, dijo a Proceso Digital que lo aprobado por el Congreso, en ningún momento representó un “cheque en blanco” y que las consideraciones de los jueces siguen siendo fundamental para aplicar el Decreto de Amnistía.
Reflexionó que el tema de las amnistías siempre son armas de doble filo porque pueden ser aprovechadas por políticos inescrupulosos.
Expresó que “una cosa es que se haya cometido un error con determinados personajes, es decir utilizar la Corte Suprema de Justicia para torturar judicialmente a sus opositores políticos, eso es una cosa, pero otra es que las personas hayan cometido ilícitos”.
Jari Dixon dejó claro que si en la actual administración, funcionarios de Libre cometen actos de corrupción o crimen organizado “todos ellos van a tener que pagar, no soy de los que voy a andar en la calle protestando por un funcionario encontrado culpable de robarse el dinero del pueblo”.
“Los compañeros del PSH (Partido Salvador de Honduras) iban a presentar la reforma, pero no lo han hecho, escuché a varios diputados de ese partido decir que lo iban a hacer, sin embargo eso no ha ocurrido en la Cámara”, expresó.
Consultado sobre la forma en que se ha aplicado el Decreto de Amnistía, Dixon respondió que “cuando se habla de procesos penales o de cualquier otro proceso judicial, especialmente los que somos abogados, difícilmente vamos a dar una opinión, si no hemos visto o analizado el expediente”.
Refirió que en los casos en que se han pronunciado los jueces para aplicar la Amnistía, nadie conoce los expedientes. “Quien lo conoce y lo analiza a profundidad es el juez, el fiscal y el defensor del imputado, entonces mi interpretación es que la Amnistía no es un cheque en blanco y por lo tanto al final es una decisión propia del juez”, arguyó.
Dixon citó que uno de los ingredientes esenciales para aplicar el decreto es la persecución política, “si el juez que hay elementos probatorios suficientes para determinar que esa persona cometió un delito, entonces no se le aplica la Amnistía, así de simple”.
El congresista de Libre, mencionó el caso del exalcalde sampedrano, Rodolfo Padilla Sunseri, a quien el juez designado para llevar a cabo la audiencia Adhoc no consideró que aplicaba para gozar con el indulto aprobado por el Congreso Nacional.
Se esperaba mayor celeridad
La directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, manifestó que se esperaría mayor prioridad en el proceso de reformar el Decreto de Amnistía que ya dejó en libertad a varios procesados por la justicia.
“Sí esperamos mayor prioridad en este tipo de procesos, sobre todo porque son procesos que no deberían de costar más allá de dos semanas”, manifestó Elvir a Proceso Digital.
Recordó que ha transcurrido más de dos semanas desde que se anunció un proyecto de reformas a la Amnistía, pero que no ha visto acciones en el hemiciclo legislativo.
Elvir reconoció que los diálogos, negociaciones y acuerdos son complejos, pero que en el marco de generar acciones contra la corrupción debe ser un tema prioritario en el Congreso Nacional.
Señaló que la actual clase política dominante no está demostrando su interés de luchar contra la corrupción y la impunidad que anualmente le roba 70 mil millones de lempiras.
La dirigente de sociedad civil, remarcó que mientras no se reforme desde el Congreso Nacional la Amnistía, los jueces continuarán aplicando la normativa jurídica.
“No es la mejor carta la que estamos presentando a nivel internacional porque ya eran acusaciones firmes, había pruebas demostradas por delitos”, subrayó Elvir con respecto a procesos penales contra personajes políticos que han sido beneficiados con el indulto.
Respecto al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la jueza Karla Romero, así como otro que presentaron jueces en el norte del país, dijo que es importante agotar las instancias legales.
Quieren abarcar a otras personas
De su lado, el director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, analizó que la correlación de fuerzas de Libre no ha permitido que el decreto sea reformado como se anunció desde hace unas semanas.
Explicó que la Amnistía aún no ha cumplido su propósito de beneficiar a todas las personas para las que se creó el indulto. “No se ha cumplido el propósito y por el hecho que sigue vigente el decreto hace falta que abarque a otras personas”, reflexionó.
El dirigente de sociedad civil, detalló que la aplicación de la norma no radica en el criterio del juez, “las buenas prácticas internacionales en estos procesos de amnistía es que se conforma una comisión de amnistía y es interinstitucional, donde además hay actores de la cooperación internacional”.
Para finalizar, Ramírez reseñó que “este problema de las amnistías es histórico y prácticamente se han producido desde los tiempos de Tiburcio Carías, seguimos con esa visión retrógrada del Estado y la ley se manipula con visión de los intereses del momento”. PD
