Tegucigalpa – El relacionador público del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que el juez decretó auto de apertura a juicio al diputado del Partido Nacional, Román Villeda Aguilar en el caso conocido como Pacto de Impunidad.
“Han decretado auto de apertura de juicio oral y público al parlamentario Román Villeda Aguilar por delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad por violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública”, dijo Silva a periodistas.
Señaló que será desarrollado en un tribunal de sentencia designado por el Pleno de Magistrados dado al alto cargo que ostenta el imputado.
Además, el vocero señaló que el juez declaró sin lugar la solicitud del Ministerio Público de acusar al diputado por el delito contra la forma de Gobierno en perjuicio de la seguridad exterior del Estado.
También fue rechazada la petición de sobreseimiento definitivo que planteó la defensa del parlamentario en la audiencia inicial argumentando que no concurre conforme al artículo 296 del Código Procesal Penal.
Asimismo, el juez ordenó a ambas partes que se presenten en un plazo de cinco días se apersonen en los tribunales para indicar la dirección exacta para que le lleguen las notificaciones.
El Tribunal designado decidirá cuándo será el día, la fecha y la hora para que se desarrolle el juicio oral y público.
El caso de Pacto de Impunidad se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), del Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra cinco exdiputados, en el caso denominado “Red de Diputados”.
El requerimiento señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley General de Presupuesto aprobada mediante decreto legislativo 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.
La modificación incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados provocando la imposibilidad de comenzar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos mientras no culminaba la investigación por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en un plazo de tres años.
