San Salvador – El partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda), con minoría en la Asamblea Legislativa, señaló este martes que la destitución de los cinco magistrados constitucionales es un «golpe sin precedente a la democracia» del país.
El instituto político, que de 23 diputados pasó a tener solamente 4 en este nuevo período legislativo 2021-2024, condenó y rechazó lo sucedido el sábado en el Congreso, de mayoría oficialista, durante la primera sesión en la que, además de la destitución de los magistrados, también se votó por la destitución del fiscal general.
«Este golpe a la democracia sin precedente representa uno de los más graves atentados contra el sistema constitucional y sumerge al país en una alarmante crisis política y jurídica que amenaza con más abusos, violaciones, excesos, impunidad y persecución política en El Salvador», indicó el FMLN en un comunicado divulgado este día.
El partido opositor calificó como un «golpe de Estado los actos ilegales protagonizados por el presidente (Nayib) Bukele y su grupo parlamentario», Nuevas Ideas (NI), que cuenta 56 diputados de los 84 en el Parlamento.
El FMLN llamó a la comunidad internacional a dar seguimiento a la situación política del país centroamericano y a «condenar todo tipo de hecho que atente contra la democracia».
El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y, como primera acción, votara la destitución de los magistrados con los que el presidente Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.
Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó este martes sobre una «alarmante tendencia hacia la concentración de poderes» en El Salvador, después de que el Legislativo nacional destituyera sin el debido proceso a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.
«Quiero recordar a todas las autoridades estatales la necesidad de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional para restaurar el Estado de derecho y la separación de poderes», subrayó la expresidenta chilena en un comunicado.
Las recientes destituciones «socavan gravemente la democracia y el Estado de derecho», al debilitar la separación de poderes, agregó Bachelet. JP
