El grupo es integrado por la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Red Probidad, Instituto de Investigación y Acción Cívica (INAC) y Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El pronunciamiento fue formulado tras las recientes querellas judiciales promovidas contra de los periodistas Carlos Mauricio Flores de Diario El Heraldo, Rossana Guevara, Renato Alvarez del Noticiero TN5, Melissa Amaya, Juan Carlos Fúnez de Radio Cadena Voces y Nelson Fernández de Diario La Prensa.
El Congreso Nacional, de 128 miembros, aprobó por unanimidad una resolución de condena a la acción judicial y respaldo a los comunicadores, a propuesta de la diputada y periodista Ilsa Díaz, del opositor Partido Nacional.
Diputados de varias tendencias políticas, entre ellos el presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, del gobernante Partido Liberal, expresaron durante el debate su apoyo al ejercicio de la libertad de prensa en Honduras.
El estatal Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio; los colegios de Periodistas y de Abogados de Honduras, y la no gubernamental Fundación Democracia Sin Fronteras, entre otros, también se pronunciaron en favor de los afectados.
El Parlamento de Honduras y otros sectores condenaron hoy las querellas contra seis periodistas interpuestas por el gerente de la empresa telefónica estatal, Marcelo Chimirri, por divulgar denuncias de corrupción contra él.
El Congreso Nacional, de 128 miembros, aprobó por unanimidad una resolución de condena a la acción judicial y respaldo a los comunicadores, a propuesta de la diputada y periodista Ilsa Díaz, del opositor Partido Nacional.
Diputados de varias tendencias políticas, entre ellos el presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, del gobernante Partido Liberal, expresaron durante el debate su apoyo al ejercicio de la libertad de prensa en Honduras.
El estatal Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio; los colegios de Periodistas y de Abogados de Honduras, y la no gubernamental Fundación Democracia Sin Fronteras, entre otros, también se pronunciaron en favor de los afectados.
“Externamos nuestra profunda preocupación, ante la utilización abusiva de acciones judiciales contra los periodistas anteriormente mencionados como método para obstruir la opinión y la investigación sobre la gestión pública, lo que está en evidente contradicción con el derecho de participación y con la auditoría social de la ciudadanía sobre quienes asumiendo cargos o funciones como servidores del Estado quedan sujetos a una mayor vigilancia por parte de la sociedad”; señalan las organizaciones en un comunicado.
Agregan que “nos preocupa igualmente el silencio u omisión del Estado en su deber de velar por el respeto de esos derechos ciudadanos y la observancia de normas de conducta ética en la función pública que impelen a desautorizar a todo servidor público intolerante a la crítica y a la difusión de información sobre asuntos de interés general”.
La coalición explicó que la tutela del derecho de libertad de expresión e información está regulada en varios tratados internacionales suscritos por Honduras y el ejercicio y goce de estos derechos se extiende al derecho irrestricto de no ser molestados a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, en su Informe Anual 2006, recomendó además “derogar de las legislaciones el delito de desacato y modificar las disposiciones pertinentes de los códigos penales y leyes relacionadas, a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor o reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público.
Ante los hechos antes mencionados, los denunciantes hicieron un llamado al presidente Manuel Zelaya Rosales “para que rechace con firmeza toda actitud de intolerancia de los funcionarios y empleados del Gobierno a la crítica sobre la gestión pública y toda intimidación o amenaza a los comunicadores sociales, a través del abuso en el ejercicio de este tipo de acciones judiciales, por ser incompatibles con el Estado de Derecho”.
También exhortaron al Congreso Nacional y especialmente a su presidente, Roberto Micheletti Baín, quien recientemente en representación del Estado de Honduras participó en la aprobación de la Declaración de Chapultepec, para que proceda a despenalizar las figuras de calumnia, injuria y difamación y diferir la responsabilidad de las mismas al ámbito civil, como lo aconseja la tendencia internacional bajo la doctrina de la “malicia efectiva”.
“Con el respeto debido a la alta investidura e independencia judicial, exhortamos a la Corte Suprema de Justicia, a quien le corresponde juzgar estas acciones, actuar en consonancia con el respeto al principio del debido proceso, objetividad e imparcialidad; aplicando los Tratados y Convenciones Internacionales sobre la materia, encaminándose a la producción de jurisprudencia, para establecer precedentes de tutela en el goce y ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información”, concluyen.
