«Mañana no hay ninguna actividad de protesta», anunciaron a la prensa el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Sergio Rivera, y el dirigente campesino Marco Tulio Cartagena.
«La Coordinadora, en su momento, va a convocar a una acción más contundente», adelantó Rivera, cuya organización integra la CNRP junto a otras agrupaciones como el magisterio, los sindicatos, los campesinos, los indígenas y los estudiantes.
Sin embargo, el dirigente aclaró que mañana, al igual que hoy, tampoco habrá clases en el sector público porque «el magisterio va a ir» al sepelio de Lara, lo que dejará sin clases a más de dos millones de alumnos de primaria y secundaria en todo el país.
Lara fue muerto de un balazo en el tórax por un automovilista que disparó contra una manifestación, «enojado» porque se le impedía el paso, en la colonia «6 de mayo», sector de Macuelizo, Santa Bárbara (oeste).
La Policía capturó minutos después al sospechoso de la muerte del maestro, que resultó ser Andrés Chinchilla, propietario de un hotel en la ciudad de La Entrada (Copán).
El ministro de Educación, Marlon Brevé, expresó a la prensa su pesar por la muerte del docente.
Dirigentes de las protestas confirmaron a la prensa que ya han desalojado, sin intervención policial, todos los tramos de carreteras que se habían bloqueado desde la madrugada de hoy.
La CNRP aseguró que se movilizaron unas 60.000 personas, unas 15.000 de ellas en Tegucigalpa, pero según la Policía fueron menos de 6.000 en todo el país.
Entre otras demandas, la CNRP exige la derogación de leyes de aguas, minería, forestal, modernización agrícola y telecomunicaciones, y la emisión de nuevas legislaciones consensuadas que garanticen un beneficio para las mayorías.
También rechaza la construcción de centrales hidroeléctricas y demanda tierra para los campesinos, la depuración de la Policía, el castigo a funcionarios corruptos, el control de precios de los productos básicos y el fortalecimiento de las empresas estatales.
La Coordinadora rechazó dialogar con una comisión gubernamental que nombró el presidente Manuel Zelaya, encabezada por el canciller Milton Jiménez, y exigió que sea con el propio gobernante.
Las autoridades desmintieron una denuncia de la Confederación Hondureña de Trabajadores (CTH), que aseguró que las protestas fueron financiadas por el propio Gobierno para provocar condiciones que justificaran el «continuismo» de Zelaya.
