Mediante un comunicado, la agrupación de granjeros sostuvo que desde que se implementaron las leyes de reforma migratoria estatal en agosto del 2006, por lo menos 9.000 trabajadores agrícolas hispanos dejaron Colorado.
Según Mick McAllister, portavoz de los granjeros, el problema afecta ante todo a los productores de frutas y verduras y, si la solución no llega con prontitud, se corre el riesgo de que este año no haya suficiente mano de obra disponible como para preparar los campos para la siembra.
Y, si los trabajadores no llegan y el problema se repite durante los próximos cinco a diez años, «la industria de la fruta y la verdura desaparecerá de Colorado», y esos bienes de consumo tendrán que ser importados desde países de América Latina, comentó McAllister.
El portavoz indicó que los granjeros están a favor del proyecto de ley HB08-1325, impulsado por el senador estatal Abel Tapia (demócrata de Pueblo) y por la representante estatal Marsha Looper (republicana de Calhan), para contratar a trabajadores mexicanos.
Esa propuesta pide que el gobierno de Colorado contrate a más personal administrativo para su Departamento de Trabajo y que se firme un acuerdo con las autoridades federales y con el gobierno de México para acelerar el procesamiento de las visas agrícolas H-2A y reducir ese trámite a no más de 45 días.
Pero esta medida ya fue enmendada 26 veces desde que fue presentada en la legislatura de Colorado el 4 de febrero pasado, y aunque finalmente sea aprobada, sólo permitiría la llegada de mil trabajadores mexicanos por año durante un máximo de cinco años.
Las afirmaciones de McAllister fueron corroboradas por varios productores agrícolas.
Según Dewey Zabka, dueño de Martin Produce en Greeley, la falta de trabajadores agrícolas es «un problema muy grande» y «un asunto muy serio» que puede llevar al cierre de los negocios.
Para Andy Grant, de Grant Farms en Wellington, la coyuntura es «desesperante».
Ambos granjeros indicaron que el problema surge de la combinación de nuevas leyes migratorias en Colorado, un aumento de las redadas de inmigración en el norte y el oeste del estado, más multas y controles para evitar la contratación de indocumentados y un sistema de visas temporales complicado y costoso.
