Se aleja posibilidad de amnistía para el ex presidente Zelaya

En un pronunciamiento público, a escasas horas de que arribe al país una delegación de cancilleres de la OEA, a fin de destrabar la propuesta de San José que apunta a una salida negociada a la crisis política hondureña, el pleno de la corte suprema presentó un análisis jurídico y doctrinario en donde destaca que no es tan fácil un “borrón y cuenta nueva”, como suponen los seguidores de Zelaya y la comunidad internacional.

La delegación de cancilleres, una de las últimas ofensivas diplomáticas de la comunidad internacional, viene a entrevistarse con el presidente interino, Roberto Micheletti para consensuar los Acuerdos de San José, que en sus once puntos indican un retorno condicionado de Zelaya al gobierno, no así al poder, además de una amnistía política y la integración de un gabinete con representantes de los cinco partidos políticos, por lo que resta del mandato del ex presidente Zelaya a enero del 2010.

También prevé la conformación de una comisión de la verdad para investigar los hechos previo y posterior al 28 de junio, además de una comisión de verificación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, que entre otras de sus partes, contempla la renuncia de Zelaya a cualquier insinuación a reformas a la constitución de la república, así como a una asamblea constituyente.

La misión de cancilleres, estará compuesta por el secretario de Estado de Canadá para Asuntos Exteriores en el continente americano, Peter Kent; y los cancilleres de Argentina, Jorge Taiana; Costa Rica, Bruno Stagno; Jamaica, Kenneth Baugh; México, Patricia Espinosa; República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, y Panamá, Juan Carlos Varela.

Acuerdos no deben ser al margen de la ley El gobierno interino ha mostrado su anuencia al diálogo, pero ha sido firme en indicar que el retorno de Zelaya debe darse siempre y cuando el ex gobernante se presente para rebatir ante los tribunales de justicia los delitos que se le imputan. De momento, no visualizan en sus metas un retorno de Zelaya al solio presidencial. Micheletti y la comisión negociadora en el marco de los Acuerdos de San José, que impulsa el presidente costarricense, Óscar Arias, en aval con la comunidad internacional, remitió hace más de tres semanas, la propuesta de Arias, a fin de que cada poder del Estado o institución implicada emita su opinión acerca de la viabilidad o no de la misma. La mayoría de las partes se han pronunciado, y para el caso, el Congreso Nacional dijo que la posibilidad de una amnistía política para Zelaya estaría sujeta al “consenso” de las partes en pugna y la firma del acuerdo respectivo para proceder ellos a valorar el mecanismo a utilizar. No obstante, ha sido el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que han emitido una opinión fundamentada a nivel doctrinario y legal. En cuanto a la amnistía política para el ex gobernante y sus seguidores, la Corte Suprema indicó que cualquier cosa que se haga debe estar en el marco de la Constitución y la Ley. “La única forma de finalizar o suspender estos procesos penales es de conformidad con lo regulado en nuestra legislación procesal penal, de tal suerte que un arreglo de carácter político debe pasar necesariamente por el respeto a la legalidad y al control jurídico”, señala en su posición la Corte Suprema de Justicia.

Delitos a Zelaya deben seguir su curso

Indicó que los juicios incoados por delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones deben ser llevados a cabo, caso contrario “sería un contrasentido que la búsqueda y la construcción de un acuerdo en un estado de derecho se haga violentando o dejando a un lado la Constitución y las leyes”.

Ello en lo concerniente al tema de la amnistía política, pero al referirse a un “retorno condicionado” de Zelaya como propone el Acuerdo de San José, el poder judicial advierte que existen acciones penales incoadas por el ministerio público y no pueden obviarse a la sombra de “acuerdos políticos” y que en apego a una estricta legalidad, “mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría (el ex presidente Zelaya y sus ex funcionarios) que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal”.

La Corte Suprema de Justicia ha sido muy directa en resaltar que ningún acuerdo, por muy bueno que parezca, puede estar al margen de la ley y la constitución hondureña, lo que pone al gobierno de transición de Micheletti en la búsqueda de nuevas opciones políticas de salida a la crisis cuando aborde éste y otros puntos con la delegación de Cancilleres de la OEA.

Para los simpatizantes de Zelaya, agrupados en el Frente Nacional de Resistencia, la visita de los cancilleres de la OEA representa una de las últimas ofensivas diplomáticas a favor del ex gobernante, ya que el 29 de este mes, inicia el banderillazo para la campaña electoral y cualquier capacidad de maniobra de la comunidad internacional podría verse como un intervencionismo directo en una nación que estaría llevando su propio proceso electoral convocado previamente a los acontecimientos del 28 de junio, que culminaron con la escabrosa salida de Zelaya del poder.

“Zelayistas” arrecian presión a Micheletti De ahí que los integrantes de la resistencia redoblen esta semana su ofensiva a favor del regreso del ex mandatario, donde están convocando nuevamente a marchas en las cuales los maestros se sumarán los días lunes y martes para retornar a clases de miércoles a viernes. Como preámbulo de sus actividades, este domingo sostuvieron un concierto en los predios universitarios, violentado una disposición de las máximas autoridades del alma máter a nivel de Junta de Dirección y Rectoría, que indicaban que las instalaciones académicas sólo podrían ser utilizadas para actividades eminentemente académicas y no con fines políticos que comprometan la posición universitaria como garante del diálogo y el debate reflexivo que ha sostenido hasta ahora. Grupos musicales nacionales e internacionales animaron el concierto de los zelayistas, mientras algunos de sus dirigentes expresaban que esta semana era “decisiva” para la resistencia que cada vez observa como se alejan las posibilidades reales de que vuelva Zelaya. En paralelo, preparan la visita de dos días al país del juez español, Baltasar Garzón, así como de la Secretaria del Tribunal Penal Internacional, como otro de los mecanismos para “meter presión” a Micheletti y su gobierno, que junto con los militares y el resto de políticos, buscan ser “intimidados” ante una posibilidad de que éstos grupos los lleven al tribunal penal internacional para acusarlos por delitos de “genocidio”, algo que fue descartado por la reciente Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que si bien registró violaciones a los derechos humanos, no encontró “las decenas” de muertes, los “campos de concentración” ni el “holocausto” en derechos humanos denunciados por organismos humanitarios locales, internacionales y ciertos medios de prensa afines al ex gobernante hondureño. Del lado, del gobierno transitorio, la vicecanciller interina, Martha Lorena Alvarado, declaró a medios internacionales de prensa, que en la visita de los cancilleres de la OEA, “yo quisiera que se termine la dialéctica de estar tratando de convencer al mundo de lo que pasó aquí”, tras subrayar que el reto inmediato para Honduras “son las próximas elecciones”. La vicecanciller instó a ver “para adelante, qué vamos a hacer: vienen las elecciones, hay que fortalecer más la institucionalidad, aplicar la ley, combatir la corrupción. Ese es el reto de este Gobierno, que es temporal, y de los políticos”. Honduras tendrá así una semana muy agitada en términos diplomáticos, ya que la comisión negociadora que estuvo en Washington los últimos diez días para evaluar el alcance de los Acuerdos de San José, suspendió a último momento una rueda de prensa convocada al término de su viaje este fin de semana.