Desde 1996, Honduras ha recibido al menos 93 millones de dólares en ayuda militar y policial de EEUU
Durante una rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, reiteró la postura del Gobierno de EEUU en el sentido de que siempre ha presionado a Honduras sobre los derechos humanos y la libertad de prensa.
«De manera constante hemos pedido investigaciones prontas y creíbles de estos casos. También hemos enviado a algunos de nuestros asesores fiscales y de investigación a Honduras para intentar ayudarles con algunos de estos asuntos», señaló Nuland.
La portavoz dijo, sin embargo, que al Gobierno de EEUU le preocupa el hecho de que «la propuesta particular pide la eliminación de toda la ayuda a Honduras».
«Creo que saben que Honduras es la capital del homicidio en el mundo en estos momentos, de acuerdo con el número de incidentes per cápita, particularmente en Tegucigalpa. Así es que el dinero que damos en ayuda a Honduras se centra principalmente en el imperio de la ley, la lucha contra la criminalidad, el fortalecimiento de la policía, programas antinarcóticos, de derechos humanos y de democracia», precisó.
La propuesta de los congresistas, a su juicio, es un «instrumento relativamente contundente, especialmente por las otras preocupaciones» que EEUU tiene de Honduras.
«Nuestro rumbo de acción preferido es continuar hablando claro y enviar asesores y otra ayuda para ayudarles a mejorar el sistema», puntualizó Nuland.
Sin embargo, en la carta que 94 líderes de la Cámara de Representantes de EEUU le enviaron el lunes pasado a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, estos pedían concretamente la suspensión de la ayuda militar y policial a Honduras y que se presione por la protección de los derechos humanos en ese país.
Honduras, que desde 1996 ha recibido al menos 93 millones de dólares en ayuda militar y policial de EEUU, figura entre los cinco países más violentos del mundo, según Naciones Unidas.
Activistas de los derechos humanos en EEUU han denunciado la situación de riesgo que afrontan defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión, incluyendo líderes campesinos y periodistas.
El asunto ha vuelto a la palestra tras el asesinato de un locutor de radio el domingo pasado en el departamento caribeño de Colón.
