Tegucigalpa – La lucha contra las drogas en el llamado Triángulo Norte de América Central, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, ha llevado a los barones de la droga a tejer una especie de alianza para repeler ataques, generar conflictos y fortalecer su negocio para su comercialización en el mercado de Estados Unidos como consumidor principal.
Los carteles parecen estar moviéndose, pero los Estados de estos tres países también, pues en los últimos tres meses han atacado al crimen organizado no sólo desmantelando estructuras, sino que con fuertes mecanismos legales en la aprobación de leyes más duras, extraditando personas y peinando con sendos operativos uniformados las zonas donde se presume operan con más impunidad.
El diario guatemalteco Prensa Libre, informó el martes 2 de este mes, que los carteles mexicanos, colombianos y guatemaltecos se estarían reuniendo para conformar una alianza estratégica para fortalecer sus estructuras en la distribución y comercialización de la droga.
Entre los carteles mexicanos se señala a los de El Golfo, Sinaloa y Los Caballeros Templarios, con sus redes guatemaltecas de distribución, asesorados por los narcotraficantes colombianos, cita el diario.
Honduras decidida
La búsqueda de esa alianza se asemeja a la que recientemente informó el diario mexicano Reforma, sobre una presunta reunión en junio en la región de Río Piedras, en Coahuila, de potentes carteles regionales para conjuntar esfuerzos que les permitan repeler los ataques en la lucha antidroga del gobierno de México.
En Honduras, cuerpos antidrogas indicaron extraoficialmente a Proceso Digital que también se han monitoreado reuniones de los carteles locales para conjuntar mecanismos de lucha ante una de las mayores embestidas registradas en su contra por parte del actual gobierno hondureño.
Estas reuniones, sostienen, se intensificaron luego de la extradición del hondureño Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo a Estados Unidos, donde se declaró culpable de narcotráfico ante tribunal federal, así como a raíz de las últimas designaciones hechas por Washington a presuntos integrantes de grupos criminales hondureños.
El gobierno del presidente Hernández ha dado muestras de firmeza en cuanto al combate de la criminalidad organizada no sólo en materia de extradiciones, sino que también en aseguramiento e incautaciones a importantes sectores que se presumen ligados a actividades ilícitas procedentes del crimen organizado.
La Ley de Privación de Dominio ha permitido que el Estado se mueva con mayor agilidad en estos casos. Como ejemplo, se ha valorado en más de 150 millones de lempiras los bienes de “El Negro” Lobo, como parte de las incautaciones hechas.
Los golpes en San Salvador
En El Salvador, las autoridades del Ministerio Público también están haciendo lo suyo y han pedido desaforar a un diputado de uno de los partidos minoritarios de ese país por el delito de lavado de dinero por un monto de 10 millones de dólares.
El fiscal general, Luís Martínez, pidió al parlamento despojar de la protección constitucional al parlamentario suplente, Wilver Alexander Rivera Monge, de quien se presume tiene nexos con el empresario Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, identificado como “El Repollo”, deportado de Guatemala en marzo de este año y quien se supone dirige una red de narcotráfico que enviaba dinero a Costa Rica y Panamá para comprar cocaína que luego almacenaba temporalmente en sus ranchos de playa y fincas.
La Fiscalía aduce tener pruebas en contra del parlamentario al afirmar que sus cuerpos de investigación vienen trabajando desde hace ocho meses en este caso, por el cual han sido detenidas ya la esposa y el hijo del parlamentario.
En paralelo, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén se dispone a sancionar una Ley de Lavado de Activos que contempla fuertes sanciones en contra de quienes cometen este delito y Washington está presionando porque la sanción para la vigencia de la ley se efectúe a tiempo.
Guatemala desmantela red carcelaria
En Honduras, a su vez, también se apresta a ser debatida en el parlamento una serie de reformas a la ley de lavado de activos para adecuarla a los nuevos delitos con que trabaja el crimen transnacional y ser más efectiva en su aplicación.
Los Estados que conforman el Triángulo Norte también se preparan para los ataques o contraataques de la criminalidad organizada, que se ha desplazado hacia esta franja de la región centroamericana producto de la lucha antidroga que se libra en contra de los carteles en México y Colombia, afirman los informes de los expertos, oficiales y no gubernamentales.
Mientras, Guatemala acaba de asestar un fuerte golpe al desmantelar una amplia red criminal que operaba en el sistema penitenciario en donde resultó implicado el director del sistema penitenciario, Edgar Camargo, y el militar Byron Lima, sindicado de ser el responsable del asesinato de monseñor Juan Gerardi y quien lideraba red desde la prisión.
El trabajo de desmantelamiento de esta red criminal organizada fue parte de un proceso de investigación liderado por la Comisión Internacional contra la Impunidad, la Fiscalía y el ministerio de Gobernación.
Las capturas dieron pie para investigar por lavado de dinero a la esposa del militar Lima y a otros funcionarios de los centros penales y personas privadas, se informó.
En esta lucha contra la criminalidad organizada y los barones de la droga, los expertos en estos temas recomiendan a los países del Triángulo Norte fortalecer sus sistemas institucionales y sus fronteras, actualmente porosas y proclives a la impunidad.
