Tegucigalpa – La decisión de un juez de aplicar una pena conmutable al cronista deportivo, Henry Gómez, por el delito de lavado de activos en el escándalo de corrupción que salpica al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), es apenas una arista de la titánica lucha que deberá librar la MACCIH en su propósito de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en esta nación centroamericana.
Horas antes de que Gómez obtuviera su libertad, tras un mes en prisión y aceptar el delito que se le imputaba y comprometerse a resarcir el daño económico causado al Estado de Honduras, además de pagar una fianza de un poco más de 15 mil lempiras, el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, emitió una alerta por lo que consideró una decisión judicial que lejos de fomentar confianza y transparencia, daba preocupantes señales de impunidad.
Los cuestionamientos de la MACCIH en su comunicado iban orientados a que el juez responsable del caso en vez de conmutar la pena al imputado, pudo haberle aplicado una sanción más fuerte dada la naturaleza del delito que era lavado de activos, un acto que asegura “ofende la conciencia del pueblo hondureño”.
En el comunicado, el vocero de la Misión hizo un llamado a los operadores de justicia para que de inmediato revocaran la resolución judicial y que se procediera al cumplimiento efectivo de la condena impuesta conforme lo establece la ley.
La reacción del poder judicial fue que la sentencia se otorgó en base a ley y que no iba a ver tal revocación porque el juez se ajustó a derecho. La controversia quedó abierta entre quienes coinciden con la postura de la MACCIH y los que defienden la decisión del juez avalado por el pleno del Poder Judicial.
Inadecuada legislación
Uno de los puntos abordados en el comunicado de la Misión fue que la determinación del juez, además de ser sumamente cuestionable, revela que existe en el país una legislación inadecuada que alienta la comisión de delitos que es necesario reformar en el Código Penal. También, que existe un serio problema en los operadores de justicia al aplicar estas figuras jurídicas de modo inapropiado.
Leyes vagas y operadores de justicia sin una capacitación adecuada, son algunos de los señalamientos hechos por la MACCIH que ha comenzado a ver como en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la labor será titánica si los casos no se blindan y preparan oportunamente por parte de los fiscales.
El caso del periodista deportivo Henry Gómez, es solo un esbozo de por dónde podría andar la ley y las sentencias en los casos por enjuiciar y resolver en la corrupción del Seguro Social, desde donde se montó una red bien planificada para asaltar al Estado y a sus derechohabientes.
Gómez es apenas un pez menor en esa gran cadena de malversación de recursos públicos en el organismo de seguridad social. La duda que asalta a raíz de esa determinación, es ¿cómo se aplicará la ley en los casos restantes donde están implicados ciertos tiburones?
Resarcir el daño al Estado, comprobar que ha tenido una conducta ejemplar, aceptar el delito y pedir perdón, ¿serán también valoraciones a considerar por los jueces cuando enjuicien a los cerebros del descalabro señalados en un informe oficial y las pesquisas fiscales?
¿Habrá más sorpresas?
Las respuestas las tendrán los fiscales que preparen los casos y los jueces responsables de emitir las sentencias en los hechos sobre los cuales ya hay un proceso y por tanto no caen dentro de los expedientes a conocer por los juzgados anticorrupción cuando estos se instalen.
De ahí que los integrantes de la Misión han señalado la importancia de poner filosos dientes a la elaboración del nuevo Código Penal que se discute en el poder legislativo, cuyos diputados tienen ante sí la responsabilidad de dar al país un catálogo de delitos bien blindados para que la corrupción en Honduras no sea vista como un premio, sino como un delito que conlleva una sanción.
La figura de delitos de corrupción será reforzada en el nuevo Código Penal a petición de la MACCIH a fin de que sea congruente con el catálogo de delitos que conocerán los juzgados anticorrupción, mismos que al parecer buscan ser incluidos dentro de la ley de órganos jurisdiccionales con competencia territorial que prepara la Corte Suprema de Justicia para fortalecer la institucionalidad de sus organismos.
Para agosto de este año, se espera que ya estén en el país los expertos internacionales y nacionales que permitirán a la MACCIH trabajar a todo vapor y contrarreloj en el caso del IHSS pues ya se han fijado los primeros juicios para algunos de los peces grandes a partir de enero del próximo año.
Estos expertos deberán trabajar de la mano con los fiscales del Ministerio Público, a fin de revisar con lupa las actas, decisiones, transacciones y todas las presuntas irregularidades que conformaron los ilícitos en ese caso que de momento tiene al menos 45 personas identificadas dentro de la red, pero que todo apunta que puede haber más autores intelectuales que movieron los hilos de la madeja de la corrupción.
El caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social es para la MACCIH una prueba de fuego, pero también un termómetro para medir cuán afincada ha estado la opacidad y la impunidad en este país, de cara a los nuevos retos a enfrentar en materia anticorrupción.
El cuestionamiento de la Misión a la primera decisión de un juez en el caso Gómez, es una clara advertencia que los operadores de justicia ya no están solos en su forma de aplicar justicia. Un veedor internacional les observa, advierte y contribuirá a enderezar lo pando del país que vino a proponer no solo reformas para mejorar el sistema de justicia, también a ser coadyuvante en la presentación de casos en los cuales no se descartan extradiciones por corrupción como señala el convenio suscrito entre la OEA y el gobierno de Honduras.
