Tegucigalpa – Sonados casos judiciales lograron sentencias absolutorias durante la presente semana en Honduras, lo que abre el debate si es producto de la debilidad en la sustentación de los requerimientos fiscales que elabora el Ministerio Público o la inocencia de los señalados.
– Familiares de la ambientalista Berta Cáceres prevén que los procesados por este crimen serán puestos en libertad ante las falencias del MP, aunque éstos aseguran tener la suficiente prueba científica que inculpa a los imputados.
– Existe temor que en otros sonados casos de corrupción pública los señalados logren salir bien librados.
Tales son los casos de cinco exdirectivos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema); el de Francis Quezada, esposa del exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri; y el de nueve agentes de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), en todos estos procesos judiciales los tribunales dictaron sentencias absolutorias.
¿A qué se debe que sonados casos que se ventilan en tribunales hondureños logran sentencias absolutorias?
— Proceso Digital (@procesodigital) 13 de mayo de 2016
Dos de los tres casos anteriores llegaron a la etapa final del proceso judicial: el juicio oral y público, sin embargo todos los procesados fueron absueltos y sobreseídos de los cargos que oficializó en su momento el Ministerio Público.
Abogados privados consultados por Proceso Digital, que prefirieron el anonimato, señalaron que en muchos casos el Ministerio Público entabla requerimientos fiscales sin la debida carga probatoria, lo que se traduce en las sentencias absolutorias y sobreseimientos que dictan los tribunales.
“Uno lo que mira en estas actuaciones de la Fiscalía es el poco profesionalismo de los fiscales. Muchas veces se apresuran a elaborar requerimientos por la presión mediática y otras veces por ganar protagonismo ante los medios”, dijo la fuente.
Lo sucedido esta semana no debe sorprende a nadie, va a seguir pasando lo mismo en las subsiguientes semanas y repito, eso demuestra las falencias en la acusación penal, remató el profesional del derecho.
En las últimas horas familiares de la asesinada ambientalista Berta Cáceres prevén que los acusados por este crimen serán puestos en libertad ante las falencias del MP, pese a que éstos aseguran tener la suficiente prueba científica que inculpa a los imputados.
Caso Inprema
El jueves de esta semana, un juez natural dictó sobreseimiento definitivo para cinco exdirectivos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) acusados por abuso de autoridad luego que éstos autorizaran una revalorización de los beneficios sociales para 11 mil docentes jubilados.
Los ahora sobreseídos fueron: el expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Óscar Recarte; Alfonso López Guillén, César Augusto Ramos Cáceres; el expresidente del Colegio de Profesores Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), Edgardo Casaña; y el exministro de Educación, Alejandro Ventura.
En este caso el Ministerio Público no pudo sustentar las acusaciones que presentó en septiembre de 2013 con bombos y platillos el requerimiento contra los cinco dirigentes magisteriales.
Caso esposa Chimirri
El segundo caso esta semana es la sentencia absolutoria dictada este viernes para Francis María Quezada , esposa del exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, a quien la Fiscalía acusó por el delito de lavado de activos.
Tras concluir el juicio oral y público, la defensa de Quezada logró probar su inocencia y desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía hondureña.
Según detalle del análisis jurídico del Tribunal, el Ministerio Público no acreditó responsabilidad en el delito de lavado de activos.
La relación de hechos establece que durante un allanamiento realizado en su residencia en aldea Las Tres Rosas, en Valle de Ángeles, a Quezada se le decomisó un lote de joyas por un valor de 325 mil lempiras, 100 mil 950 dólares, cinco certificados por cinco millones de lempiras, entre otros.
Caso TIGRES y narcodólares
El tercer caso es el de nueve policías de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), que la Fiscalía hondureña acusó por haberse quedado con 1.3 millones de dólares (29.6 millones de lempiras) tras un allanamiento en el occidente del país. Los agentes fueron absueltos este viernes luego de comparecer en juicio oral y público, informó la defensa de los encausados.
Los nueve TIGRES recuperarán su libertad en las próximas horas tras la decisión del juzgado de Nueva Arcadia, departamento de Copán, occidente de Honduras.
El hecho se originó el 5 de octubre de 2014 cuando mediante una operación exitosa se logró la captura de dos hermanos del Cartel de Los Valle -ambos extraditados hacia EEUU- y en la misma se incautaron más de 11 millones de dólares.
Los nueve agentes que quedan en libertad son: el policía Obed Efraín Mencía Hernández, el comisario Pedro Tiburcio Zúniga Varela, el subinspector Luis Enrique Godoy Díaz, el subinspector Lot Avelar Pérez Aguilar, el comisario Guillermo Alfonso Urbina, el subinspector Alejandro Rafael Díaz, el policía Gerson Alemán Vidal, el policía Edwin Antonio Midence Rivera y el policía Elmer Orlando Mendoza Hernández.
Sobreseimientos dictados a inicios del año
A inicios de este 2016, la justicia hondureña dictó varios sobreseimientos provisionales y definitivos en sonados juicios marcados por acusaciones de corrupción contra importantes funcionarios de la administración pública.
Para el caso el exalcalde sampedrano, Óscar Kilgore, fue favorecido por la justicia al otorgarle sobreseimiento en uno de los procesos judiciales que mantiene pendiente en los tribunales del norte del país.
Otra decisión judicial que sorprendió este 2016 fue la de la Sala de lo Penal de la CSJ que declaró “no ha lugar” el antejuicio promovido contra tres magistrados de Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, señalados de abuso de autoridad en un caso que se buscó favorecer a un narcotraficante.
De acuerdo a las acusaciones del Ministerio Público, el 4 de septiembre de 2014 se promovió el antejuicio en contra de los magistrados Norma Iris Coto, Julio Rubio Santos y Nerys Castro Flores, a quienes se les acusó por el presunto delito de abuso de autoridad, al permitir sin justificación y precepto legal alguno, que la magistrada Coto conociera de un caso que estaba estrechamente ligado a otro caso en el que la togada buscó favorecer al condenado por narcotráfico Elías Handal Saybe, junto al exjuez de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Alcestes Menardi Marconi.
Otros funcionarios que recientemente fueron favorecidos con sobreseimientos son: el exalcalde sampedrano Rodolfo Padilla Sunseri, acusado en un caso por malversación de caudales públicos, aunque actualmente enfrenta otros procesos judiciales.
