Tegucigalpa – La aplicación de la Ley de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia está siendo apoyada por medio de un proyecto de la organización no gubernamental de Estados Unidos Freedom House.
El director para América Latina y el Caribe de Freedom House, Carlos Ponce, explicó que desde que el proyecto se presentó y tras su aprobación estuvieron preocupados por la forma en que se aplicaría en Honduras.
En sentido, Ponce que se encuentra en Honduras, dijo que se han mantenido encuentros y sostenido reuniones con diversas instituciones del país, como Ministerio Público y el Ministerio de derechos Humanos y Gobernación.
El responsable de Freedom House para Honduras recordó que este tipo de legislación y proyectos de protección para personas en riesgo solo existen en Colombia y México.
Ponce dijo que piensan que se puede trabajar para una “mejora de los protocolos, implementar análisis de riesgo” y ello se hace aplicando las experiencias exitosas logradas ya en otras naciones, así como aprender de las experiencias negativas que ya se tuvieron.
Indicó que vendrán dos expertos colombianos a trabajar en Honduras a fin de ayudar a las autoridades a realizar un estudio y realizar recomendaciones en base a lo que hay en Honduras.
Indicó que dichos expertos estarán trabajando un tiempo, a fin que hagan evaluaciones, hagan análisis de riesgo y compartan sus experiencias.
El responsable para América Latina y el Caribe de Freedom House señaló que cada caso tiene sus particularidades y por ello es importante que los sistemas de protección de defensores de derechos humanos, periodistas y jueces hagan a medida de cada persona sus mecanismos de defensa, ya que la tendencia es a estandarizar los casos, como asignar a un policía todo el día a una persona amenazada.
Ejemplificó que no es lo mismo proteger a un activista indígena o a alguien que se encuentre en la montaña, que a una persona que resida en Tegucigalpa, tela u otra zona del interior.
Ponce señaló que por eso ha dialogado con personeros de la Fiscalía General, el Ministerio de derechos Humanos y Gobernación, así como con activistas de organizaciones y la sociedad civil, ya que algunos sienten que “necesitan mayores protecciones” y creo que podemos ayudarlos.
No se puede proteger toda la vida
Ponce dijo que es importante la voluntad política a fin de permitiré la coordinación entre entidades a fin de ofrecer una protección individualizada a la persona amenazada.
Afirmó que “no se puede tener un defensor protegido” todo el tiempo, si tiene una amenaza se debe investigar de donde proviene y si es agredido hay que identificar al agresor y judicializar el caso.
Indicó que por ello es importante la voluntad política y que las instituciones funcionen, por ello señaló lo vital que es compartir las experiencias como metodologías, protocolos y análisis de riesgo, de manera que no se inicie inventando lo ya inventado y lo que se hizo mal en otros países, ya no se haga en Honduras.
Señaló que a veces se cree que con poner una cámara de vigilancia es suficiente o asignar a un policía a un periodista, pero con los análisis de riesgo se puede comprender que la amenaza es cuando se encuentre en su casa.
A veces es más importante comprarle un chaleco antibala, ofrecerle un guardia privado de seguridad u otra forma de protección, que solo asignar a un policía.
En ese sentido dijo que espera que se pueda lograr en Honduras.
Positiva reacción
El responsable de Freedom House para América Latina y el Caribe dijo que ha tenido una reacción “positiva” en el Ministerio Público, como el en Ministerio de Derechos Humanos y Gobernación, ya que han tomado con optimismo el apoyo que se les pueda brindar.
Igualmente considero adecuado la recepción tenida al proyecto en las organizaciones de derechos humanos yd e la sociedad civil con la cual se ha reunido.
Pero señaló que espera que esa recepción positiva se traduzca en cambio, aunque destaco que recibir la información y la experiencia es un primer paso, peros señaló que por ello ahora se debe esperar lo que indiquen los expertos de Colombia que estarán en el país.
Indicó que en México hay unas 500 personas bajo el sistema de protección y que en Colombia son más de dos mil, aunque en el país sudamericano el programa tiene más años de implementación.
