Tegucigalpa – El Ministerio Público de Honduras presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra Wilfredo Francisco Cerrato Durón, exsecretario de Estado en administración y gestión financiera presidencial, y Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente Porfirio Lobo, por el presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
-Según la denuncia ambos sustrajeron 8 millones 400 mil lempiras tras extender 84 cheques.
La investigación, que concluyó con el requerimiento, fue conducida por el equipo integrado de investigación y persecución penal, compuesto por expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP).
La fiscalía considera probado que los imputados en el denominado caso “Caja chica del hermano” crearon un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial. Por este medio, según la investigación, los imputados presuntamente se embolsaron irregularmente 8,4 millones de lempiras (unos 350.000 dólares).
El vocero de la MACCIH-OEA y Representante del Secretario General de la OEA, Luiz Guimarães Marrey, aseguró que “esta acción conjunta demuestra una vez más el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado, en estricto cumplimiento al mandato que nos confiere el Convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el Gobierno de la Republica de Honduras y la Secretaria General de la OEA. Seguimos trabajando”.
| LA INVESTIGACIÓN La investigación del caso “Caja chica del hermano” se inició después que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) remitiera al equipo integrado MACCIH-OEA/UFECIC-MP el 8 de enero de 2018 un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que permitió descubrir los siguientes hechos: 1. El 01 de febrero del 2010 mediante acuerdo N° 65-2010 emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia fue nombrado Wilfredo Francisco Cerrato Durón, en el cargo de Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, cargo que ostentó hasta el 2014. Como parte de sus facultades, el 21 de enero del 2011, procedió a la apertura, entre otras, de las cuentas siguientes: a) Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Administración con el propósito de pagar nominas/planillas y b) Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Guardia de Honor Presidencial, con el propósito de cubrir gastos en el tema de seguridad, con un monto inicial de cuarenta millones de lempiras (L40,000.000.00). 2. Por otro lado, el imputado Ramón Lobo Sosa, en su condición de hermano del entonces Presidente de la Republica Porfirio Lobo Sosa, recibía seguridad de la Guardia de Honor Presidencial y tenía asignados 11 elementos militares. 3. Como resultado de la investigación, se logró identificar que entre el año 2010, hasta enero del 2014, Wilfredo Francisco Cerrato Durón libró de la Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Administración, por lo menos doce (12) cheques; y de la Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Guardia de Honor Presidencial, por lo menos setenta y dos (72) cheques, todos a razón de cien mil lempiras (L100,000.00) cada uno: 42 cheques a favor de la persona identificada como testigo protegido Omega 1; y 42 cheques a favor de la persona identificada como testigo protegido Alpha 1, sumando un total de ocho millones cuatrocientos mil lempiras (L8,400.000.00). 4. Es importante destacar que ninguno de los dos beneficiarios Omega 1 y Alpha 1, mantuvo dentro del período investigado, relación laboral, comercial o contractual con el Estado de Honduras, por lo que la emisión a su favor de esos cheques carece de respaldo legal. 5. El encargado de la recolección mensual de los cheques, era Ramón Lobo Sosa, quien posteriormente ordenaba a los beneficiarios de los mismos, el respectivo endoso, para luego depositarlos en su Cuenta de Cheques personal. Al momento de ordenar el endoso de los cheques, justificaba su emisión, para gastos de alimentación y limpieza de los miembros de la guardia de honor presidencial que le brindaban seguridad, por su condición de hermano de Porfirio Lobo Sosa. 6. El Auditor Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas ha informado que el responsable de la alimentación y vestuario es el Estado Mayor Conjunto. En el caso específico de Ramón Lobo Sosa, el Estado Mayor Conjunto se encargaba de proporcionar al personal que le brindaba seguridad, alimentación y alojamiento y si necesitaba movilizarse a otro sector del país, a dicho personal se le otorgaban gastos de viáticos a través de la Administración General de Casa Presidencial, previa solicitud de la Guardia de Honor Presidencial. 7. Las transacciones o movimientos de la cuenta registrada a nombre de Ramón Lobo Sosa, son numerosas y durante las fechas en las que los cheques girados a favor de Alpha 1 y Omega 1 fueron depositados, la cuenta reflejaba saldos importantes de sumas de dinero, por lo que se generó mezcla de capitales, lo cual se produce al sumar los fondos propios derivados de la actividad comercial a que se dedica el titular de la cuenta y los fondos provenientes del erario público, mediante el depósito de por lo menos ochenta y cuatro (84) cheques a que se ha hecho referencia.
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El caso “Caja chica del hermano” es el último caso de investigación penal integrada que presenta el equipo formado por MACCIH-OEA y UFECIC-MP. Los anteriores fueron Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes.
Que no sea un requerimiento débil
La representante de la organización Democracia Sin Fronteras, Melissa Elvir, manifestó que “no es la primera vez que se menciona, no es algo que sorprende o que cae como un balde de agua fría a la sociedad, sino que era algo que se venía ventilando”.
En ese sentido, dijo se espera que se tengan todas las pruebas necesarias para que realmente el requerimiento no sea débil ante los juzgados anticorrupción o ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Aseguró que el caso es parte importante del quehacer de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) sobretodo el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH- OEA).
“Esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre estos tipos de delitos, esperamos que realmente se luche contra la impunidad en estos procesos que tanto afectan a la sociedad, sobre todo porque afectan el erario público que debería ser utilizado precisamente para el bienestar común de la población, no para el bien común de altos políticos”, finalizó.
Que el caso sirva de experiencia
Para la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), este caso debe servir como precedente para que los funcionarios no coloquen a sus familiares en la administración pública, de acuerdo a su director ejecutivo, Carlos Hernández.
“Que esta situación pueda provocar que los altos funcionarios no traten de vincular o mezclar a sus familiares en la administración pública porque esto es corrupción y genera un daño al país”, aseveró Hernández.
Condenó que se dé el nepotismo en la administración pública, que solo ocasiona daño al país, de acuerdo a Hernández, que también es representante de Transparencia Internacional en Honduras.
Uno se pregunta cómo una persona con una capacidad económica solvente ¿Qué necesidad tenía para que el Estado le transfiriera recursos?
Alabó el trabajo de la MACCIH-UFECIC y espera que este caso no quede en la impunidad.
“Esto no se puede detener, tiene que seguir y el pueblo hondureño tiene que apoyar estas instituciones, denunciar y garantizar que estos delitos no queden en la impunidad”, aseveró.
Repulsión
“Al pueblo le causa repulsión al darse cuenta de toda la corrupción que existe”, señaló Gabriela Castellanos, coordinadora de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).
Con cada línea de investigación que se ha presentado al Ministerio Público, lo único que esperamos es que se presente un requerimiento fiscal y que al término de cada juicio se aplique todo el peso de la ley, arguyó.
A su juicio, los funcionarios y exfuncionarios que están siendo señalados deben de ser suspendidos hasta que culmine la investigación, ya que se puede sustraer información.
La lucha contra la corrupción, es el tema principal que nosotros hemos tomado muy en serio, nosotros lo que hacemos es investigar y entregar al Ministerio Público un respaldo probatorio con el que debe requerir y enfrentar la causa.
Respeto al derecho a la legítima defensa
El presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Reinaldo Sánchez, pidió que se respete el derecho a la legítima defensa y el buen nombre.
“Ellos tienen el derecho a la legítima defensa y el buen nombre y es algo que nosotros como partido político no vamos a cambiar de discurso”.
Agregó que la lucha debe de ir adelante garantizando el mismo proceso de la presunción de inocencia, la legítima defensa y derecho al buen nombre.
“La ley de aplicación general y debe ser para todos igual, independientemente quien sea la persona que se le imputa y claro deben de estar las pruebas correspondiente y seguir el debido proceso, así como lo indica nuestra legislación, hasta don José Manuel Zelaya Rosales es considerado inocente hasta que no se le venza en un juicio”, apuntó.
Seguir confiando en la MACCIH
Para el analista Olban Valladares, “las acciones de la MACCIH, no nos debería de sorprender ante los tribunales de justicia, se ha venido advirtiendo desde hace un buen tiempo que van a salir nombres de personajes ligados a funcionarios de alto nivel que de alguna manera han tenido irregularidades en el manejo de fondos público”.
Tenemos que seguir confiando en la MACCIH y en el Ministerio Público en esta era del destape, porque se están destapando las hoyas de corrupción, que han agobiado al país durante tantos años, tengo la impresión de que esta llegará a un feliz término para la población hondureña que está deseosa de que se haga justicia”.
Indicó que “tiene sus reservas, pero que hay una parte de funcionarios que ingresaron en los campos de la corrupción, siempre hay personas que juegan a la ruleta rusa, y por el hecho de que no se han visto denunciados por la instituciones encargadas, entonces continúan delinquiendo”.
Sin embargo lamentó que “todavía en las dependencias del Estado se sigue tentando al diablo en el sentido de exigir coimas, participaciones, comisiones especiales que sabemos que no son correctas, por eso es que tengo grandes reservas en cuanto a que la corrupción va a ser eliminada de raíz, tenemos que esperar esto será un proceso largo”.
Según Valladares “si el pueblo hondureño apoya las instituciones de investigación, y responsabilizamos a todos los operadores de justicia, incluyendo los jueces, desde la Corte Suprema hasta el último juzgado, si se crea conciencia de la responsabilidad que existe, con precedente de juzgar con debidos procesos y sentenciar a quienes obedezca, entonces comenzaremos una nueva en el país”.
Finalmente dijo que la lucha anticorrupción está dando frutos en Honduras, ya que “jamás en 10 o 15 años los hondureños pudimos imaginar que personajes que hayan ocupado las más altas posiciones en la Corte Suprema de Justicia, iban a enfrentar un proceso judicial, asimismo diputados, unos vacantes y otros en funciones que han sido señalados por extracción de recursos del Estado”.
