Managua – La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua admitió un recurso por inconstitucionalidad contra una Ley que penaliza el lavado de activos, la financiación al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, informó hoy el ONG que impulsó el recurso.
«Consideramos que es una Ley inconstitucional y señalamos los principios y derechos que se violan», dijo en rueda de prensa la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, que interpuso el recurso.
Esa Ley viola el derecho a la seguridad y a la personalidad jurídica, a la privacidad, entre otros, argumentó, por su lado, el abogado del Cenidh Salvador Marenco.
«El que reforma el delito de terrorismo, en el que se señala que toda acción es terrorismo, que un delito te lo tipifiquen abierto como toda acción, no te da un verbo rector y la ciudadanía no tiene seguridad jurídica sobre el juzgador o el Ministerio Público», alegó.
«Entonces ¿qué es la acción que te lleva a ser un terrorista? Hemos visto acusaciones que la han tipificado como terrorismos a partir de esta Ley por haber pasado una medicina que fue la primera acusación presentada el 23 julio contra nueve personas y es porque el delito lo dejaron demasiado abierto», explicó Marenco.
El Cenidh se refiere a las 459 personas que se encuentran encarceladas por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega desde abril pasado.
La mayoría de los detenidos se enfrenta a diversos procesos judiciales acusados principalmente de terrorismo.
El Ejecutivo registra 201 presos por «actos vandálicos y terrorismo».
En una reciente entrevista a Efe en Managua, el presidente Ortega negó que en el país haya presos políticos y afirmó que los encarcelados son personas que cometieron delitos.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
