Tegucigalpa – ¿Quién no tiene una huaca en este país? preguntaba recientemente un expresidente del país en un programa televisivo. Siguiendo esa línea todo indica que, en el disuelto Consejo de la Judicatura, sus exintegrantes tuvieron su “huaca”, a base de viáticos.
La huaca o alcancía que amasaron anduvo por más de 13 millones de lempiras, según establece el requerimiento fiscal emitido por la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores de Sector Justicia del Ministerio Público en contra de los seis ex integrantes del extinto Consejo de la Judicatura, entre ellos el ex presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés y el exvicepresidente del Consejo de Judicatura, Teodoro Bonilla, quien guarda prisión por otros delitos de los cuales fue condenado.
Trece millones en viajes
Los trece millones que erogaron los ex consejeros de la judicatura fueron por el uso de viáticos nacionales y en el exterior. El monto de gastos erogados por viáticos nacionales entre los seis exintegrante fue por el orden de L.4,805,287.50. En tanto, los viáticos erogados en el exterior tuvieron un monto global entre los seis por el orden de$367,600.00, cuyo equivalente en lempiras a una tasa de cambio de 23 lempiras por dólar, suma un total de L.8,454,800.00. La sumatoria de todo sobrepasa los 13.2 millones de lempiras.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los exintegrantes del disuelto Consejo de la Judicatura realizaron esta acción propia de “una red delictiva”, crearon las condiciones para facilitar los procedimientos ya instituidos en los diferentes reglamentos para el trámite de viáticos, facilitando con diferentes reformas arbitrarias a estos ordenamientos jurídicos que su actuar en relación con no asistir a las giras programadas y no reintegrar los valores a las arcas del Poder Judicial.
Operaron de forma tal, según el requerimiento fiscal, que no fueron descubiertos por las oficinas contraloras (Auditoría Interna, Pagaduría y hasta el mismo Tribunal Superior de Cuentas). Los exconsejeros no rendían cuentas a nadie, ni siquiera informes escritos de sus giras que por ley eran obligados, fueron entregados, detalla el requerimiento.
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de la Mesa Técnica
Los delitos en su contra
Esos exconsejeros, que el viernes 13 salieron abrazados y sonrientes del tribunal anticorrupción luego que el juez del caso decidiera escucharlos en libertad, tras pago de una fianza y con la prohibición de salir del país y firmar un libro cada semana en ese juzgado son: Jorge Rivera Avilés, ex presidente del poder judicial y presidente del extinto Consejo de la Judicatura. A él se le imputan 60 delitos por malversación de caudales públicos y 131 por abuso de autoridad.
Varias veces el expleno de la Judicatura tuvo que salir ante los medios de comunicación para desvirtuar acusaciones.Teodoro Bonilla, ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura, a quien le imputan 88 delitos por malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad. Bonilla se encuentra prisionero actualmente al ser condenado por un caso de tráfico de influencias y abuso de autoridad en el llamado caso Shalom para favorecer a parientes implicados en acciones de criminalidad organizada. Bonilla llegó a los tribunales enchachado y no festejó, como el resto de sus excompañeros la libertad condicionada.
Julio César Barahona Henríquez, a quien le acusan de 67 delitos de malversación de caudales públicos. El otro exconsejero es José Francisco Quiroz Mejía, a quien suponen responsable de 93 delitos de malversación de caudales públicos.
La exconsejera Liliam Emelina Maldonado Sierra es acusada de 67 delitos de malversación de caudales públicos, mientras que a Celino Arístides Aguilera le atribuyen 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres (3) delitos de documentos privados falsos. Es el único acusado por esta última figura.
El vaciado y sus revelaciones
La investigación del Ministerio Publico corresponde a todo el período del Consejo de la Judicatura de octubre de 2013 a febrero de 2016. Tomó como base un informe elaborado por una mesa técnica de verificación del Poder Judicial ante las denuncias de abuso de autoridad por parte de los exconsejeros.
En los argumentos del requerimiento fiscal se establece que para sustentar sus acusaciones procedieron a recolectar documentos de las Oficinas de la Pagaduría Especial del Poder Judicial, Departamento de Contabilidad, Auditoría Interna, Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento, Dirección Administrativa de Personal, Secretaría General del Consejo de la Judicatura y otras oficinas del Poder Judicial. También se pidió información al Instituto Nacional de Migración, a la oficina de INTERPOL, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Agencias de viajes, Banco Central de Honduras, otros. Toda la información fue objeto de análisis minucioso, fue procesada y contrastada con entrevistas testimoniales.
La investigación del Ministerio Publico corresponde a todo el período del Consejo de la Judicatura de octubre de 2013 a febrero de 2016.Ese vaciado de información les permitió conocer que Jorge Rivera Avilés obtuvo por concepto de viáticos nacionales L. 578, 625.00, por un total de 59 giras nacionales de las que solo realizó tres en forma completa, 19 a medias, cobró por 13 giras que no ameritaban viáticos y dejó de hacer 24 giras, pero igual las cobró, según el informe de las autoridades. Los viáticos al exterior fueron por el orden de $ 96,500.00, bajo la misma modalidad.
Los exmiembros de la Judicatura son acusados de 600 delitos.El exconsejero Teodoro Bonilla, obtuvo viáticos nacionales por L. 935,887.50 que corresponden a 94 giras, de las que solo 12 hizo en forma completa, 26 las hizo parcialmente, cobró por 5 que no ameritaban viáticos y dejó de hacer 50 pero igual las cobró. Por viáticos al exterior, Bonilla cobró $ 55,500.00 bajo el mismo modus operandi que las nacionales.
José Francisco Quiroz, el otro exconsejero, según el reporte oficial, cobró por viáticos y giras realizadas, otras hechas parcialmente, otras que no ameritaban viáticos y otras que nunca hizo, pero se agenció un total de L.936, 475.00, mientras que por viáticos en el exterior fueron $ 63,150.00. Quiroz cobró viáticos nacionales por 95 giras.
Julio César Barahona, otro exconsejero imputado devengó por concepto de viáticos nacionales 81 giras nacionales la suma de L. 809,712.50, mientras por giras al extranjero $ 61,150.00. En tanto, Liliam Maldonado cobró viáticos por 78 giras nacionales que representaron L. 707,800, y las giras en el exterior representaron $ 41,050.00.
Celino Aguilera, el otro integrante del disuelto Consejo de la Judicatura obtuvo en viáticos por 85 giras nacionales, la cantidad de L. 836,787.50 y por viajes al exterior $ 50,250.00.
El caso de Celino Aguilera es cuestionado también por el uso de documentos falsos, al comprobarse que realizó una gira de trabajo en Tegucigalpa -sede del Consejo de la Judicatura- por un término de 6.5 días y por los cuales cobró viáticos por más de 13 mil lempiras.
“Asimismo presenta inconsistencia en las cantidades expresadas como valor de habitación. La factura #085366 decomisada de los archivos del Hotel Centenario refleja valor total de cobrado por hospedaje de L.400 y la factura #085366 presentada como documento soporte de la gira programada refleja como valor de la factura L.900.00; de acuerdo al documento de factura #085331 decomisado en los archivos del Hotel Centenario, se aprecia que el total a pagar es de L.1,000.00, sin embargo, de acuerdo al documento de factura #085331 presentado por el imputado a la Pagaduría, el total a pagar es de L. 1,800.00, denotándose así que los documentos usados por el encausado Celino Arístides Aguilera Amador, contenían alteraciones en su contenido y a sabiendas hizo uso de ellos”, señala el requerimiento, se indica en los informes oficiales. El exconsejero Celino Aguilera, como los demás, por la investidura de su cargo y con un salario mensual de L113,000.00 mensuales, L. 40,000.00 de gastos de representación y $10,000.00 anuales por seguro médico, de manera que no se entiende la necesidad de adulterar las facturas del hotel en referencia. Dentro de las conclusiones sustentadas en el requerimiento fiscal, los exconsejeros procedieron a realizar trámites de viáticos por muchas giras de las cuales no realizaron, o, por el contrario, “como sucedió con las giras al extranjero (donde) viajaron a destinos diferentes, convirtiendo las giras oficiales en simples viajes de placer y reencuentros familiares, sin dejar de mencionar que la gran mayoría de giras no fueron programadas para la realización de actividades propias del cargo”, se detalla. Es el paso de los exintegrantes del Consejo de la Judicatura, que en libertad y tras el pago de millonarias fianzas -algunas incluso ofrecidas en efectivo-, lograron ser escuchados en libertad, pero tienen tras de sí otras investigaciones pendientes producto de los desmanes encontrados por una mesa técnica del Poder Judicial que valió su salida antes de ser llevados a juicio político. |
