Tegucigalpa – El cerco contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, se estrecha más con el peligro de que el Ministerio Público (MP) emita requerimientos fiscales contra ellas en horas, han revelado fuentes de todo crédito, incluida una denuncia del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras.
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Poco después de la denuncia de Contreras, en sendas acciones el Ministerio Público y sorprendentemente el mismo Gobierno Central, a través de la Secretaría de Seguridad, solicitaron al CNE información para continuar con investigaciones de parte de sus unidades de “delitos electorales”.
“Llegó cualquier cantidad de solicitudes, y con términos de tres horas”, dijo un consejero del CNE.
El Ministerio Público solicitó al pleno de consejeros del CNE, además de Hall y López se incluyó al consejero Marlon Ochoa, copia de los informes sobre las conclusiones de las pruebas técnicas realizadas por la empresa a cargo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) realizada por el Grupo ASD.
Para ello los fiscales del MP otorgaron un plazo de tres horas. Igualmente otros informes.
Pero lo sorprendente es que el mismo gobierno de Xiomara Castro se sumó a la petición de informes al CNE, ya que la Policía Nacional, apéndice de la Secretaría de Seguridad, utilizó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para requerir copias de informes.
La DPI señaló en la solicitud que requiere copia certificada de los cuadernos de votación, las hojas de incidencia y la carga electoral de las juntas receptoras señaladas. Todo cuando aún las consejeras atienden asuntos vinculados al quehacer de sus organizaciones hermanas como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La petición de la DPI la firman oficiales y agentes de la Unidad de Delitos Electorales, algo que hasta la fecha los conocedores de temas policiales desconocían que existía en la dirección policial, misma que debería estar combatiendo el crimen extendido en Honduras, especialmente la extorsión y la muerte violenta de mujeres.
Expertos señalaron que aparte de los requerimientos de documentos de parte del MP y el gobierno, lo que hay es una acción para emitir requerimientos fiscales contra las consejeras Hall y López, un hecho que puede ocurrir en cualquier momento.
El consejero Ochoa, afín al gobierno de Libre, ha sido el que ha presentado denuncias al MP contra sus compañeras en el CNE Hall y López.
El pasado 30 de diciembre, horas después que el CNE hizo la declaratoria oficial de las elecciones generales del 30 de noviembre, el fiscal Zelaya volvió a la carga y anunció que realizará acciones judiciales sobre hechos electorales, una acción interpretada por analistas como continuación de la persecución contra las consejeras.
Proceso Digital consultó a fuentes del Ministerio Público, pero las mismas se mantuvieron herméticas, igualmente el portavoz Yuri Mora dijo que los fiscales asignados al caso no le han informado sobre las diligencias hasta ahora. (PD)
