En Honduras, uno de los problemas más significativos que enfrentan las personas al manejar su dinero es la falta de conocimiento sobre finanzas básicas. Esta carencia no solo conduce a ineficiencias en la administración de recursos personales —como el sobreendeudamiento, la ausencia de ahorros o las inversiones poco productivas—, sino que también limita la capacidad de inversión y el crecimiento económico del país. Cuando las familias no saben administrar de manera óptima sus recursos, se reduce la base de capital disponible para actividades productivas, lo que a su vez frena el desarrollo del mercado interno y disminuye la competitividad nacional.
A menudo se asume que la educación financiera es responsabilidad exclusiva de cada individuo. Sin embargo, este reto es demasiado grande para dejarlo únicamente en manos de las personas. La alfabetización financiera es una herramienta esencial para que las familias puedan tomar decisiones responsables, y al mismo tiempo, un pilar para construir una economía más estable y sostenible. Por ello, es indispensable que distintos actores sociales y económicos se involucren de manera activa.
La banca y el sector financiero, por ejemplo, tienen un papel clave en este proceso. No basta con ofrecer productos; es necesario que estos sean accesibles, comprensibles y que vengan acompañados de programas de formación que permitan a los usuarios entender sus beneficios y riesgos. Los medios de comunicación, por su parte, pueden ser un puente poderoso para difundir contenidos educativos claros, prácticos y adaptados a la realidad local. El sector público, más allá de la regulación, debería integrar la educación financiera en el sistema educativo desde los niveles básicos, para que los ciudadanos crezcan con una comprensión sólida de cómo manejar su dinero. Asimismo, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales pueden contribuir creando programas de capacitación comunitaria y fomentando redes de apoyo que permitan a las personas tomar mejores decisiones financieras.
Uno de los casos más emblemáticos que ilustra las consecuencias de esta carencia fue el de Koriun. Este esquema atrajo a numerosas personas con la promesa de retornos muy por encima del promedio del mercado. Sin embargo, el negocio no contaba con ninguna actividad productiva real. Su modelo se basaba exclusivamente en captar recursos de nuevos inversionistas para pagar los supuestos “rendimientos” a los inversionistas anteriores, operando así como una pirámide financiera. Este tipo de estructura, conocida como esquema Ponzi, siempre colapsa tarde o temprano, pues depende de un flujo constante de nuevos aportes. Cuando este flujo se detiene o disminuye, la estructura se derrumba, y los últimos en ingresar suelen ser quienes más pierden.
El impacto de Koriun fue devastador: cientos o miles de personas perdieron sus ahorros, en muchos casos el fruto de toda una vida de trabajo. Lo más alarmante es que este tipo de fraudes no es nuevo, y sin embargo se sigue repitiendo. La falta de educación financiera hace que las víctimas potenciales no detecten las señales de alerta más evidentes. Entre ellas se incluyen las promesas de retornos garantizados anormalmente altos, la opacidad en el modelo de negocio y la ausencia de información verificada por auditorías independientes.
Este caso pudo haberse evitado con dos pilares fundamentales. El primero es una mayor educación financiera a nivel masivo. Si las personas hubiesen contado con conocimientos básicos, habrían cuestionado de inmediato la sostenibilidad de la propuesta y reconocido las señales de alarma. El segundo pilar es una regulación y supervisión más robusta por parte del Estado. Un sistema de vigilancia más activo, con capacidad de actuar de forma preventiva y no únicamente reactiva, podría frenar operaciones fraudulentas antes de que alcancen dimensiones tan perjudiciales.
Además de estas medidas, es importante también una reforma en el sistema de tarjetas de crédito para asegurar que se cobre una tasa única anualizada y medible, que le permita a las personas tomar decisiones informadas acerca de los costos. No se trata de imponer un techo directo a la tasa de interés, ya que existen personas de alto riesgo a las que no se les debe negar el acceso al servicio. Pero sí debe establecerse un valor porcentual anual del costo total del dinero, que incluya todas las tasas y cargos posibles. Esto permitiría que el cliente pueda comparar de forma transparente y escoger la opción más conveniente, y que las empresas emisoras compitan directamente en tasa y no mediante estrategias publicitarias o elementos tangenciales que, en muchos casos, ocultan el verdadero costo para el usuario.
La educación financiera en Honduras no es un lujo, sino una necesidad nacional urgente. Prevenir fraudes, fomentar la inversión productiva y mejorar la salud económica de las familias requiere un esfuerzo coordinado entre individuos, empresas, medios y gobierno. No se trata solo de enseñar a las personas a ahorrar, sino de empoderarlas para que comprendan los riesgos y oportunidades que ofrece el sistema financiero.
Casos como el de Koriun deben servir como recordatorio de que la ignorancia financiera cuesta caro. El desconocimiento abre la puerta a la manipulación, al endeudamiento insostenible y a la pérdida de patrimonio. En cambio, el conocimiento actúa como un escudo: permite tomar decisiones informadas, evita caer en promesas engañosas y fomenta una cultura de inversión responsable. Si como sociedad logramos construir una base sólida de educación financiera, no solo estaremos protegiendo a las familias, sino también fortaleciendo los cimientos del desarrollo económico del país.
