San Salvador.- Más de una docena de abogados han abandonado El Salvador este año ante «el riesgo inminente a ser detenidos», como los casos de los letrados Ruth López y Enrique Anaya, denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el abogado y activista David Morales.
«En mi país (El Salvador) la consolidación del autoritarismo ha tenido como consecuencia las restricciones al ejercicio de la abogacía», señaló Morales durante su intervención en una sesión de la CIDH sobre la situación de los abogados en América Latina, que se llevó a cabo en Miami (FL, EE.UU.) en el marco del 194 período ordinario de audiencias.
El letrado salvadoreño, miembro de la organización humanitaria Cristosal, explicó que las restricciones se han dado «especialmente en los ámbitos del sistema penal, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente».
Morales apuntó que «los ataques públicos desde el Gobierno contra organizaciones sociales y personas abogadas han sido constantes en los últimos años» y alertó que en 2025 «la situación se agravó notablemente», con la detención de al menos cinco letrados.
El activista denunció que «la abogada López y los abogados criminalizados son mantenidos en incomunicación absoluta, sin contacto con sus familiares y defensores, como ha constatado esta ilustre comisión al dictar medidas cautelares a favor de dos de ellos».
Ruth López, que se desempeñó como jefa del área Anticorrupción de Cristosal y reconocida por la BBC en 2024 como una de las mujeres más influyentes del país centroamericano, fue detenida el 18 de mayo pasado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.
La CIDH emitió medidas cautelares a favor de López y del abogado Enrique Anaya, también detenido y crítico del Gobierno que preside Nayib Bukele, porque enfrentan un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud.
Cierre de organizaciones
Morales también se refirió a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) y expuso que la normativa «tiene como propósito cerrar el espacio cívico y controlar arbitrariamente el trabajo de las organizaciones sociales».
La ley, según señaló el letrado, «crea un registro cuyas autoridades tienen poder para cancelar la personalidad jurídica de organizaciones que consideren incómodas al Gobierno, imponer multas de hasta un cuarto de millón de dólares, criminalizar personas y retener el 30 % de cualquier transferencia de la cooperación internacional a través de un impuesto de perfil confiscatorio».
Morales aseguró que «este contexto ha obligado a cerrar organizaciones que promovían la abogacía para defender derechos humanos» como Cristosal y Fespad (La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho).
Algunas organizaciones han señalado que la LAEX «es una herramienta para el control autoritario de organizaciones y personas, pues abre la puerta a la imposición de sanciones discrecionales, establece un impuesto punitivo y es un marco para la vigilancia estatal, la censura y el castigo». EFE/ir
