Tegucigalpa– El abogado constitucionalista Oliver Erazo, defensor legal de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), advirtió que el proceso iniciado por el Ministerio Público (MP) podría derivar en una ruptura institucional sin precedentes, de confirmarse que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admite el requerimiento fiscal presentado en contra de los togados.
-Oliver Erazo: “Si la Corte admite este requerimiento, cometerá el error jurídico más grande en la historia del país”.
“Estamos esperando ver qué presenta el Ministerio Público y si la Corte Suprema comete el error jurídico más grande en la historia del país. Sería una violación al principio republicano de la democracia representativa”, señaló Erazo.
El abogado explicó que, una vez el equipo de defensa conozca formalmente el contenido del requerimiento, se evaluará si existen garantías constitucionales y convencionales que permitan a los magistrados presentarse voluntariamente a ejercer su defensa. Sin embargo, enfatizó que este proceso no debería ni siquiera estar discutiéndose, dado que la Constitución de la República define con claridad las competencias en estos casos.
“El juicio político contra los magistrados del TJE solo puede ser promovido por el Congreso Nacional, que es quien los elige. Esa prerrogativa está claramente establecida en el artículo 205, numeral 15, de la Constitución de la República”, recordó.
Erazo explicó que, tras la derogación de la antigua figura de “formación de causa”, se generó un vacío legal que fue aprovechado en su momento dentro del Código Procesal Penal, pero aclaró que dicho código es una ley ordinaria, por lo tanto, inferior a la Constitución.
“Quienes hoy impulsan este requerimiento fueron los mismos que antes se victimizaron por situaciones similares. La Comisión de la Verdad, tras los hechos de 2009, recomendó precisamente crear el juicio político para evitar lo que está ocurriendo ahora: la instrumentalización de la justicia y la persecución penal con fines políticos”, señaló.
El jurista sostuvo que el requerimiento fiscal debe ser inadmitido, tal como ocurrió con el antejuicio previamente rechazado, y que no existe fundamento legal ni procesal para que los magistrados comparezcan en este momento.
“Este requerimiento debe ser inadmitido. No es el momento procesal. Lo que vemos ahora es una versión 2.0 del quiebre institucional de 2009, pero más sofisticada, con un intento de que las instituciones de justicia asuman competencias que no les corresponden”, concluyó el abogado Oliver Erazo.LB
