Tegucigalpa – El proceso electoral rumbo al 30 de noviembre avanza con propaganda política en calles, redes y medios de comunicación, pero sin las herramientas mínimas para auditar, supervisar y transparentar los millonarios fondos que circulan en las campañas. Otra preocupación es la no aprobación del Reglamento para la observación en el CNE.
-CNE tampoco aprueba el reglamento de observación y la incertidumbre electoral aumenta.
-“Cada semana sin presupuesto es un golpe a la fiscalización”, advierte Emilio Hércules.
El presupuesto de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) sigue estancado en el Congreso Nacional.
El comisionado Emilio Hércules recordó que desde el 20 de junio la UFTF remitió a los diputados la solicitud de 81 millones de lempiras, aprobada en el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Cada semana que pasa sin presupuesto es una semana más en la que se debilita la capacidad fiscalizadora de la unidad. Ya vemos afiches, mítines y lanzamientos, pero no tenemos personal contratado ni sistemas adjudicados para monitorear medios, redes sociales o gastos in situ”, advirtió.
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La campaña política ya lleva cinco días en apogeo en los tres niveles electivos. Solo a nivel presidencial el monto límite autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 508 millones de lempiras, por cada aspirante presidencial.
En tanto a nivel de diputados el monto estimado es de 585 millones y cerca de 500 millones a nivel municipal.
En total se habla de una campaña política electoral de más de 1,500 millones de lempiras según las cifras asignadas por el Consejo Nacional Electoral a través de la Unidad de la Política Limpia responsable de fiscalizar los fondos del financiamiento de campañas políticas.
La denuncia es clara: los partidos ya gastan millones en campaña sin que exista control sobre el origen de los fondos, en un país donde ya se han documentado aportes de narcotráfico y capitales de dudosa procedencia en procesos anteriores.
No hay voluntad
El nudo gordiano está en la política: el oficialismo condiciona la aprobación del presupuesto de la UFTF a que la oposición respalde préstamos millonarios que aumentan la deuda pública. Ese trueque, que nada tiene que ver con la fiscalización electoral, mantiene paralizada la transparencia en el uso del dinero de las campañas.
Distintos sectores claman para que se apruebe el presupuesto, pero hasta ahora esas voces no han tenido eco en el Legislativo. El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, clamó que se garantice los recursos financieros necesarios para las instituciones implicadas en el proceso electoral.
“Pedimos que se garanticen los recursos necesarios para todo el proceso democrático del país”, dijo el economista. Palma mencionó que en la aprobación del Presupuesto General de 2025 estaba contemplado que un 30 % de su financiación provenía del endeudamiento, de modo que lo que no hay es voluntad.
TJE en igual condición
El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, recientemente advirtió que la institución sigue sin contar con los recursos necesarios para organizar las próximas elecciones generales, a pesar de que faltan pocos días para su realización.
Flores explicó que desde las elecciones primarias solicitaron un presupuesto de 82 millones de lempiras, pero el Congreso Nacional únicamente les aprobó 39 millones. Con esos fondos se financiaron las primarias, en las que se ejecutaron 29 millones de lempiras, quedando únicamente 8 millones disponibles para los comicios generales. Lo que no ajusta, declaró.
Otra preocupación en el proceso electoral
A esto se suma el atraso en el CNE para aprobar el Reglamento de Observación Nacional, pieza clave para garantizar la veeduría ciudadana. Sin ese reglamento, las misiones nacionales quedan en el aire, debilitando otro mecanismo fundamental de control.
Mientras tanto, la clase política continúa enredada en cálculos y zancadillas, dejando a la deriva procesos clave que deberían garantizar elecciones limpias. La población, por su parte, observa con preocupación e incertidumbre, aunque los expertos insisten en que el llamado final es : ejercer el derecho al voto con responsabilidad e información, para defender la democracia y dar una lección a quienes hoy, con su falta de transparencia, siguen decepcionando y socavando la confianza democrática.LB
