Tegucigalpa – Como una “decisión lamentable” calificó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) la no aprobación, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño para Establecer un Procedimiento de Comunicaciones, por parte del Estado hondureño, lo que evidencia que la niñez no es una prioridad en un país donde el 36.5% de los 9.7 millones de habitantes es menor de 18 años.
Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh declaró que la niñez juzgará el papel que han manifestado los legisladores respecto a un tema que afecta exclusivamente a los niños y las niñas de Honduras.
Indicó que la niñez hondureña es uno de los sectores más vulnerables debido a que, anualmente, más de 25 mil niñas de entre 10 y 18 años resultan embarazadas, más de 15 mil niñas y niños están en situación de calle, alrededor de 1.2 millones están fuera del sistema educativo, más de un millón de niñas y niños están en trabajo infantil, al menos 76 mil niños y niñas migrantes fueron retornados al país procedentes de diferentes países, entre el año 2020 y agosto del 2025.
Explicó que, con el Protocolo Facultativo para Establecer un Procedimiento de Comunicaciones lo que se pretende es que el Estado sea más diligente, que se garantice el acceso a la justicia para la niñez cuando sus derechos son vulnerados y el Estado no responda, mejorar la protección infantil, fortalecer las leyes nacionales, cumplir con las recomendaciones internacionales y proyectar una imagen positiva del país en derechos humanos.
El pasado 20 de agosto del 2025, fue presentado en el pleno del Congreso Nacional la iniciativa para que se ratificara dicho Protocolo, sin embargo, apenas obtuvo 41 votos a favor, lo que para Maradiaga representa la falta de sensibilidad respecto a la temática de la niñez en el país.
Es una “decisión lamentable” reiteró la defensora de los derechos humanos, que esperaba que dicho Protocolo fuera aprobado ya que el mismo es parte de la Convención de los Derechos del Niño que Honduras suscribió y ratificó desde el año 1990.
Recordó que, en el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los dos primeros protocolos facultativos de la Convención y, en el año 2011, aprobó el Tercer Protocolo que permite que los niños, o sus representantes, presenten denuncias directamente ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas cuando consideren que sus derechos han sido violentados en su país.
Sobre los argumentos utilizados para la no aprobación del Protocolo, Maradiaga explicó que están fuera de contexto y lo que existe es un desconocimiento de dicho documento.
Les invito a que lean ese Protocolo, qué es lo que contempla, porque no tiene nada que ver con los argumentos utilizados por algunos legisladores, señaló.
Lo que sí hay en el país, dijo, es una debilidad institucional y que, a 35 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, lo que existen son grandes desafíos que limitan la realización plena de los derechos de los niños y niñas en Honduras.
El gobierno hondureño debe asignar mayores recursos a la institucionalidad responsable de la implementación de las políticas públicas, con el firme propósito de prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, en sus diferentes manifestaciones, recomendó.
Además, que se implementen políticas y programas que permitan prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescente y se adopten medidas que permitan investigar de manera eficaz y enjuiciar a los autores de los casos de violencia sexual cometidos contra la niñez, evitando de esta forma la impunidad de los culpables.
La defensora de la niñez expresó que, hasta ahora, 48 países aprobaron ese Protocolo y se esperaba que el Estado hondureño también lo hiciera principalmente, por todo el trabajo de incidencia política que hicieron las instituciones del Estado y la sociedad civil. (RO)
