En Honduras, hablar de justicia desde la experiencia de las mujeres implica enfrentarse a un sistema penal profundamente patriarcal, donde la violencia de género se encuentra normalizada, ignorada o justificada. Aunque existen leyes que tipifican el femicidio, la violencia doméstica y los abusos sexuales, el acceso real a la justicia sigue siendo un privilegio de pocas.
Más del 90% de los delitos contra mujeres y niñas quedan en la impunidad. Las que se atreven a denunciar enfrentan un proceso largo, doloroso y lleno de trabas. Desde el momento de la denuncia, las mujeres pueden ser sometidas a múltiples interrogatorios innecesarios, a la exposición pública de su caso, a negligencias médicas y a la minimización de los daños sufridos. Las instituciones que deberían protegerlas suelen revictimizar o cuestionar su comportamiento. Esto no es casualidad: es el reflejo de un sistema que sigue creyendo que la culpa la tiene la víctima.
El sistema penal no actúa con la misma severidad cuando se trata de mujeres de escasos recursos, indígenas, garífunas, miskitas o migrantes. Ellas enfrentan más obstáculos, menor credibilidad y mayor exposición al castigo, incluso cuando son víctimas. La prisión preventiva se usa de forma abusiva, y las condiciones carcelarias para mujeres son indignas y violentas. Muchas están recluidas por delitos menores vinculados a la pobreza o la coacción masculina, sin recibir atención ni alternativas reales de reinserción.
Aunque el discurso estatal habla de “protección de las mujeres”, el enfoque sigue siendo punitivista y no preventivo. Se crean leyes más duras sin transformar las causas estructurales de la violencia: la falta de acceso a la educación, la salud, el empleo, la tierra, la vivienda segura o autonomía económica.
Además, la justicia penal hondureña carece de perspectiva de género. Pocas personas operadoras de justicia tienen formación en derechos humanos de las mujeres. Los estereotipos machistas persisten: se juzga cómo vestía la víctima, se justifica al agresor o se omite investigar casos de violencia sexual con la seriedad debida. La justicia no es ciega; tiene sesgos.
El feminismo ha denunciado esta doble violencia: la que sufren las mujeres en la sociedad, y la que reproduce el sistema judicial. Pero también ha planteado alternativas. La justicia no puede ser solo castigo:debe ser de reparación, prevención, educación y transformación. El encarcelamiento por sí solo no cambia las causas de la violencia. Se necesita un enfoque integral, que aborde la desigualdad estructural, garantice derechos y proteja la vida con dignidad.
En un país donde ser mujer es un riesgo, es urgente reflexionar y rediseñar la justicia. El sistema penal lejos de garantizar justicia para las mujeres, sigue reproduciendo las mismas violencias que dice combatir. Un verdadero cambio exige revisar sus raíces patriarcales, racistas y clasistas, así como construir nuevas formas de justicia que partan del cuidado, la reparación y la dignidad. No más indiferencia. No más impunidad. No más castigos que no resuelven nada.
