Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestionó este miércoles la intolerancia del ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, a quien, además le dice en un escrito que tiene temor de salir involucrado en una línea de investigación, que se estaría realizando en el organismo de sociedad civil.
En las últimas, el funcionario de gobierno y el Consejo Nacional Anticorrupción, han hecho vía Twitter una serie de señalamientos, que dejan entrever el descontento de ambos sectores. Díaz acusa al CNA de actuar en favor de algunos políticos, mientras el CNA da a entender que el funcionario estaría bajo la lupa de sus investigaciones.
En ese sentido, el CNA emitió un comunicado en el que indica que entre sus funciones como organismo de sociedad civil, están en la obligación de demandar de los funcionarios del gobierno transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, aclaran que no actúa bajo ninguna bandera política y señala que existe descontento y malestar de parte del gobierno por no tener control sobre esta organización que se ha dedicado a desnudar la corrupción en Honduras.
Por lo que expresa que “al poder se le audita y cuestiona; no se le aplaude por reflejo condicionado, por lo que pretender impedir que la sociedad civil se manifieste es un golpe bajo a la democracia que no se puede tolerar”.
Otra los puntos que denuncia el CNA en su comunicado indica que “desde la parte oficial se observa la intención de afectar la gobernabilidad de la que goza el CNA y que tanto costó obtener, luego de una etapa de oscurantismo político en la que estuvo inmersa en el pasado reciente”.
COMUNICADO DE PRENSA El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ante la comunidad nacional e internacional, expresa su rechazo ante los ataques sistemáticos de los que ha sido objeto por parte del Gobierno por su postura independiente de combate y prevención a la corrupción e impunidad, y en ese sentido se manifiesta en los siguientes términos: PRIMERO: El Consejo Nacional Anticorrupción, como una instancia de la sociedad civil, está en pleno derecho de demandar de las autoridades que gobiernan Honduras transparencia y rendición de cuentas. SEGUNDO: Los virulentos ataques verbales del ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, contra el Consejo Nacional Anticorrupción ponen en evidencia el malestar del Gobierno por no tener control sobre esta entidad que se ha dedicado a desnudar la corrupción pública. TERCERO: El Consejo Nacional Anticorrupción deplora cualquier intento del Gobierno de querer imponer su agenda manchada de actos de corrupción. CUARTO: Las agresiones del Gobierno hacia una organización de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción socavan las bases del Estado de Derecho porque se atenta contra una representación de la sociedad legítimamente constituida. QUINTO: En los últimos seis años, el Consejo Nacional Anticorrupción ha presentado denuncias ante los órganos persecutores del delito contras unos 1,500 funcionarios y exfuncionarios de los últimas cuatro administraciones gubernamentales, incluyendo la actual a la que pertenece el ministro Ebal Díaz; lo que demuestra que el CNA no actúa bajo ninguna bandera política. SEXTO: Al poder se le audita y cuestiona; no se le aplaude por reflejo condicionado, por lo que pretender impedir que la sociedad civil se manifieste es un golpe bajo a la democracia que no se puede tolerar. SÉPTIMO: Las personas que detentan el poder público, independientemente de su membresía política, son, al final de cuentas, servidores del pueblo y por tal razón están en la obligación de observar tolerancia ante la sana crítica. OCTAVO: Son sospechosos los ataques sistematizados contra el CNA de parte de quienes representan el Gobierno y tal parece que estuvieran temerosos de resultar involucrados en una nueva línea de investigación que desarrolla el Consejo. NOVENO: Desde la parte oficial se observa la intención de afectar la gobernabilidad de la que goza el CNA y que tanto costó obtener, luego de una etapa de oscurantismo político en la que estuvo inmersa en el pasado reciente. DÉCIMO: El CNA le reitera al Gobierno que no es una dependencia estatal a la que puede manipular a su antojo y que la comunidad internacional tiene claridad sobre esta separación e independencia. |