Tegucigalpa– El exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda, comparece este miércoles en los tribunales de Tegucigalpa para la audiencia inicial en su contra, acusado de tráfico de influencias.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Pineda habría aprovechado su cargo para favorecer a terceros en ciertos procesos administrativos, lo que iría en contra de la ley y de los principios de transparencia.
La defensa sostiene que no hay pruebas suficientes para respaldar la acusación y ha pedido que se cierre el caso.
El exfuncionario es acusado de dos delitos: supuestamente tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública y violación a los deberes de los funcionarios.
El 1 de abril de 2024, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra los exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda Varela y Ricardo Rodríguez.
Asimismo, el requerimiento incluye a los exfuncionarios Douglas Javier Murillo (jefe de auditores), Karen Yadira Martínez (directora legal) y Santiago Antonio Reyes Paz (secretario general).
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Los imputados habían incurrido en la comisión de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios.
Según las investigaciones, en noviembre de 2023, el MP recibió una denuncia anónima de que varios empleados del TSC del departamento de auditorías del sector municipal del TSC estaban destruyendo y ocultando documentos por “órdenes superiores”.
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Los documentos estarían relacionados a finiquitos de algunas municipalidades, dice el comunicado del ente acusador.
Los fiscales y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) incautaron informes y pliegos de responsabilidad, vídeos de las cámaras de seguridad, declaración testifical de empleados que fueron obligados a cambiar las auditorías de municipalidades.
En ese sentido, el MP indicó que se comprobó cómo funcionan en el TSC las redes de empleados, quienes se aprovecharon de sus cargos para influir en los demás subalternos para emitir resoluciones contrarias a la ley con el fin de beneficiar a terceros. IR
