Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La asunción del general Roosevelt Hernández como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, generó expectativas a lo interno de la institución, muchos dudaban de su liderazgo, otros de su salud, venía saliendo de una operación delicada, pero apostaban a que la institución se iba a desmarcar de ese legado de sumisión al que estuvieron expuestos bajo el mandato del entonces presidente, Juan Orlando Hernández, donde la politización empezaba a florecer.
Los que apostaron por el relevo del general Hernández, tenían la esperanza de que las fuerzas armadas volverían a su rol profesional y no militante-partidario. Pero se equivocaron, el general Hernández no frenó la politización, la aceleró y llevó a un punto donde la sumisión pasó de lo sublime a lo ridículo.
El general Hernández que a fines de año pasará a condición de retiro—salvo alguna excepción política—ha acumulado con la Junta de comandantes una serie de hechos o errores estratégicos que hoy tienen a la institución castrense con un bajo nivel de confianza, apenas un 15.7% según el último sondeo de opinión de los jesuitas.
Algunas de las acciones que han llevado a desdibujar el rol de las Fuerzas Armadas de ser apolíticas, obedientes y no deliberantes, se resume en una serie de asuntos encabezados por el general Hernández que incluye reuniones inapropiadas en contextos políticos poco saludables, discursos altamente políticos y politizados, amenazas e intimidaciones a entes independientes, a sus excompañeros de armas y una batalla frontal contra la prensa y la libertad de expresión. Algunos de estos hechos significativos podrían resumirse en la siguiente cronología:
En el mes de agosto de 2024, el entonces ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, se reunieron en Venezuela con su homólogo venezolano, el general Vladimir Padrino López, en la sede del Ministerio de Defensa de Caracas. La cita generó un revuelo político por el contexto en que se dio: el fraude electoral que el gobierno de Nicolás Maduro hizo a la oposición política ganadora de los comicios que daban el triunfo a Edmundo González, pero Maduro y la institucionalidad bajo su control, les quitaron el triunfo sin mostrar ninguna acta que les indicara que habían ganado limpiamente el proceso. El gobierno de Castro fue de los primeros en saludar el fraudulento triunfo de Nicolás Maduro.
El encuentro de Zelaya y Hernández causó malestar no solo por el momento político, también porque Padrino es señalado como un presunto capo del narcotráfico designado por Estados Unidos por pertenecer al cártel de Los Soles, y por tener una recompensa de $15 millones de dólares. Las autoridades castrenses indicaron que el encuentro con Padrino fue en el marco de un evento deportivo que fortalecía a ambos países. La entonces embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, reaccionó sorprendida por el encuentro y fue duramente atacada por sus expresiones por el gobierno de la presidenta Castro.
En agosto de ese mismo año, el gobierno de Castro denunció el tratado de extradición alegando que había una conspiración contra su gobierno y el general Roosevelt Hernández, pero en el fondo, la acción se produjo al hacerse público un narco video que implicaba a su cuñado, Carlos Zelaya, negociando sobornos con capos de la droga hondureños para la campaña política de Castro en el 2013. Carlos Zelaya era el secretario del Congreso Nacional, renunció al hacerse público el narco video, y su hijo, el entonces ministro de Defensa, José Manuel Zelaya. En febrero de 2025, el gobierno de Honduras anuncia que se echa para atrás con la derogación del tratado de extradición y lo extiende “con salvaguardas” para enero de 2026.
Comienza el coqueteo con Libre
En Septiembre de 2024, la nueva titular de la Defensa y precandidata presidencial por el partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, recorre con miembros de la cúpula castrense, los puntos marítimos de combate al narcotráfico en la selvática región de La Mosquitia, y sube los videos a sus redes sociales de campaña política, sin que las Fuerzas Armadas desautorizaran esa acción por utilizar las actividades propias de la defensa en un acto propagandístico con fines político electorales. La institución castrense estaba siendo utilizada por el oficialismo con fines partidarios y la cúpula castrense optó por el silencio.
Luego en el mes de octubre de 2024, el general Roosevelt Hernández emite un discurso altamente político y politizado al decantarse a favor de la aprobación de la ley de Justicia Tributaria, cuestionando las exoneraciones y a las 10 familias de los grupos de poder que de acuerdo a Libre se han beneficiado de ello sin pagar impuestos. Dijo que por beneficiar a esos grupos el país ha dejado de percibir unos 66 mil millones de lempiras, “es increíble”, ese dinero se pudo invertir en salud y educación, incluso en la misma institución castrense. Su disertación generó fuertes críticas a lo que respondió: “macho que respinga, chimadura tiene”, reiterando que su discurso no iba para favorecer ningún partido político, sino que ellos como estrategas también analizan el tema de la economía dentro del mundo multidimensional de la defensa y la seguridad nacional.
Otro hecho protagonizado por el general Hernández es el haber apuntado con su arma a la Constitución de la República, en un acto sostenido con auxiliares de las Fuerzas Armadas. El hecho se dio en las instalaciones de la Fuerza Aérea ante unas 3 mil personas que se quedaron estupefactas del hecho y así lo relataron a los medios.
Inicia el año y en febrero de 2025, nuevamente el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se vuelve tendencia mediática al trascender que ha puesto denuncia contra una docena de medios de comunicación del país, a quienes quiere obligar a que revelen sus fuentes periodísticas. Uno de esos medios, Hondudiario.com fue visitado por agentes policiales de la Interpol porque su caso era parte de la unidad de ciberdelitos. En el Ministerio Público no dan razones sobre la denuncia, desconocen en qué instancia se encuentra la misma y los trámites a seguir. El general Hernández quiere que la prensa le revele sus fuentes periodísticas, algo protegido por la Constitución de la República, leyes secundarias y tratados internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión de la que el Estado de Honduras es suscriptor. Las organizaciones defensoras de libertad de expresión, nacionales e internacionales, emitieron las alertas sobre esta inusual conducta de los militares hondureños, que ni en los años 80 de las violaciones a los derechos humanos se fueran contra la prensa y la libertad de expresión de ese modo.
Ante la indignación colectiva por las acciones del general Roosevelt Hernández, éste se comprometió públicamente en declaraciones a medios a “reflexionar” sobre las acciones emprendidas contra los medios de comunicación, al mismo tiempo que demandó mayor responsabilidad de la prensa en sus publicaciones. “Vamos a retirar la denuncia, pero esperemos que ya no sigan las mentiras ni las calumnias, esto fue acción del auditor jurídico, no pretendemos intimidar a nadie”, dijo. Pero eso no sucedió.
De frente contra el CNE
Otro hecho que genera preocupaciones sobre el rumbo castrense fue la participación del general Hernández en la juramentación jefe del ejército en Nicaragua, el general Julio César Avilés, para su cuarto mandato. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, juramentó a Julio César Avilés, sancionado por Estados Unidos, para un nuevo periodo -2025/2031- como el mandamás del Ejército. Avilés, quien realizó estudios militares en Cuba, fue sancionado en 2020 por Washington señalado de corrupción, y es acusado por organismos de derechos humanos de tolerar y ayudar, de forma encubierta, a policías y paramilitares a atacar a los manifestantes en 2018. Los acercamientos de Hernández con la dictadura de Daniel Ortega no son señales que favorecen la apoliticidad de las Fuerzas Armadas hondureñas.
Las elecciones primarias de marzo 2025 fueron el detonante de la politización político-partidaria de las Fuerzas Armadas, ante el cuestionamiento público por el paseo de las maletas electorales en la capital, donde los electores esperaron hasta 14 horas para ejercer el sufragio. El papel de los militares de custodia del proceso electoral se rompió y se entró en una confrontación abierta entre los uniformados, en especial la cúpula que encabeza el general Hernández, y las autoridades del CNE, particularmente con las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, que reclamaron a la institución.
En ese ínterin por el paseo turístico de las maletas electorales, sacadas sin ningún control castrense de las bodegas del INFOP, el general Hernández, agregó un nuevo exabrupto a su accidentada gestión, al llegar a las instalaciones donde se reunía el pleno de consejeros del CNE, e irrumpir abruptamente e insultar a la consejera presidenta, según denunció ella misma. El general Roosevelt llegó vestido con su uniforme de guerra, armado y junto a altos jerarcas militares a las instalaciones del órgano electoral para sostener una reunión con el pleno de consejeros. La cita era para conocer el informe oficial de las FFAA sobre lo ocurrido el pasado 9 de marzo en las accidentadas elecciones primarias.
“Quiero anunciar que fui agredida verbalmente por el general Roosevelt Hernández y que voy a suspender la reunión porque no considero que sean seguras las condiciones en que se están llevando a cabo porque claramente están de acuerdo Hernández y Ochoa”, expresó la consejera presidenta en una clara mancuerna entre el jefe militar y el consejero Marlon Ochoa de Libertad y Refundación.
Narró que el alto jerarca militar la increpó que ella no era su superior. ¿Quién se cree él para venir a gritarme a mí?”, externó la consejera López, quien relató que el jefe de las FFAA llegó agresivo y tenía una mirada llena de furia.
Hernández también dio su propia versión a la prensa. Rechazó la agresión verbal a la consejera López, pero aceptó que le exigió retirar el “X” donde habla de una supuesta conspiración con un expresidente, una candidata y el alto mando de las FF.AA. para cambiar los informes en torno a los sucesos bochornosos del pasado 9 de marzo. Tildó de “mentiras y falsos” los señalamientos de López sobre lo expuesto en su post de “X”.
El jefe castrense exigió a Cossette López que retirará de manera inmediata la publicación en “X” alegando que ese mensaje ha manchado de manera injusta y desprestigiado la imagen de las Fuerzas Armadas. En iguales términos cuestionó a la consejera Ana Paola Hall.
La batalla contra la prensa y libertad de expresión
La confrontación con las autoridades del CNE continuó en el mes de abril de 2025, el general Hernández mostraba su incomodidad ante los cuestionamientos, y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro realiza una reunión de Consejo de Ministros ampliado en el Valle de Lepaguare en Olancho, donde otorga el respaldo al general y la Junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, últimas que reactivan sus estrategias en redes sociales e imprimen en versión de papel su medio digital y lo regalan a la gente en los kioscos y afuera de los templos religiosos. El gobierno por su parte, hace lo mismo con el medio digital Poder Popular, los ministros salen en defensa del general Hernández, portan el diario en sus declaraciones a los medios, acusan al bipartidismo político de conspirar y querer desestabilizar a las Fuerzas Armadas.
Arranca el mes de mayo de 2025 y se convierte en uno de los más intensos en la confrontación de los militares con el periodismo nacional, pero previo a esa batalla por la libertad de expresión que registraría este mes, el general Roosevelt Hernández, en ocasión del Día de la Madre, otorga un reconocimiento a la ministra de Defensa y candidata presidencial del oficialismo, Rixi Moncada, por sus 9 meses a cargo de esa dependencia por su “compromiso y lealtad con la patria”.
El Colegio de Periodistas de Honduras entrega el premio nacional de periodismo “Álvaro Contreras”, al director de Radio Cadena Voces, el periodista Dagoberto Rodríguez, quien en su discurso reclamó el papel de los militares, cuestionó su politización partidaria y demandó respeto a su rol constitucional de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. En los mismos términos se expresó en su discurso el presidente del Colegio de Periodistas, Juan Carlos Sierra.
En tanto, el propietario y director de Canal 10, el periodista Rodrigo Wong Arévalo, difundió información en su poder proveniente de fuentes castrenses, que pidieron reserva, en donde se indica que los militares habrían invertido recursos en la empresa estafadora conocida como Koriun Inversiones.
Las Fuerzas Armadas a través de su medio FF.AA. digital despliega su portada con un titular de cinco columnas en donde llama “Sicarios de la verdad” a 3 periodistas y a los medios de comunicación. Esos tres periodistas son el presidente del Colegio de Periodistas, Juan Carlos Sierra, el director de Radio Cadena Voces y premio “Alvaro Contreras”, Dagoberto Rodríguez y al director y propietario de canal 10, Rodrigo Wong Arévalo, a quienes destaca con amplias fotografías.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y varios sectores del país condenaron enérgicamente la escalada de ataques contra periodistas de parte del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández y la ministra de Defensa, Rixi Moncada. Cuestionan el uso de fondos públicos y violaciones a convenios internacionales y de libertad de expresión para atacar a la prensa.
La candidata presidencial del oficialismo y ministra de Defensa, Rixi Moncada, deja su cargo porque así lo manda la Constitución y la presidenta Xiomara Castro anuncia que asumirá el control de la Secretaría de Defensa. Castro inicia una ronda de visitas a batallones donde es recibida con alfombra roja.
En junio de 2025, la confrontación entre las Fuerzas Armadas y la prensa sigue su escalada. En su medio FF.AA. Digital, en las primeras planas acusan a los diarios La Prensa, El Heraldo y Radio Cadena Voces de mentir al pueblo al difundir una información sobre el ingreso al país de 793.4 toneladas de nitrato de amonio a través de 36 contenedores, cuestionando la custodia que los militares hicieron del mismo al ser este un químico usado para la fabricación de explosivos.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, revela a medios que los militares investigan a periodistas y revisan sus biografías en el marco de la “informalidad”. Se eleva la alerta en los medios por el retorno a las épocas de espionaje de las militares, típicas de los años 80 al amparo de la doctrina de seguridad nacional.
Posteriormente, las Fuerzas Armadas en su periódico digital acusan a los medios de comunicación que cuestionan su accionar de ser aliados del crimen organizado que ha orquestado una campaña en su contra por los golpes dados al narcotráfico.
En tanto, en ocasión de un nuevo aniversario de la conmemoración del golpe de Estado el 28 de junio de 2009, por primera vez, el canal de las Fuerzas Armadas se suma a la transmisión de la marcha política de Libre dando amplia cobertura a un hecho eminentemente político-partidario.
Instrumento del poder político y del gobierno
El general Roosevelt Hernández vuelve a sorprender y declara en los medios que las Fuerzas Armadas son un instrumento de poder, y el gobierno es el poder político que comanda a la institución armada, y las decisiones que tomen se emplearán en esta institución para los fines políticos que ellos tengan, si es para beneficiar al pueblo hondureño o no, es un gobierno el que lo determina. “Las Fuerzas Armadas somos obedientes, no deliberamos por decisiones que corresponden al poder político. Somos asesores del sector político porque somos geo estrategas y geopolíticos”, acotó.
Entrando al mes de julio de 2025, un trabajo de diario El Heraldo revela que el subdirector de relaciones públicas de las Fuerzas Armadas, el teniente coronel Ubaldo Rodríguez Chinchilla, se encuentra en abierta actividad política al acompañar en actividades proselitistas a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, exministra de Defensa, y publica fotografías en donde el uniformado se ve acompañando a la presidenciable.
El medio revela que Chinchilla es uno de los hombres de confianza del general Roosevelt Hernández, que hace labores de inteligencia y monitoreo de medios de comunicación y redes sociales para informarle al general quienes le critican y qué dicen en la prensa.
A raíz de la publicación, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado indicando que el oficial Chinchilla al custodiar a la exministra de Defensa solo cumple con un protocolo de seguridad a altos dignatarios, justificando así la presencia del subdirector de relaciones públicas castrenses en actividades políticas de la candidata presidencial del oficialismo. Pide al medio periodístico y a la prensa en general desarrollar una cobertura periodística con “mayor veracidad”.
“Hacemos un llamado respetuoso, pero enérgico a los medios de comunicación a manejar la información con responsabilidad, evitando la difusión de datos sin fundamento que puedan afectar la imagen de nuestra institución”, se lee en el documento oficial. Los militares también cuestionan un trabajo periodístico de ICN digital sobre hechos cronológicos que estiman dañan la institución, al general y obedecen a una campaña de un grupo económico.
En materia electoral, las autoridades del CNE enviaron una carta a las Fuerzas Armadas para pedir protección a sus instalaciones, luego que los colectivos de Libre boicotearon la entrega de ofertas para la licitación del sistema de Transmisión Preliminar de Resultados Electorales (TREP). Las Fuerzas Armadas respondieron que ese tipo de seguridad no les corresponde a ellos, sino a la Policía Nacional al ser las responsables de la convivencia ciudadana. La ley electoral señala que cometen delitos electorales quienes obstaculicen el normal desarrollo del proceso electoral.
Luego en otra nota al CNE, las Fuerzas Armadas les indican que, a partir de ahora, cualquier petición que hagan relacionada con el proceso electoral debe ser dirigida a la presidenta Xiomara Castro por ser la comandante general del cuerpo armado. Los expertos en temas militares señalan que ese es un exabrupto del general Roosevelt Hernández porque ellos están para resolver cuestiones operativas como las que demanda el CNE, además de que ello violenta la independencia y autonomía del ente electoral al querer subordinarlo al Poder Ejecutivo.
Retos y purgas, así sale el general
En declaraciones de prensa, el general Roosevelt Hernández, sigue desafiando al Consejo Nacional Electoral al demandar que tienen que entregar el material electoral 48 horas antes de las elecciones para que no se repita lo del 9 de marzo, que, según el general Hernández, fue una irresponsabilidad del CNE.
La Junta de comandantes encabezada por el general Hernández protagoniza una inusual reunión con el directorio del Banco Central de Honduras—que se encuentra laborando a medias por falta de integrantes—para conocer la situación de la política monetaria y crediticia del país.
Un grupo de ciudadanos y militares en retiro agrupados en una instancia civil denominada “Defensores de Honduras”, pide la renuncia del general Hernández por estar llevando a la institución castrense por un rumbo equivocado en abierta politización partidaria a favor del gobierno y del partido en el poder. Las Fuerzas Armadas, aseguran, se están desmarcando de su rol constitucional y de ser garante de la democracia y la alternabilidad en el poder como principios constitucionales establecidos en la carta magna.
Frente a esta petición, el general Hernández reaccionó con virulencia, les acusó de ser desleales a la institución, y que les sacaría “trapitos ocultos” a cada uno de ellos, que no tienen ética ni moral para cuestionarlo.
Mientras el general Hernández sigue sumando réditos a su confrontación con diversos sectores, trasciende que ha hecho movimientos internos para deshacerse de quienes no comparten su visión o en represalia contra terceros. Sale así a la luz pública la decisión del general de dar de baja al capitán José Coello, sin justificación alguna, y quien se había desempeñado con mucho acierto como uno de los portavoces castrenses.
Repentinamente Coello fue trasladado a otro departamento, sin mayores explicaciones y mientras se preparaba para su ascenso, fue dado de baja. El capitán Coello es el esposo de la conocida periodista Saraí Espinal, quien aspira actualmente a una diputación en las elecciones del 30 de noviembre por el Partido Liberal.
Espinal denunció al general Hernández ante el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por castigar, amedrentar e intimidar “a quienes no nos quedamos callados, es una forma de violencia institucional y de género”, dijo la comunicadora que achaca el despido de su esposo a represalias del general Roosevelt Hernández por su labor como periodista y ahora como política.
Las Fuerzas Armadas han negado ese hecho, dicen que todo es parte de un procedimiento interno.
Y el mes de julio transcurre con la inauguración del primer campamento de la Juventud Morazanista, al estilo de las militancias bolivarianas de Venezuela. En el evento se dio paso al curso básico polivalente a niños y niñas de 6 a 11 años, denominados “tigrillos”, así como a los “cadetes morazanistas”, en las edades de 11 y 17 años, como parte de su proyección cívica con la población. De esta forma registra su paso de politización político-partidaria el general Roosevelt Hernández y su Junta de comandantes. Son las “nuevas” Fuerzas Armadas, asegura el gobierno y su principal líder castrense. (PD).
