Tegucigalpa – La Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), lanzaron este miércoles el proyecto IURISDIKE: Fortaleciendo el acceso a la justicia en Honduras.
«La iniciativa busca mejorar el acceso a la justicia de la población hondureña para garantizar la aplicación efectiva de los derechos humanos en el país», indicó a Proceso Digital la jefa de la Cooperación de la UE en Honduras, Cristina Marín.
Mediante el proyecto se desarrollarán acciones en dos líneas estratégicas de intervención incluyendo el fortalecimiento institucional orientado a mejorar la eficiencia, efectividad e independencia de las instituciones y mecanismos de justicia; y el acompañamiento integral a víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
«El fin de fortalecer las capacidades de estas instituciones para acceder a la justicia, obtener protección legal y reivindicar sus derechos particularmente de poblaciones que enfrentan múltiples desafíos en el acceso a sus derechos como las mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas, personas con discapacidad y juventud», detalló.
Al lanzamiento del proyecto asistieron además de Marín, el representante de OACNUDH para Honduras, Juan Carlos Monge; el ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra; el coordinador de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, así como representantes de la academia y la sociedad civil.
Asistencia especializada y financiamiento
El proyecto contempla asistencia técnica especializada para mejorar las capacidades técnicas y la coordinación de instituciones del Estado: el Congreso Nacional, el Poder Judicial (incluida la Corte Suprema de Justicia), el Ministerio Público, la secretaria de Justicia, Gobernación y Descentralización, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario y la Secretaría de Derechos Humanos.
También prevé apoyo específico a órganos independientes como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV), en virtud de sus mandatos en la protección y promoción de los derechos humanos.
De igual forma, la iniciativa promoverá el litigio estratégico en casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos con el fin de generar precedentes judiciales que contribuyan a transformar el acceso a la justicia y fortalecer el marco legal nacional.
«Con una duración de cuatro años, el proyecto IURISDIKE representa una oportunidad estratégica para transformar el acceso a la justicia en Honduras y obtener respuesta oportuna, significativa, adecuada y con enfoque de género e interseccional», indicó el representante de OACNUDH para Honduras.
Monge indicó que considerando que en años recientes, Honduras se ha debatido entre crisis política, casos de corrupción y una persistente impunidad que afecta la confianza de las personas en las instituciones, «la mejora de acceso a la justicia y el fortalecimiento del estado de derecho son pilares esenciales para la democracia».
Este esfuerzo conjunto entre la Unión Europea y OACNUDH reafirma el compromiso con la construcción de un sistema de justicia más inclusivo, eficiente y respetuoso de los derechos humanos.
El ministro Becerra señaló que en la actualidad persistes grandes desafíos en materia de acceso a la justicia, «entre ellos los altos niveles de impunidad, consideraría yo, uno de los problemas más graves que genera desconfianza en la población, pero también reincidencia en los delitos».
Afirmó también que desde el gobierno se han realizado esfuerzos por reducir los índices de asesinatos, «todavía persiste el crimen organizado, las maras y pandillas e impiden que la población pueda denunciar los atropellos de los que son víctimas en sus comunidades».
En tanto la corrupción, indicó, «todavía persiste la colusión entre crimen organizado, funcionarios públicos que tampoco permiten que ese acceso a la justicia sea eficaz, sea eficiente y sea equilibrada», dijo.
El coordinador de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz agregó la desigualdad a este limitado acceso a la justicia en el país. «Entre menos tenemos, menos tenemos acceso a las cosas, y la justicia también es una de ellas, entre más pobres somos, menos posibilidades tenemos de reivindicar nuestros derechos», apuntó. VC
