San Salvador.– La organización humanitaria Cristosal indicó este sábado que existe una solicitud en trámite de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Ruth López, la abogada anticorrupción y crítica del Gobierno de Nayib Bukele, a la vez que denunció su «traslado irregular» a una prisión.
La fuente indicó en un comunicado que, el 4 de julio de 2025, López «fue trasladada arbitrariamente desde la delegación de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil en San Salvador hacia un centro penitenciario en Izalco, a pesar de existir una resolución judicial previa que ordenaba mantenerla en la delegación por razones de salud».
Sostuvo que esta situación se da tras ser declarada por Amnistía Internacional (AI) como «persona presa de conciencia» y «en el marco de una solicitud de medidas cautelares en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada para resguardar su salud, integridad y vida».
Cristosal agregó que las autoridades penitenciarias admitieron de «manera informal» que López se encontraba en Izalco, en el occidente del país, pero «su familia y su defensa no han podido verla ni comunicarse con ella».
«Esta incomunicación genera incertidumbre sobre su estado real y su paradero efectivo, constituyendo una grave vulneración a sus derechos humanos», lamentó.
López -una de las voces más críticas del Gobierno de Nayib Bukele, fue detenida el pasado 18 de mayo y enfrenta un proceso penal por supuesto enriquecimiento ilícito, que pasó a etapa de instrucción.
El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.
Además de López, reconocida en 2024 por la BBC como una de las mujeres más influyentes, está el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el abogado ambientalista Alejandro Enríquez, el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez y el portavoz de una organización humanitaria Fidel Zavala.
También se conoció la salida de la activista y directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, tras conocer sobre una posible «detención arbitraria» en su contra. EFE/ir
