Tegucigalpa – El ex presidente Manuel Zelaya (2006 -2009), reaccionó incómodo con la citatoria que un tribunal de Tegucigalpa hizo a su ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, confeso público de que el «carretillazo», como se conoce a la acción que llevó a extraer 40 millones de lempiras de las bóvedas del estatal Banco Central de Honduras (BCH), si existió.
Director de fiscales dice que estudian posibilidad de asegurar bienes a ex ministros.
Al par, el director de fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta, dijo claramente que los bienes de los ex funcionarios de la administración Zelaya que tienen señalamientos por presunta corrupción podrían ser asegurados en cualquier momento.
En Honduras, recordó Argueta, existe una Ley de Privación de Domino de Bienes con Origen Ilícito, al agregar que la Fiscalía estudia aplicar esa ley a ex ministros de Manuel Zelaya, involucrados en “el carretillazo”.
Para el ex gobernante y ahora coordinador de un nuevo partido político denominado Libertad y Refundación (Libre), reactivar el “carretillazo” implica revivir la cuarta urna, un mecanismo de consulta popular que él quiso poner en práctica, pese a la prohibición de un juez. Este hecho desembocó en su derrocamiento. “En el momento en que reactiven la Cuarta Urna, nosotros reactivamos el golpe de Estado que ellos nos dieron”, arguyó Zelaya, en declaraciones a periodistas, intentando matizar “el carretillazo” con el tema político.
“El carretillazo” es tipificado por las autoridades como un caso emblemático de la corrupción pública en Honduras.
“Las víctimas están siendo perseguidas y los golpistas protegidos, ¿qué justicia es esa?”, se preguntó Manuel Zelaya, quien actualmente ocupa una curul en el Parlamento hondureño por el Partido Libre.
“Sí ellos reactivan el proyecto de la Cuarta Urna, vamos a poner urnas otra vez para que el pueblo se exprese y que les dé una bofetada”, amenazó el ex presidente.
Sus declaraciones ocurren el mismo día en que el asesor presidencial y ex diputado izquierdista , Marvin Ponce adelantó que “habrá una pasarela de ex ministros que tendrán que rendir cuentas sobre los fondos retirados del Banco Central de Honduras, que iban a ser utilizados para la Cuarta Urna”, aseguró.Ponce dijo que, siguiendo el debido proceso, se tendrá que certificar a dónde fueron a parar los fondos del Estado. “Tengo conocimiento que los 40 millones que se sacaron de las bóvedas del Banco Central de Honduras para la Cuarta Urna, se distribuyeron a una variedad de los ex ministros del gobierno de Manuel Zelaya Rosales”, acotó.
Agregó que todos los ex ministros que recibieron esos fondos públicos tendrán que pasar por la ley para que rindan cuentas al pueblo hondureño.
Cinco años después aceptan “carretillazo”  Tras pasar negando durante cinco años la existencia del “carretillazo”, este agosto, tanto el ex presidente Zelaya como su ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, admitieron que si ocurrió el hecho, pero trasladaron a los activistas, la mayoría ahora de Libre, la responsabilidad de rendir cuentas de lo que ocurrió con esos recursos. El ex presidente Zelaya y la mayoría de la cúpula de Libre conformada, por sus ex ministros, admitieron que si se repartieron fondos en efectivo «durante días enteros» antes que se pretendiera efectuar la ilegal jornada de la Cuarta Urna. Pero en lugar de pedir a sus coordinadores departamentales, la mayoría ex ministros de su gabinete de gobierno, Zelaya descarga la responsabilidad en los 15 mil activistas que, según involucró, recibieron los recursos. Muchos ministros aceptaron haber recibido los dineros pero otros negaron su participación. La versión actual brindada por Flores Lanza dista de la que mantuvo desde 2009 y hasta hace unos días, en el sentido de que nunca recibió el dinero del llamado «carretillazo». Ese cambio de declaración ha causado malestar interno entre los seguidores, bases y dirigentes de Zelaya quienes se sienten traicionados por lo que calificaron como un engaño por parte del ex ministro. Flores Lanza deberá comparecer ante el juez el 14 de octubre por el delito de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. |
El ex ministro Flores Lanza insiste en que no fue nada ilegal, ya que estaban amparados en un decreto del poder Ejecutivo, aunque el poder Judicial ya había declarado fuera de la ley la convocatoria a la consulta que daría paso a la instalación de una constituyente que buscaba perpetuar en el poder al gobierno de ese momento.
