Tegucigalpa – Más de 600 fiscales hondureños se encuentran bajo la línea de fuego en este país centroamericano, que analiza una Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, norma que no termina de aprobarse por falta de recursos presupuestarios.
– El director de la Policía ha reiterado que no hay capacidad operativa para proteger a tantos operadores de justicia.
El asesinato de dos fiscales en el norte de Honduras volvió a disparar las alarmas sobre la vulnerabilidad a la que se enfrentan estos funcionarios. Datos oficiales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), dan cuenta que 83 abogados han sido ultimados en los últimos cinco años, de los que media docena se desempeñaban como fiscales del Ministerio Público.
La noche del viernes de la presente semana, la ex coordinadora de fiscales en San Pedro Sula, Marlene Banegas Brevé, y la fiscal del Medio Ambiente, Olga Patricia Eufragio, fueron acribilladas en la avenida Circunvalación de la ciudad industrial.
De acuerdo a informes preliminares de la Policía Nacional, el ataque estaba dirigido contra Marlene Banegas, quien se desempeñaba como coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, además ésta profesional conocía importantes casos ocurridos en los últimos meses en esa zona del país.
Fiscales olvidados y vulnerables ante el crimen
El abogado Santiago Moncada, presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, lamentó que las máximas autoridades de la Fiscalía hondureña sí anden revestidos de seguridad, mientras los fiscales que son los que dan la cara en los juicios “caminan desprotegidos”.
Llamó para que las dos últimas muertes de las dos fiscales sampedranas logren un llamado a la conciencia para que el gremio logre unirse. “Perdimos a dos valiosas compañeras y no queremos que esto quede en el olvido como sucedió con el colega Orlan Chávez que nunca se investigó su muerte”, clamó.
“Demandamos que las autoridades pongan cartas en el asunto porque se nos ha ofrecido que nos van a dar seguridad, pero sólo pasa una tragedia y a los pocos días quedamos olvidados. Nos enfrentamos al crimen organizado y otros casos delicados y no se da ninguna seguridad”, criticó el representante de los fiscales.
Reveló que muchos compañeros fiscales han clamado porque se les traslade a otra zona del país ante las condiciones de inseguridad que afrontan en sus lugares de origen. “Conocemos muchos casos que no se les quiere trasladar a los compañeros para que éstos puedan trabajar tranquilamente, en este momento hay fiscales que corren riesgo por el desempeño de sus funciones. La política del Estado debe ser proteger al 100 por ciento a los operadores de justicia”, reiteró.
“Le exigimos al fiscal general y a su adjunto que hagan las rotaciones de inmediato de aquellos fiscales que están en peligro y que así lo han comunicado”, imploró.
Reprochó que en Congreso Nacional mantiene engavetada la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
“Esta ley es una prioridad, esperamos que en los próximos días se tomen acciones, que la ley sea aprobada, pero que se doten de los recursos necesarios porque de lo contrario se convertirá como muchas normas, en papel mojado”, fustigó.
Ley para proteger a operadores
de justicia no dispone de recursos
El vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, diputado Yuri Sabas, reveló que el principal problema que enfrenta la Ley de Protección para Operadores de Justicia “es la falta de recursos económicos”.
Detalló que la norma no se encuentra engavetada, “el problema que tenemos con esta ley es de carácter presupuestario, debemos de actuar de manera responsable y no podemos aprobar una ley que no tenga respaldo presupuestario porque lo que se busca es que la misma tenga carácter ejecutivo”.
El parlamentario liberal dijo que no quieren que la ley se convierta “en papel mojado”.
“El Ejecutivo nos ha dicho que respaldan la ley, sin embargo no nos dan el respaldo presupuestario para que la norma sea una realidad. En Honduras no podemos seguir aprobando leyes que luego se convierten en papel mojado”, insistió.
Sabas descartó que las últimas muertes de operadores de justicia sean por la falta de aprobación de la norma y achacó que “eso se debe a la administración interna de la Fiscalía porque no se hacen las rotaciones como deben llevarse a cabo.
Puntualizó que varios diputados han reclamado reiteradamente que mediante fondos de la Tasa de Seguridad se logre dar vida a la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
En una reciente entrevista con Proceso Digital, el jefe de la Policía hondureña, Ramón Sabillón, señaló que el cuerpo del orden que él dirige no tiene capacidad de brindar seguridad a tantos operadores de justicia.
Pineda indicó que no pueden desproteger a la ciudadanía en general por garantizar la seguridad de jueces, magistrados, fiscales y otros personajes, aunque mencionó que sí ofrecen resguardo a ciertos operadores de justicia que se enfrentan a la criminalidad.
