Tegucigalpa – El gobierno procedió la noche de este viernes a juramentar a una junta interventora transitoria que asumirá por 180 días el control de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).
– Un militar presidirá la interventora en Invest-H.
– Respecto a los hospitales móviles, la Junta Interventora ha recibido instrucciones de realizar las gestiones que legalmente correspondan para agilizar el desaduanaje y la pronta instalación de los mismos en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
José Ernesto Leva Bulnes.La junta está integrada por José Ernesto Leva Bulnes, quien la presidirá, además de José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo.
En las últimas semanas, Invest-H ha estado en el “ojo del huracán” por la presunta compra irregular de siete hospitales móviles a un intermediario que a su vez los compró a Turquía. Honduras pagó 48 millones de dólares (1 mil 200 millones de lempiras) al contado por los nosocomios, de los que apenas dos han llegado al país.
Dos titulares de Invest-H ha tenido solo en este mes: Marco Bográn y Evelyn Bautista, el primero seriamente cuestionado por la compra de los sanatorios rodantes.
Interventora por 180 días
De acuerdo a lo informado por el gobierno hondureño, con la Junta Interventora se reiniciará, de inmediato, los proyectos sociales, productivos y comunitarios que se venían realizando a través de Invest-H.
Asimismo, señalan que en virtud de que hay investigaciones en curso, las cuales tienen todo el respaldo del Gobierno, se ha decidido conformar una Junta Interventora transitoria a fin de que, por un periodo de 180 días, asuma el control de Invest-H y reactive de inmediato todos los proyectos sociales que fueron suspendidos a raíz de la pandemia COVID-19.
La interventora -se explica- apoyará el proceso para sanear la situación administrativa, financiera y funcional Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). En caso de ser necesario, el periodo de intervención podrá ser ampliado hasta el cumplimiento de los objetivos.
Sus miembros
La junta la integran el Ingeniero y Master José Ernesto Leva Bulnes, quien estará presidiendo dicha junta. El Ingeniero Leva se desempeñó como gerente del Instituto de Previsión Militar, es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, ingeniero Geógrafo con un post grado en gestión de empresas para ingenieros y sistemas de información geográfica, maestría en Finanzas y Control de Gestión y maestría en ciencias con orientación en proyectos.
También integra la junta interventora José Gustavo Boquín Suárez, ingeniero civil con MBA del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Actualmente es el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, directivo del Régimen de Aportaciones Privadas y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante Convivivienda. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura.
El tercer miembro de la comisión es José Alberto Benítez Portillo, ingeniero agrónomo con maestría en Administración de empresas y orientación en Finanzas. Es un profesional con sólida experiencia en gestión financiera, productiva, ventas y manejo de recursos humanos. Actualmente es subsecretario de Agricultura y coordinador Nacional de Fideicomiso para la reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (FIRSA).
Los miembros de esta junta interventora tienen la misión de buscar la continuidad y cumplimiento a los proyectos, procesos, contratos y programas vigentes y en ejecución, por parte de (Invest-H), con prioridad en el sector agroalimentario y de Infraestructura vial.
La Comisión tendrá todas las facultades que correspondan a los órganos de decisión superior, principalmente en lo que respecta a su funcionamiento, desarrollo y operación, ejerciendo por lo tanto todas las potestades de administración y dirección de todas las actividades, así como al ejercicio de las demás facultades que por norma legal adicionalmente le correspondan.
Los miembros de la junta interventora tiene el mandato legal de actuar con absoluta transparencia y rendición de cuentas, respetando todos los procesos de adquisición de bienes y servicios, y contratación de obras públicas, bajo los principios de eficiencia, buena fe, igualdad y libre competencia.
Durante este proceso, los miembros de la junta interventora quedan facultados para solicitar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una auditoría financiera y de cumplimiento legal, sin perjuicio que dicha junta también queda facultada para contratar una firma internacional especializada y de reconocida trayectoria con acreditada calificación.
