San Salvador – Una corte de El Salvador condenó hoy al expresidente Elías Antonio Saca a pagar más de 260 millones de dólares como «responsabilidad civil» por una millonaria malversación de fondos estatales, por la que también recibió una pena de 10 años de prisión.
Junto a Saca fueron condenados a penas de cárcel y por «responsabilidad civil» sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente.
La misma suerte corrieron el ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga y el excolaborador Pablo Gómez.
«Los imputados son responsables civilmente de los hechos y consideramos procedente condenarlos», dijo la jueza María Ábrego, una de los tres miembros del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.
Señaló que con el «actuar de cada uno de los imputados se causó daños al Estado» y que formaron una «estructura» dentro de la Presidencia para desfalcar más de 300 millones de dólares.
A cambio de reducir su condena, el exmandatario de ARENA detalló la metodología con la que vació de forma continuada las cuentas públicas. EFE
La condena civil establece que Saca debe pagar al Estado más de 260 millones de dólares, Charlaix 15 millones de dólares, Funes más de 886 dólares y Rank 8,3 millones.
Por su parte, Arteaga deberá reintegrar 7 millones de dólares, Castellanos 3 millones de dólares y Gómez 5 millones, que totalizan 300 millones de dólares «exactos».
La juzgadora no detalló la razón por la que la condena civil fue por esa cantidad y no por los 300.347.117,17 dólares, dinero que el mismo criminal señaló que fue «lo defraudado, lo saqueado al Estado y lavado».
La decisión de esta condena civil fue tomada por mayoría y no por unanimidad, como en el caso de las penas de cárcel, dado que el juez presidente del tribunal, Jose Luis Gianmattei, votó en contra.
El juzgador aclaró que prefería dar una «resolución en abstracto» y que el tema de responsabilidad civil lo viera una corte en esta materia para garantizar el «debido proceso, para ser proporcionales en la cuantía y justos».
El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca conversa con su abogado defensor, Mario Machado.
El abogado defensor de Saca, Mario Machado, aseguró a la prensa que esperara recibir la copia del fallo definitivo, que se entregará el próximo 26 de septiembre, para valorar una «posible apelación en cuanto al tema civil».
«La defensa no está diciendo que no hubo una administración desleal con los fondos, pero no podemos hablar esas cuantías», apunto Machado, quien sostuvo que «si se hubiesen usado mal los más de 300 millones de dólares, no hubiese funcionado Casa Presidencial durante todo ese período (2004-2009)».
El letrado sostuvo que la sentencia civil se basó en peritajes incompletos y que no se incluyeron los pagos para la inteligencia estatal y de la seguridad presidencial, «compensaciones salariales» a los miembros del gabinete de Saca y repuestos del helicópteros.
Saca deberá purgar 10 años de prisión, mientras que sus excolaboradores pagarán entre 2 y 16 años de prisión por peculado y lavado de dinero, la pena más alta corresponde a Gómez.
Este exempleado de la Presidencia fue el único que no se acogió al beneficio del «juicio abreviado» para recibir una pena baja a cambio de confesar.
Saca, que llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se convirtió así en el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por delitos de corrupción.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes (2009-2014) y Francisco Flores (1999-2004), suman más de 666 millones de dólares.
Saca, popular expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, de 53 años, pasó de ser el presidente más popular de la historia democrática de El Salvador a convertirse en un corrupto confeso, por lo que fue condenado a 10 años de prisión por malversar más de 300 millones de dólares del Estado. Atrás quedó la imagen del carismático líder de la derecha salvadoreña que dejó los micrófonos de radio para dirigir al partido de derecha más exitoso de El Salvador y derrotar con contundencia al máximo referente de la izquierda, el excomandante guerrillero Shafick Handal, en las elecciones presidenciales de 2004. Y es que ningún presidente, ni el izquierdista Mauricio Funes que rompió la hegemonía de la derecha en el poder en 2009, ha alcanzado o superado en la primera vuelta de una elección el 57,7 por ciento de votos a favor que registró Saca. «Coloco mi presidencia en las manos de Dios. Sé que él ha puesto en mis manos este encargo. Soy Tony Saca, su presidente», afirmó en su discurso de toma de posesión, en el que prometió que gobernaría «al lado de la gente, de los más pobres». Saca, descendiente de emigrantes palestinos católicos, antes de ser jefe de Estado dirigió la principal gremial de empresarios del país, y entre 1997 y 2001 presidió la Asociación Salvadoreña de Empresas de Radio (ASDER) y el Comité Permanente de la Libertad de Expresión de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR). No concluyó la licenciatura en Periodismo en la estatal Universidad de El Salvador por dedicarse a trabajar como locutor en varias radios y luego como presentador en un programa televisivo de deportes. Su carrera empresarial comenzó en 1980. La economía y la seguridad fueron los puntos principales que Saca tenía en su agenda como presidente, por lo que lanzó un reforma fiscal que no contó con la venia de toda la derecha, y el plan Súper Mano Dura, que daba continuidad a la política antipandillas lanzada por su antecesor Francisco Flores (1999-2004), procesado también por corrupción hasta su muerte en 2016. La imagen de Saca dio un pequeño giro hacia el «populismo», según varios sectores, incluidos algunos de la extrema derecha, con el lanzamiento del programa de asistencia «Red Solidaria». Este buscaba beneficiar a 90.000 familias con una dotación anual de 50 millones de dólares con contribuciones de España, Alemania, la UE, Canadá o Luxemburgo. Su debacle dentro del partido que lo llevó al poder, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), comenzó con la derrota en las elecciones presidenciales de 2009. Saca fue acusado de participar en una «confabulación» para «dividir» a Arena y haber dirigido un «proceso viciado» en la elección de Rodrigo Ávila como candidato presidencial, por lo que en diciembre de 2009 fue expulsado del partido, cuando ya había voces que hablaban de irregularidades cometidas en su administración. Toda esta actividad política se dio al margen de una trama de corrupción con la que Saca eliminó del presupuesto estatal más de 300 millones de dólares y cuyos cimientos fundó apenas tomó el poder. Tuvieron que pasar casi 9 años desde el final de su gestión para que las autoridades lo detuvieron el 30 de octubre de 2017 durante la boda de uno de sus hijos. El pasado 9 de agosto, el expresidente confesó que en 2004 emitió un reglamento que daba la categoría de secreto de Estado a la información sobre los fondos manejados como «gastos reservados». Bajo el amparo de esta normativa, Saca y sus presuntos cómplices movieron los millones a varias cuentas bancarias particulares y de ahí el dinero pasó a manos de agencias de publicidad, que acordaron cobrar una comisión, o «sociedades de papel», que llevaron los fondos hasta la empresas del exmandatario. «Me aproveché de la organización (del Gobierno) y de los escasos dispositivos de control para trasladar fondos a otras personas sin relación con la Presidencia», dado que las auditorías se hacían «de forma superficial», dijo Saca. «¿Acepta usted haber cometido de manera dolosa el delito de peculado y lavado de dinero que le está atribuye la Fiscalía?», preguntó uno de los fiscales a Saca, quien respondió con un seco «sí». Saca purgará 10 años de prisión por estos cargos, de los que se reducirán los casi 2 años que pasó en prisión preventiva, mientras que sus excolaboradores recibieron penas de entre 3 y 16 años de cárcel. Los jueces dejaron en manos de otro tribunal el destino de las 86 radios que pertenecen a Saca al abstenerse de emitir una sentencia de «responsabilidad civil». |
