Zelaya dijo en la Casa Presidencial que Honduras «ha sido un estado burgués» y que quienes se oponen a que él impulse una reforma de la Carta Magna «son los ricos, los grupos de poder», que durante muchos años «han estado violando las leyes del país».
El gobernante también criticó a los diputados del Parlamento y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por haberse pronunciado en contra de la destitución del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, a quien Zelaya destituyó de su cargo el miércoles.
Vásquez fue destituido por negarse a poner a disposición de Zelaya la capacidad logística del Ejército para ayudar a la celebración de la consulta que el mandatario quiere llevar a cabo el próximo domingo, para que los hondureños digan si desean que se celebre un referéndum sobre la reforma de la Constitución.
Tras la destitución de Vásquez, el ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana, presentó su renuncia, y Zelaya se la aceptó.
En su comparecencia de hoy, el presidente fue acompañado por decenas de representantes de organizaciones populares que se pronunciaban a favor de su iniciativa de reformar la Constitución.
Después de un discurso, la entonación del himno nacional y de un saludo militar, Zelaya salió hacia la sede de la Fuerza Aérea, en el extremo sur de la capital hondureña.
El jefe de Estado pidió a sus seguidores que le acompañaran formando una caravana de vehículos.
La consulta, que es rechazada por diversos sectores, que creen que Zelaya pretende el continuismo, busca que los hondureños digan si desean que se instale una urna adicional en las elecciones del 29 de noviembre próximo para pronunciarse sobre una Asamblea Constituyente y la reforma de la Carta Magna a partir de 2010.
El mandatario debe entregar el poder el 27 de enero del próximo año al ganador de esos comicios.
Algunas empresas, oficinas, centros educativos y otros negocios privados cerraron hoy a partir del mediodía por temor a que se desate la violencia en el país centroamericano, por la polarización derivada de la iniciativa de Zelaya.
La Corte Suprema de Justicia, el Parlamento, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otros organismos, han declarado «ilegal» la consulta impulsada por Zelaya.
Además, la Corte Suprema dejó hoy sin efecto la destitución del general Romeo Vásquez y pidió su restitución en el cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
