La semana pasada presencié una comparecencia de la Secretaria de Finanzas, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Procurador y don Fernando García, en la cual abordaron el proceso de arbitraje en el cual está involucrado nuestro gobierno como consecuencia de la derogación de la legislación que dio pie a la creación de las Zedes. Ignorando el ambiente circense que suele acompañar a estos casos, pareciera que la defensa legal que plantea el gobierno se basa en una ley que aprobara el Congreso hace como 25 años.
Si recuerdo bien, en aquel entonces el país había perdido un arbitraje internacional y la reacción fue exigir a los funcionarios del gobierno que las diferencias contractuales se ventilaran en los tribunales nacionales y que, a partir de aquel momento, no se recurriera al arbitraje internacional. Según entiendo, ahora se arguye que, en el caso de las Zedes, el arbitraje no procede porque la ley establecía que nuestro país no debería aceptar el arbitraje internacional.
Es un argumento un tanto raro porque se reduce a argüir que después de haber firmado una persona un contrato, luego alegue que el contrato no es válido porque ella no podía firmar dicho contrato. Por otro lado, la citada ley ignoraba que nuestro sistema de justicia carece de credibilidad internacional y por tanto los inversionistas y los contratistas requieren que la solución de los diferendos que puedan surgir en una relación contractual se dé mediante el arbitraje internacional. Al parecer, nuestro gobierno está por volver al pasado, a lo que no funcionó antes. Pero veamos lo que realmente ha ocurrido para que podamos llegar a nuestras propias conclusiones.
Para comenzar, recordemos que nuestros tratados de libre comercio, que son muchos, establecen el mecanismo del arbitraje internacional como el medio idóneo para ventilar los diferendos que seguramente surgirán durante la vigencia de esos contratos. La razón es obvia. Tratándose de naciones soberanas, no resulta viable solventar las diferencias comerciales que surjan entre las empresas radicadas en esas naciones en los tribunales de una de ellas. Por tanto, el arbitraje internacional es la opción viable. Como esos tratados son ratificados por el Congreso y priman sobre la legislación nacional, la ley aprobada por nuestro Congreso hace más de dos décadas resulta inaplicable. Lo mismo puede decirse de los contratos firmados con los organismos financieros internacionales. En ninguno de estos casos se somete la solución de las disputas a los tribunales nacionales. Pero digamos que estos son casos extraordinarios y tratemos de entender cómo se han venido tratando los casos que podríamos llamar “ordinarios”. En particular, resulta muy importante saber cómo nuestro actual gobierno trata esos casos.
Como sabrán las lectoras, al gobierno se le ocurrió recientemente contratar a una firma estadounidense para que le ayude en el manejo de sus relaciones con el gobierno de ese país, y a este efecto contrató a la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP. Es decir, el gobierno ha contratado una firma para que haga, a favor de Honduras y su gobierno, las tareas y gestiones que se conocen en Estados Unidos como “cabildeo”. Afortunadamente el gobierno de Estados Unidos actúa transparentemente en estos casos y el contrato firmado entre nuestro gobierno y la firma asesora es de público conocimiento. Sabemos que quienes asesorarán a nuestro gobierno son los ex embajadores Thomas Shannon y Hugo Llorenz, que el contrato tendrá una duración de siete meses y un costo mensual de noventa mil dólares, o sea un total de 630,000 dólares, más los gastos reembolsables. El contrato dice claramente que los asesores no pueden garantizar el éxito de sus gestiones, así que el gobierno ha sido debidamente informado sobre lo que se puede esperar del trabajo de los asesores. No obstante, conociendo la reputación de los ex embajadores, sabemos que harán lo posible por proteger los intereses de nuestro país.
Habiendo dicho lo anterior, resulta interesante leer la cláusula que se refiere a la solución de las diferencias que puedan surgir durante la prestación de los servicios de los asesores. En ningún lugar se hace referencia a los tribunales nacionales y se pacta el arbitraje internacional en Washington, DC. ¡Increible! ¿Se trata de un gobierno incoherente, o será que la Secretaria de Finanzas le dirá al Secretario de Relaciones Exteriores que no es válido el contrato que recién firmó con los asesores? Simplemente no se entiende este gobierno. Lo que antes era malo ahora es bueno, y viceversa. ¿Cómo podrán los asesores convencer al gobierno de Estados Unidos que tratan con un gobierno serio cuando se da este tipo de situaciones?
El actuar de nuestro gobierno, el histrionismo que despliega, fortalece la posición de quienes nos demandan. ¿Cómo puede recurrir la Secretaria de Finanzas a una ley que procura impedir el arbitraje internacional cuando este mismo gobierno voluntariamente recurre a ese mecanismo? Alegando esto, simplemente haremos el ridículo ante la comunidad internacional. Recordemos que seguramente tendremos que defendernos en varios arbitrajes internacionales. Se sabe que ya enfrentamos múltiples casos, y que en unos pocos meses seremos demandados por EEH. Lamentablemente vendrán otras demandas, especialmente si se percibe que somos incapaces de defendernos apropiadamente.
Es una tristeza lo que nos ocurre y lo que se perfila en el horizonte. Los pocos recursos con que contamos, y que necesitamos para salud, educación e infraestructura, tendrán que destinarse a pagar millonarias demandas. Sabemos que algunas demandas se deben a decisiones tomadas por otra Administración, pero muchas son el resultado de medidas adoptadas por esta Administración. No todo puede atribuirse a otros. De cualquier manera, le toca a esta Administración hacer frente a la tormenta de demandas que se avecina. Que Dios nos proteja porque, lamentablemente, todo parece indicar que no estamos preparados para enfrentar la crisis que se avecina.
