Tegucigalpa – En los últimos meses, Estados Unidos no se ha cansado de enviar mensajes claros y directos a los esfuerzos del gobierno de Honduras en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, particularmente el narcotráfico y las extradiciones de algunos cabecillas de importantes plazas locales de transportistas de droga.
A fines de año, Tegucigalpa se convirtió en una plaza muy visitada por personeros de Washington en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad. Mientras se extraditaba a los hermanos Valle Valle, en paralelo gente del buró de la seguridad estadounidense en el hemisferio occidental delineaba con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad las nuevas estrategias antidroga.
Las autoridades estadounidenses han alabado la labor del gobierno hondureño en cuanto a la lucha contra la narcoactividad, un fenómeno que Honduras parece reunir todas las características de este ciclo en mayor o menor intensidad: tráfico, comercialización, procesamiento y consumo.
El ojo de Washington sobre el narcotráfico en este país centroamericano se volvió más inquisitivo hace tres años cuando comenzó a designar a las primeras personas y grupos en su lista de gente asociadas a la narcoactividad. Poco a poco salieron los primeros nombres y asociaciones criminales que sorprendieron a la sociedad, no porque fueran desconocidos, sino porque advertían que Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir dilatando el problema en Honduras y había encontrado instancias estatales con decisión.
Una satisfacción en ascenso
Tras las primeras capturas, incautaciones y extradiciones, la complacencia ha ido en ascenso y sus funcionarios a nivel del buró del Departamento de Estado y la diplomacia acreditada en Tegucigalpa, no escatiman esfuerzos en destacar estos pasos importantes que pueden contribuir a seguir afianzando las estrategias nacionales y regionales que se impulsan en esta materia en un afán por disminuir también los niveles de violencia e inseguridad en los países en donde los barones de la droga han querido instalar su reino.
Pero otro hecho en donde también Estados Unidos parece estar cerrando filas para acompañar a de Honduras y su gobierno, es en lo que concierne a la lucha contra la corrupción, otro de los grandes flagelos que azota a esta nación centroamericana.
El más reciente comunicado del Departamento de Justicia, anunciando que la fiscal general adjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia, Leslie R. Caldwell, junto a otros personeros, interpuso una demanda civil de confiscación de bienes en contra del ex director del Seguro Social, Mario Zelaya, es quizá otro de los anuncios más importantes en este caso, en un claro mensaje que Washington no está jugando.
No a los delincuentes
La demanda es por un valor de 1.5 millones de dólares en la compra de nueve propiedades que se presume se hizo con fondos del presunto desfalco financiero al Instituto Hondureño de Seguridad Social bajo la dirección del médico Mario Zelaya.
Mario Zelaya, dice el comunicado, fue el director del Seguro Social, pero en vez de construir una red de seguridad social para sus ciudadanos, presuntamente usó su posición de cargo público para robar dinero público para sí mismo.
“Los criminales no deben equivocarse: los Estados Unidos no es un refugio para el producto de sus delitos. Si esconden o invierten su dinero robado aquí, nosotros usaremos todas nuestras herramientas legales que tenemos para encontrarlos e incautarlo”, señala claramente el comunicado estadounidense.
Agrega que seguirán trabajando con sus socios internacionales para que ese país de Norteamérica no siga siendo utilizado como un refugio para funcionarios corruptos extranjeros para ocultar sus activos”. Las autoridades presumen que Mario Zelaya junto a su hermano, Carlos Alberto Zelaya Rojas, usaron ese dinero mal habido para lavarlo en la compra de bienes en Nueva Orleans.
Posteriormente, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, James Nealon, fue claro en su cuenta de Twitter que su país no será refugio de delincuentes.
Las autoridades hondureñas, especialmente la fiscalía contra la corrupción, ahora de la Transparencia y combate contra la Corrupción, reaccionaron satisfechos por la noticia, aunque es probable que si resulta la incautación de esos bienes, los mismos pasen a la égida del Estado estadounidense.
El mensaje de Estados Unidos se produjo justo cuando los fiscales anunciaban que la ex modelo, Ilsa Vanessa Molina, capturada en Estados Unidos cuando pretendía ingresar ilegalmente a ese país, había solicitado asilo político aduciendo la nacionalidad de su hija.
Ilsa Vanesa Molina es considerada una pieza clave para saber cómo se movía la red que habría saqueado las arcas del Seguro Social, aunque ella alega inocencia y dice que tiene cómo probar su participación en la venta de insumos a ese centro asistencial.
Valoran transparencia fiscal
El fiscal del caso, Roberto Ramírez Aldana, dijo que con la petición de asilo político de la ex modelo, su deportación será peleada tanto por la defensa como por quienes le acusan. La Fiscalía confía en que Washington declare improcedente esa petición de asilo y que se deportación al país se produzca en breve para seguir con los juicios en curso en torno a uno de los escándalos de presunta corrupción más sonados en la historia hondureña de las últimas dos décadas.
En la lucha contra la corrupción, Estados Unidos valoró también en otro reporte a Honduras como una de las naciones que cumple con algunos requisitos en materia de transparencia fiscal. Ello para Honduras es otro avance justo cuando acaba de suscribir un acuerdo monitoreado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitirá acceder a recursos frescos para dinamizar su economía.
Honduras parece haber encontrado en Washington un aliado estratégico en dos temas de interés mutuo de combate: la corrupción y la narcoactividad y el crimen organizado. Son señales alentadoras, en el marco de la llamada política hondureña de responsabilidad compartida, pero diferenciada.
